El Gobierno ante el Parlamento
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2. DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO EN EL PLENO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

23 de octubre de 1984

Señor Presidente, señorías, me complace abrir ante la Cámara el segundo debate sobre la situación general de España, de acuerdo con la comunicación ya remitida por el Gobierno y de acuerdo también con una iniciativa del Gobierno, que espero se irá convirtiendo en una costumbre útil para todos, para la Cámara, para los ciudadanos y para el propio Gobierno.

El debate que abordamos hoy, como ya decíamos el pasado año, no se refiere a temas concretos que puedan ser objeto de la multitud de comparecencias que, a iniciativa propia o a petición de sus señorías, han hecho los distintos miembros del Gobierno. El debate es un debate sobre la situación general de España, complementario de los anteriores, un debate en el que no se pretende hurtar ningún tema, pero tampoco se pretende concretar cada uno de ellos, porque si no, el análisis de la perspectiva global de la situación general se haría imposible para todos.

La pregunta sobre la que probablemente se bastaría cualquier análisis de la situación general debería ser, a las alturas de casi la mitad de la legislatura emprendida por este Gobierno: ¿la situación de España es mejor que en 1982?

De la respuesta a esta pregunta dependerá el resultado del balance que, aunque sea escaso el período comprendido todavía entre diciembre de 1982 y octubre de 1984, ya, sin embargo, permite irse haciendo, sobre la base de los propósitos fundamentales del Gobierno, propósitos de modernización, propósitos de profundización en la justicia, en la libertad, en la solidaridad entre todos los españoles.

Estoy convencido, señorías, de que la situación general de España está mejorando; está mejorando prácticamente en todos los frentes de análisis. Pero inmediatamente quiero decir que no se debe deducir de esas palabras ninguna perspectiva ni ninguna autosatisfacción calificable de triunfalista. Está mejorando, pero comprendo que no tanto como desearíamos que mejorase y como desearían muchos de los que depositan su confianza en la acción del Gobierno, porque hay una serie de problemas que superan la propia capacidad de acción, no dependen de la capacidad de acción del Gobierno, y porque hay resistencias más fuertes a veces de las que uno esperaría encontrar. Y, finalmente, ¿por qué no decirlo?, porque también se cometen errores que es necesario ir corrigiendo para seguir caminando en esa dirección de modernización y progreso de España.

Pero con todo, si hago un repaso sobre los diferentes problemas de la Nación española, un repaso, o pormenorizado o en líneas generales, podría llegar a la conclusión de que, efectivamente, se están dando pasos adelante en ese propósito que el Gobierno se había planteado desde su llegada a la responsabilidad del poder en diciembre de 1982.

Por ejemplo, si contemplo el desarrollo de los problemas educativos, y paro mi mirada en la Universidad, debo decirles que la Ley de Reforma Universitaria está en marcha; que es una Ley por la que se había trabajado durante años, sin conseguir su puesta en funcionamiento; que es una Ley que da autonomía a la Universidad, que la incardina en la sociedad.

que pretende modernizar y hacer más eficaces sus métodos de trabajo. Esa Ley ha producido la elección de los rectores y una serie de efectos y, por consiguiente, es algo que se ha puesto en marcha en la sociedad española y que se sentía como una carencia fundamental.

Pero si sigo contemplando la Universidad, a pesar -y lo tendré que decir muchas veces-de la profundidad de la crisis económica y de la limitación que padecemos, debo manifestarles a sus señorías, que el presupuesto para la Universidad se ha aumentado desde el año 1982 hasta 1984 en más del 50 por 100.

Y si sigo contemplando el panorama de la enseñanza, la LODE ha intentado cumplir el mandato constitucional, y no profundizaré mucho en ella por respeto a la decisión del Tribunal Constitucional, pero ha intentado cumplir el mandato constitucional de democratizar la enseñanza, de hacer participar a padres, a alumnos y a profesores, y de concertar, de acordar, el sistema educativo, tanto en el sector público como en el sector privado. Pero el esfuerzo educativo se podría cifrar también en casi 20.000 profesores más de las enseñanzas no universitarias y en la creación de 734.000 plazas escolares más.

