Oficina de Coordinación y Calidad Normativa

Elementos básicos de la Calidad Normativa

«La regulación inteligente implica un marco jurídico de calidad, que permite el cumplimiento de un objetivo regulatorio a la vez que ofrece los incentivos adecuados para dinamizar la actividad económica, permite simplificar procesos y reducir cargas administrativas. Para ello, resulta esencial un adecuado análisis de impacto de las normas de forma continua, tanto ex ante como ex post, así como la participación de los ciudadanos, empresas y otras partes interesadas en los procesos de elaboración normativa, a fin de asegurar que la regulación se encuentre al servicio del interés público y esté informada de las necesidades legítimas de aquéllos a quienes concierne y afecta» (preámbulo del Real Decreto 1081/2017, de 29 de diciembre por el que se establece el régimen de funcionamiento de la OCCN).

Plan Anual Normativo (PAN)

El PAN de la Administración General del Estado está constituido por las iniciativas legislativas o reglamentarias que los distintos departamentos ministeriales prevean elevar cada año natural al Consejo de Ministros para su aprobación.

Mediante este instrumento de planificación se pretende asegurar la congruencia de todas las iniciativas que se tramiten y de evitar sucesivas modificaciones del régimen legal aplicable a un determinado sector o área de actividad en un corto espacio de tiempo.

El PAN deberá identificar las normas que deban someterse a un análisis sobre los resultados de su aplicación.

Memoria del Análisis de Impacto Normativo (MAIN)

La finalidad de la MAIN es garantizar que, en los procesos normativos, quienes han de elaborar y aprobar un proyecto de disposición, cuenten con la información necesaria que les permita estimar qué impacto tendrá en los ciudadanos y los medios que se necesitarán para poder aplicarla.

La MAIN contiene la motivación de la necesidad y oportunidad de la norma proyectada, una valoración de las distintas alternativas existentes que han de tenerse en cuenta antes de tomar una decisión, un análisis detallado de las consecuencias económicas y jurídicas, especialmente sobre la competencia, que se derivarán de su aplicación, así como su incidencia desde el punto de vista presupuestario, de impacto de género, y en el orden constitucional de distribución de competencias.

Reducción de cargas administrativas

Carga administrativa es toda actividad de naturaleza administrativa que debe llevar a cabo una empresa o un ciudadano para cumplir con las obligaciones de información derivadas de la normativa. La reducción de cargas se proyecta básicamente sobre los procedimientos administrativos, con el objetivo de que estos sean más sencillos para el ciudadano.

Inventario Normativo

Su objetivo fundamental es ofrecer una información fiable y fácilmente accesible que permita a la ciudadanía el conocimiento rápido y comprensible de la normativa vigente.

En España, la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (AEBOE), adscrita al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, es el organismo público encargado, entre otras funciones, de «la publicación, en cualquier soporte, de repertorios, compilaciones, textos legales y separatas de las disposiciones de especial interés, así como la permanente actualización y consolidación de lo publicado».

En el ámbito europeo, en el año 2012, se adoptó una iniciativa de interoperabilidad específica en el ámbito de la información legislativa, mediante unas conclusiones del Consejo (2012/C 325/02) en las que se invitaba a los Estados miembros a adoptar un estándar de identificación y descripción de las normas denominado European Law Identifier (ELI) cuyo objeto es facilitar el acceso, el intercambio y la interconexión de la información jurídica nacional, europea y mundial, para poner en marcha una verdadera red de información legal, disponible como conjunto de datos abiertos y susceptibles de reutilización.

En nuestro país, la AEBOE ha comenzado a aplicar el ELI en diciembre de 2018, y ya se cuenta con más de 75.000 normas identificadas y descritas con arreglo al estándar europeo.

Directrices de Técnica Normativa

Con ellas se pretende lograr un mayor grado de acercamiento al principio constitucional de seguridad jurídica, mediante la mejora de la calidad técnica y lingüística de todas las normas de origen gubernamental con la homogeneización y normalización de los textos de las disposiciones.

Se trata de una herramienta que permite elaborar las disposiciones con una sistemática homogénea y ayuda a utilizar un lenguaje correcto de modo que puedan ser mejor comprendidas por los ciudadanos.

Acuerdo del Consejo de Ministros, de 22 de julio de 2005, por el que se aprueban las Directrices de técnica normativa.