Creo que hoy, además de un adecuado marco constitucional y de unas libertades arraigadas en nuestra sociedad, contamos para su fundamentación con un funcionamiento regular de las Instituciones. Hoy las Instituciones que conforman ese Estado Social y Democrático de Derecho que proclama la Constitución, sea el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas o el Consejo de Estado, están funcionando con notable rendimiento. España ha dado así un paso fundamental en el asentamiento de la democracia
Excelentísimos e ilustrísimos señores,
Señoras y señores:
Cuando van a cumplirse los tres años desde mi primera comparecencia ante este alto órgano consultivo, me cabe nuevamente el honor de asistir a un acto de la misma trascendencia de aquél; el relevo en su Presidencia.
En aquella ocasión cesaba como Presidente, a petición propia, don Antonio Jiménez Blanco, y le sustituía el Presidente hoy saliente, don Antonio Hernández Gil, uno de nuestros más eminentes juristas, cuya impresionante trayectoria profesional y humana es innecesario recordar por ser sobradamente conocida, y de quien tan sólo diré que caben esperar grandes obras en su nueva responsabilidad como Presidente del Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, en la tarea de adaptación de la Administración de Justicia al ambicioso proyecto contenido en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
En aquella primera comparecencia ante este Organo, tras la toma de posesión del Gobierno Socialista, manifesté la firme voluntad del Gobierno por culminar el complejo desarrollo normativo de la Constitución, indispensable para ajustar el ordenamiento jurídico a los principios inspiradores de nuestra suprema Norma. Hoy creo poder afirmar, con legítima satisfacción, que en este plazo de tiempo se ha realizado un esfuerzo sin precedentes en el campo del desarrollo normativo impuesto por el ordenamiento constitucional adecuando los derechos y libertades de los ciudadanos a las previsiones de la Norma Fundamental. Este esfuerzo se ha plasmado, tanto en las Leyes promulgadas, como en los proyectos que, en la actualidad, se encuentran en tramitación parlamentaria, y en el desarrollo reglamentario de las leyes.
Creo que hoy, además de un adecuado marco constitucional y de unas libertades arraigadas en nuestra sociedad, contamos para su fundamentación con un funcionamiento regular de las Instituciones. Hoy las Instituciones que conforman ese Estado Social y Democrático de Derecho que proclama la Constitución, sea el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas o el Consejo de Estado, están funcionando con notable rendimiento. España ha dado así un paso fundamental en el asentamiento de la democracia.
No obstante, estimo que no podemos caer en auto-complacencias. El ordenamiento jurídico español tiene ante sí el inmediato desafío que supone la ya inminente integración en la Comunidad Europea, cuyo derecho supranacional será de aplicación inmediata en nuestro país, lo que comporta el adecuado instrumento de adaptación de nuestras normas al nuevo sistema jurídico de esta Institución para afrontar el proceso de adaptación expuesto. En este importante trabajo, el Consejo de Estado será elemento fundamental.
Y el Consejo de Estado, como supremo órgano consultivo del Gobierno, deberá abrir vías imaginativas para dar solución a los problemas que van a plantearse en un futuro inmediato, constituyéndose en un importante instrumento en la definición del Estado y de sus relaciones con otros poderes públicos, muy singularmente en el campo de la consolidación de la nueva estructura autonómica del Estado dibujada en la Constitución de 1978.
De todos es conocida la comprobada profesionalidad y altura científica de Consejeros y letrados cuyo fruto puede verse en el balance, netamente positivo, de los cinco años de aplicación de la Ley reguladora de esta Institución. Por ello el Gobierno debe verse asistido en sus preocupaciones a través de soluciones operativas para su labor. Nadie sabe mejor que los juristas las dificultades, pero al mismo tiempo las posibilidades, de instrumentar una acción de Gobierno que pretende poner al día sectores del ordenamiento que permanecían intocados desde hace casi un siglo.
La fortuna de las Instituciones estriba en contar para cada etapa con el hombre idóneo que las impulse y lleve a su seno la corriente histórica de su tiempo.
Por ello considero que el Consejo de Estado está hoy de enhorabuena al contar como Presidente con un hombre que pese a su juventud posee una dilatada experiencia en los asuntos jurídicos y de Gobierno y que ha demostrado, por la índole de sus actividades y preocupaciones, estar en una posición que le permite abordar los problemas de nuestra sociedad desde la perspectiva de la libertad y de la democracia.
Tanto si repasamos su trayectoria como profesional de la abogacía, como su actividad universitaria, se nos muestran los aspectos fundamentales de sus inquietudes: Los derechos fundamentales, las libertades públicas, los medios de comunicación de masas, y la composición territorial del modelo de Estado en nuestra Constitución.
Cuenta este Alto Organo Consultivo con un Presidente que ante el Tribunal de Orden Público defendió la libertad de expresión de los medios periodísticos como el diario «Madrid», «Signo», «Ciervo», «Cuadernos para el Diálogo» o «Mundo Social», con un presidente que acudió a la Argentina de 1976 conmocionada por el «golpe» de Estado, para rendir informe, en el seno de la Federación Internacional de Juristas demócratas, acerca de las violaciones de derechos humanos y sobre los desaparecidos.
En este acto quiero manifestar, finalmente, la satisfacción y el agradecimiento con el que este Gobierno contempla la labor desarrollada por su más Alto Organismo Consultivo prestando su asesoramiento jurídico-administrativo.
Dentro del Estado de Derecho en que nuestro texto constitucional enmarca la acción de los poderes públicos, la tarea reservada al Consejo de Estado cobra un papel destacado entre los órganos de relevancia constitucional. El Gobierno confía plenamente en el desarrollo de su función consultiva y otorga a sus decisiones el valor propio de la opinión objetiva e independiente.
Un acto más de la confianza que el Gobierno deposita en el Consejo de Estado es haber atendido la petición de concesión de la gran Cruz de San Raimundo de Peñafort a don Federico Rodríguez y Rodríguez, Secretario general del Consejo hasta hace pocas fechas.
Felicito, pues, al señor de la Quadra por el altísimo nivel de competencia que va a encontrar en la institución llamado a presidir y al Consejo de Estado por los efectos benéficos que sin duda obtendrá de la labor de su nuevo Presidente.
Se levanta la sesión.
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