Pero hay un tema de particular sensibilidad para la opinión pública y para la Cámara: el tratamiento a la enseñanza privada por el parámetro que más justamente mide la preocupación que se pueda tener para dotar a la enseñanza, en su conjunto, privada o pública, de los medios suficientes de subsistencia. Siempre se me dirá que hay pocos medios o que no son suficientes; pero quiero que sepan sus señorías que en los dos años de mandato de Gobierno la subvención a la enseñanza privada ha crecido el 36,5 por 100; un 36,5 por 100, por consiguiente, más que la situación que existía en 1982. Si lo quieren en cifras más precisas, se ha pasado de 78.000 millones de pesetas en 1982, a 107.000 millones en 1984.

Naturalmente, todos recordarán que cuando se hacía la campaña electoral, algunas voces sonaban diciendo que la escuela privada, si había un Gobierno socialista, desaparecería, dejaría de ser ayudada.

Se puede admitir que haya discusión sobre los desarrollos legislativos, pero difícilmente se puede admitir que haya discusión sobre el esfuerzo de este Gobierno por garantizar, por la vía económica, la pervivencia de las escuelas privadas o de la enseñanza privada en todos sus niveles obligatorios. Y, naturalmente, para que los ciudadanos tengan un punto de referencia preciso, también habría que recordar que hace doce años no había ningún tipo de ayuda a la escuela privada.

En el terreno de la cultura, que podría ser otro foco de nuestra atención, este Gobierno se ha empeñado en apoyar esa explosión de demanda cultural que existía en la sociedad, y ha acometido una serie de reformas legales que permitían, entre otras cosas, por ejemplo, ordenar un tema tan importante como el del cine, o bien modificar una legislación obsoleta sobre el patrimonio artístico e histórico, con una nueva Ley del Patrimonio, o bien liquidar un problema que se reclamaba permanentemente por los medios de comunicación, y por los ciudadanos -se decía-, como era el problema de la prensa del Movimiento, y liquidarlo defendiendo, hasta la medida de lo posible, los intereses de los trabajadores que formaban parte de ese sector de prensa, y también los intereses generales del Estado.

Pero si además sigo repasando los problemas de la Sanidad, por ejemplo, en este momento hay en curso un proceso de negociación para la reforma institucional de la Sanidad y, entre tanto, se intenta mejorar los niveles sanitarios. Permítanme también aquí algunas cifras que siempre aparecen, cuando no se dan, como carencia, y cuando se dan, como abrumadoras: de 32.500.000 ciudadanos españoles asistidos en 1982, se está pasando a una cifra de casi 36.000.000, de tal manera que la universalización de la asistencia sanitaria es una meta muy próxima ya. Y a eso añadiría que no sólo no ha aumentado el gasto sanitario por persona -que se ha contenido-, sino que incluso se ha logrado reducir ese gasto sanitario por persona.

El Gobierno también ha prestado atención a los consumidores, a través de la Ley que protege sus derechos, por primera vez, y a través del desarrollo de las reglamentaciones técnico-sanitarias. En el momento de nuestra llegada al Gobierno, sólo la cuarta parte de esas reglamentaciones se había desarrollado. En la actualidad, la práctica totalidad de las reglamentaciones técnico-sanitarias están ya en funcionamiento.

Naturalmente, a veces resulta incluso chocante oír hablar de estos problemas, pequeños o grandes problemas, que afectan a la vida de los ciudadanos, que cambia su condición y su calidad de vida, cuando pueden llegar a ver cuál es el período en el que se puede utilizar un producto, cuál es su caducidad, en cuanto a fecha, o cuál es su período de mayor utilización.

Y en la Seguridad Social se está haciendo un doble esfuerzo, el esfuerzo por contener y sanear la Seguridad Social, luchando contra la morosidad en los pagos y contra el fraude en las prestaciones. Ai mismo tiempo, se ha abierto un campo de diálogo y de negociación para reformar el sistema en su conjunto.

Yo les aseguro que garantizaremos -para que no haya dudas sobre esto- el nivel de pensiones de todos los pensionistas que existen actualmente en el sistema de la Seguridad Social.

Y como eso, podría decirles que en Obras Públicas se han emprendido planes que abarcan 120.000 millones de pesetas en 1984 y 1985, para carreteras; de construcciones hidráulicas, que nos permitirán poner en regadío 400.000 hectáreas más; en definitiva, de desarrollo de todo un proyecto que puede mejorar la infraestructura viaria, que puede mejorar la condición general de la situación de España.

En la agricultura, este año, sin duda acompañado, después de mucho tiempo, por una buena climatología, sin duda acompañado por eso, y por un proceso de racionalización y de mejora de estructuras y de estímulo a la agricultura, de estímulo en las producciones que necesitamos, y, naturalmente, de racionalización de las que no necesitamos, porque son excedentarias, la producción final agraria este año será un 7,8 por 100 superior a la anterior, en pesetas constantes, y se habrán reducido en un 20 por 100 las necesidades de importación agrícola; se habrán aumentado en un 20 por 100 las exportaciones y estabilizado las importaciones. Por consiguiente, estaremos muy cerca de esa mejora sustancial de nuestra balanza comercial en materia agrícola.

En materia de pesca, tema que muchas veces surge en la opinión pública y en esta Cámara, tema que muchas veces es objeto de análisis que no son ajustados en la realidad, en los siete primeros meses de este año la pesca se incrementó, en cuanto a las capturas, en 28.000 toneladas respecto del año anterior, y el importe que supone ese incremento es de 17.000 millones de pesetas. El déficit comercial en materia de pesca se reducirá este año un 50 por 100.

Pero, además, podría llegar también a otras materias de alta sensibilidad, y que sería necesario probablemente desarrollar con mayor precisión y alcance; por ejemplo, en materia de defensa: el esfuerzo de adecuación de la estructura de los órganos superiores de la Defensa nacional, para modernizarlos y para acercarlos a lo que son las pautas de comportamiento de todas las democracias europeas; la puesta en marcha del Plan META, con criterios objetivos, de nueva redistribución territorial y operativa de nuestras Fuerzas; la Ley de Plantillas y la Ley del Servicio Militar que está haciendo posible exactamente adecuar todo lo que son las necesidades humanas a las necesidades de la Defensa, intentando atenuar lo que pudieran ser elementos negativos de ese proceso de transformación emprendido.

Pero, además, en materia de Defensa se ha procedido a una diversificación profunda de la compra de armamentos, con una exigencia de transferencia tecnológica y con una protección clara de la industria nacional.

En materia de Defensa, como saben sus señorías, se ha puesto en marcha la reforma del Código Penal Militar y del régimen disciplinario, que no son, ni más ni menos, que el cumplimiento de mandatos constitucionales, que llevarán la jurisdicción castrense a su ámbito estricto para corregir las situaciones anteriores.

Pero finalmente, no acaba ahí lo que se ha hecho. Por sólo citar los grandes rasgos, la Ley de Retribuciones intenta acabar con una injusticia relativa, planteada por el desequilibrio entre las retribuciones de los funcionarios civiles y las de los funcionarios militares.

Como les decía, señorías, éstas son pequeñas, o, si quieren, grandes cosas -depende de la valoración de cada cual-, que van cambiando la vida diaria de nuestra Nación, que van tendiendo hacia ese proceso de modernización y de mejora de la situación de España.

Pero me van a permitir que sea un poco más explícito en el terreno de las libertades. Domina en mi intervención una preocupación sustancial. La Constitución Española tiene un mandato que, en este sentido, difícilmente se puede calificar de otra manera más que de un mandato progresista. En otras áreas se podría admitir una interpretación de una o de otra naturaleza, pero el mandato constitucional -probablemente porque estábamos todos urgidos por la salida de un largo período de carencia de libertades- se orienta hacia la protección y hacia la garantía de las libertades, con todos los instrumentos jurídicos que el Estado de derecho, en cualquiera de las naciones europeas, ha puesto a disposición de los ciudadanos.

Cuando se enjuicia el sistema de libertades se pueden cometer algunos errores, y eso, que es lo que decía antes, me produce preocupación. El sistema de libertades consiste, fundamentalmente, como ustedes saben, en el desarrollo de unas normas, en las cuales se recojan los derechos individuales, los derechos públicos, de los ciudadanos españoles. Pero, además de esas normas, en que se dote a la sociedad de instrumentos jurídicos que permitan, no sólo el reconocimiento del derecho, sino la garantía de la defensa de esos derechos; y en el funcionamiento del sistema, si llegamos a enjuiciar que tanto el reconocimiento de los derechos como la garantía y la protección de los derechos están bien articulados, y se ha hecho un esfuerzo complementario de lo que ya se venía haciendo, pero con una dimensión en el tiempo mucho mayor, cualquier fallo del sistema -y fallos habrá aquí y habrá fuera- no puede permitir que se cuestione el conjunto del sistema. Eso señorías, es el grave riesgo de intentar darle la razón a grupos minoritarios que bordean la Constitución y que luchan contra ella para liquidarla y acabar con el sistema de libertades.

Por consiguiente, si hay fallos en el sistema, ahí están también los mecanismos para corregirlos. Entre todos tenemos la obligación -el Gobierno él primero- de dotar de medios para que no haya ningún ciudadano que se sienta desprotegido. Pero a todos querría transmitirles esa preocupación: no se cuestione el sistema porque haya un fallo, ó tres o cinco, porque entonces estarían cuestionadas todas las democracias occidentales.

No podemos hacer creer a un cierto número de ciudadanos que nuestro sistema de libertades es un sistema de libertades escaso o un sistema de libertades corto, porque, como intentaré demostrar a sus señorías, tanto desde el punto de vista legal, como desde el punto de vista de las instituciones de protección, el sistema de libertades de que hoy goza el pueblo español es comparable a cualquiera de los sistemas de libertades de los países europeos, y, si me lo permiten, en algunos casos, superior, en cuanto que sistema.

Efectivamente, el mandato constitucional en esto ya fue emprendido por los Gobiernos anteriores, en una tarea de desarrollo de ese esquema constitucional. Este Gobierno lo que ha hecho es profundizarlo y desarrollarlo, en el espacio de tiempo en el que ha podido ejercer su tarea como Gobierno. Y se ha profundizado en el desarrollo legislativo, y les citaré temas que conocen de sobra sus señorías, modificando la concepción de la libertad provisional y modificando, de manera urgente, el Código Penal. Y modificando esa concepción de manera tal que la libertad provisional o la prisión provisional lo que garantice sea la presencia de una persona procesada en el momento del juicio, y en la hipótesis de la existencia de una sentencia condenatoria, que garantice también la posibilidad del cumplimiento de la sentencia. Esa es la intencionalidad de la ley y, por consiguiente, de la propia Constitución y, por tanto, la regulación de ese derecho de las personas es una protección de las libertades y de los derechos individuales, imprescindible.

Pero también se ha regulado el derecho de manifestación y de reunión, de una manera abierta, no me atrevería a decir generosa cuando se trata de un derecho de los ciudadanos, pero, desde luego, desconocida desde siempre, en cualquiera de las épocas de nuestro sistema jurídico.

Se ha regulado la asistencia letrada al detenido y al preso, al mismo nivel que está en los países que la recogen; hay otros muchos países democráticos que todavía no tienen esa institución. Se ha regulado el «habeas corpus» para evitar cualquier tipo de detención ilegal, acumulando dos instituciones que difícilmente se hacen compatibles en cualquier sistema democrático. Pero, además, se han ejercido acciones como la devolución al juez natural de todos los delitos de prensa e imprenta, sacándolos de la Audiencia Nacional, o ampliando el plazo, que también se hizo durante este mandato, para acogerse a la amnistía del 77. Son muchas más las acciones emprendidas. Se reguló el derecho a la propia imagen, y el derecho de rectificación, que fortalece la libertad de expresión, y también se ha regulado la iniciativa legislativa popular.

Permítanme que les recuerde que el derecho de asilo y la condición de refugiado ha merecido el calificativo, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, de ley modelo para los demás países democráticos del mundo. Por consiguiente, no podría decir otra cosa más que la que un organismo especializado, justamente en materia de refugiados, afirma de la Ley puesta en marcha durante la gestión de este Gobierno.

Además se tocó un tema que afecta a la libertad religiosa y a la libertad de conciencia, y que exigía desde hace mucho tiempo su puesta en marcha, su reconocimiento legal; me refiero a la objeción de conciencia. Y quedan algunas en tramitación, algunas importantes como la propia ley del régimen electoral general, ya presentada en la Cámara, o la de extradición pasiva.

Pero no sólo se ha hecho un esfuerzo legislativo interno. Como saben ustedes, se han suscrito tratados y convenios internacionales en materia de protección de los derechos humanos, de tal manera, señorías, que no sólo es el desarrollo de nuesta legislación específica, sino la incorporación a nuestra legislación de los mecanismos de defensa de los derechos y de las libertades en el ámbito territorial europeo, en un proceso que algunos países de Europa han tardado años en realizar, y en España se ha realizado en el corto espacio de cinco años esa adecuación al sistema europeo de libertades.

Pues bien, señores, a partir de este razonamiento es como podemos enjuiciar realmente si existen, desde el punto de vista normativo, suficientes garantías para las libertades y los derechos de los ciudadanos. Pero faltaría la otra parte de la reflexión: ¿Se está haciendo el esfuerzo necesario para que los instrumentos de que disponen los ciudadanos les permitan corregir cualquier vulneración en esos derechos y en esas libertades?

El Gobierno, después de que en el período anterior se había ya realizado la Ley que regulaba una figura de una importancia considerable, como la del Defensor del Pueblo, al comienzo de su mandato ha puesto en marcha esa figura. Y esa figura, que empieza a dar sus frutos -los conocen perfectamente sus señorías-, ha presentado una Memoria completa ante la Cámara, y el Gobierno dará respuesta a esa Memoria aceptando la inmensa mayoría de las sugerencias que plantea en lo que se refiere a la defensa de los ciudadanos frente a los problemas que se puedan plantear en el normal funcionamiento de la Administración pública.

Pero no es ni siquiera éste el problema básico. El problema básico es saber si la justicia está recibiendo el apoyo, la ayuda necesaria, para poder ofrecer a los ciudadanos instrumentos de defensa frente a cualquier vulneración de las libertades reconocidas ya legalmente.

El Consejo General del Poder Judicial, en la Memoria del año 1983, ya reconoció el esfuerzo que había realizado este Gobierno. Pero, además, lo hizo también el propio Presidente del Consejo en algunas comparecencias parlamentarias. Permítanme recordarles aquí también algunas cifras.

El incremento presupuestario entre 1982 y 1984, para apoyar a la Administración de Justicia, ha sido el más alto conocido nunca. Se ha pasado a un incremento del 51,2 por 100 en dos años. Eso, naturalmente, podría desglosarlo en multitud de acciones: 173 Juzgados puestos en marcha. Por consiguiente, un esfuerzo que quintuplica lo que se había hecho antes. Y se han acometido y realizado el 90 por 100 de las inversiones previstas por el Consejo para construcciones y reparaciones. Naturalmente, eso ha producido sus efectos en el incremento de la plantilla de Jueces, en el incremento de la plantilla de Fiscales, de Secretarios o de Auxiliares.

En materia de libertades, la protección se complementaría desde el ámbito de la actuación de las Fuerzas de Orden Público. Los criterios sobre los que opera este Gobierno, en relación con las Fuerzas de Orden Público, son los siguientes: exigencia de profesionalidad, con la necesidad que existe de una formación permanente y de una adaptación a situaciones nuevas; exigencia de profesionalidad y, al mismo tiempo, claro respaldo a una labor vital para el mantenimiento de la libertad y de la seguridad. Por consiguiente, cuando se produce algún fallo en el funcionamiento del sistema, referido a las Fuerzas de Seguridad, ese fallo tiene ya los mecanismos de corrección, y a esos mecanismos tenemos que atenernos todos.

El esfuerzo de las Fuerzas de Orden Público o de Seguridad por mantener un clima de libertades tiene, sin embargo, que ser reconocido. Ahí también ha aportado el Gobierno todos los medios necesarios, dentro de las limitaciones económicas, para mejorar su infraestructura y su dotación de medios. Pero se ha ido más lejos. También, en este caso, se trata de adaptar su sistema retributivo al sistema retributivo de los funcionarios del resto de la Administración, porque estaban en una situación de discriminación que no nos parecía justa.

En el capítulo de la libertad hay que hacer una referencia inexcusable, en el desarrollo de estos años, a las actuaciones gubernamentales en relación con lo que podríamos considerar genéricamente los enemigos de la libertad.

Convendrán sus señorías conmigo en que algunos pocos que existían, que o no creían o no querían que el pueblo español pudiera gobernarse a sí mismo, democrática y soberanamente, no constituyen hoy una preocupación generalizada en la sociedad. Las tensiones, por consiguiente, hacia la vuelta atrás están desapareciendo en la sociedad española, afortunadamente, bien por la acción del Gobierno o bien por el convencimiento de que se está caminando firmemente, desde el punto de vista de la protección de los intereses nacionales.

Pero los enemigos de la libertad no sólo se sitúan en ese plano. Ha habido ataques a la libertad desde la violencia terrorista. Y frente al terrorismo, el Gobierno ha emprendido acciones firmes, desde el punto de vista interno, desde el punto de vista del control y de la persecución de los delitos cometidos por las bandas terroristas, y desde el punto de vista internacional; a veces, con algunas zonas de incomprensión, por calificarlas levemente, dignas, en cuanto a esfuerzos, de una causa más noble para defender nuestros intereses. No se ha comprendido en algunos sectores la amenaza que supone el terrorismo para las libertades, la amenaza que supone el terrorismo para el funcionamiento del sistema. Y debo decirles, señorías, sin poner demasiado énfasis, que hoy podemos manifestar que empezamos a controlar el fenómeno del terrorismo. Sin duda alguna pueden seguir, y de hecho siguen aquí y en otras partes, algunas acciones terroristas, pero, tanto desde el punto de vista interno como desde el punto de vista de la cooperación internacional, ha cambiado sustancialmente el panorama. Gobiernos europeos, como el francés, que nunca habían prestado oídos a la petición de extradiciones, a la cooperación en materia de lucha contra el terrorismo, se han puesto en marcha ahora en esa cooperación. Naturalmente es muy distinta la situación de la que se producía en los primeros meses de este esfuerzo, cuando algunas sonrisas escépticas pensaban que nunca se conseguiría que se produjera un cambio en esas relaciones.

Pero es más. Nuestro esfuerzo para crear una conciencia de la necesidad en el ámbito europeo y en el ámbito mundial de lucha contra el terrorismo empieza a dar sus frutos, reuniones de los ministros de Justicia del Consejo de Europa, como la celebrada en Madrid, de la que parte una resolución que pone en marcha en el Consejo de Europa el mecanismo para llegar a un acuerdo europeo para la erradicación del terrorismo, acuerdo que podrá abarcar tanto las materias legales como los instrumentos judiciales, son en parte el fruto de un esfuerzo denodado de este Gobierno por luchar contra ese fenómeno en lo que nos concierne, por apoyar también y ayudar a la comprensión de que el fenómeno del terrorismo tiene una dimensión internacional que es necesario combatir desde un ámbito internacional.

Permítanme que les diga que la línea de conducta del Gobierno en materia de terrorismo seguirá estando fundamentada en dos pautas básicas: seguiremos siendo rigurosos en la persecución de los delitos terroristas. Por consiguiente, seguiremos aumentando nuestra capacidad y nuestra presión -si se quiere entender en esta dirección concreta- contra los que actúan violentamente contra las personas, contra los bienes y contra el Estado democrático; al mismo tiempo, seguiremos teniendo la mano tendida, dentro de los límites que la legislación española permite, para facilitar la reinserción social de aquellos que abandonan la violencia y tratan de incorporarse a la sociedad democrática ejerciendo pacíficamente sus derechos.

Ha sido y sigue siendo preocupación de todos, señorías, el tema de la seguridad ciudadana. Es un tema grave que nos azota igual que azota a otras sociedades. En el tema de la seguridad ciudadana sí hay que ser extraordinariamente prudentes en el manejo de las cifras y en las manifestaciones que se hacen. En cuanto a la inseguridad ciudadana, en el año 1983 el número de delitos creció de una manera cuantitativamente importante. Ahora bien, quiero decirles que las cifras que manejábamos como cifras de crecimiento en el otoño pasado, en el debate sobre el estado de la Nación, eran cifras que por sí mismas hoy aparecen como exageradas.

Llevadas las cosas a su término, la inseguridad ciudadana, que repito es un problema serio que preocupa al Gobierno, no debe, no puede, no es conveniente exagerarlo fuera de sus límites, ya lo he dicho en muchas ocasiones. A partir de ese debate, que es un punto de referencia, se han puesto en marcha planes provinciales de seguridad, se han especializado los Cuerpos de Seguridad en la atención de los problemas de la seguridad ciudadana y ese esfuerzo empieza a dar sus frutos.

Como he dicho que quiero ser prudente en las cifras, no daré las que se avanzan para el primer semestre del año 1984, pero se ha conseguido, cuando menos, una estabilización en el crecimiento de esa delincuencia, de esa inseguridad. Por consiguiente, estamos intentando, y creo que consiguiendo, doblegar ese problema estabilizando su número e intentando mejorar hacia el descenso esas cotas de inseguridad.

La inseguridad ciudadana, señorías -y con esto termino- tiene algunas vertientes que escapan de las puras del control o de la represión. Antes hablaba de eso en algunas de las reformas legales establecidas, pero contra la inseguridad también se lucha intentando superar sectores o segmentos de marginación. Contra la inseguridad ciudadana también se lucha intentando evitar que se creen situaciones de tensión o situaciones de injusticia que sean insoportables o intolerables. Por consiguiente, hay una panoplia amplia de acciones que son algo más que la simple apelación a un sistema, que también es necesario, cada vez más eficaz del control de la delincuencia. Pero querría recordarles que se ha hecho y se está haciendo un esfuerzo especial en algunos campos de la delincuencia que, o son nuevos, o no se habían tocado suficientemente. Me refiero a uno de los que no se han tocado, el campo de la delincuencia que expresa el contrabando.

La acción frente al contrabando ha producido frutos extraordinariamente positivos, tanto desde el punto de vista del control de los delitos cuanto desde el punto de vista de las propias necesidades económicas de España.

Y frente a la droga se está haciendo un esfuerzo, señorías, no sólo con el nombramiento del fiscal general del Estado sino intentando llegar a tiempo, y creo que podemos llegar a tiempo, para evitar que se instalen en España mafias internacionales, que son las responsables verdaderas del tráfico y de la difusión de drogas, que llevan a una parte de la juventud a una situación desesperada.

El esfuerzo autonómico, señorías, será objeto de un debate amplio en el Senado en el mes de febrero próximo. Naturalmente, no podía faltar en este debate hablar sobre la situación de las Autonomías, y me propongo hacerlo aunque no sea con la extensión que creo que se debe dedicar al tema en el debate específico y en la Cámara que, si me lo perdonan sus señorías, a mi juicio es la Cámara en la que se debería de centrar todo el problema de la distribución territorial del poder y, por consiguiente, de la nueva estructura del Estado autonómico.

Las autonomías suponen, lo sabe todo el mundo, una de las transformaciones más radicales que aporta nuestra Constitución y, por consiguiente, uno de los desafíos más complejos que la Constitución Española nos planteaba ante el futuro. A los siete años de la puesta en marcha de ese Estado de las autonomías, yo creo que todos deberíamos reconocer que el grado de cumplimiento de desarrollo es satisfactorio. Lo es desde el punto de vista político, lo es desde el punto de vista económico y lo es, también, desde el punto de vista administrativo. Desde el punto de vista político las Comunidades Autónomas gestionan hoy con órganos de autogobierno elegidos popularmente una gran cantidad de competencias, a las que me referiré después. Políticamente, por consiguiente, la reestructuración del Estado ya se ha producido. Todas y cada una de las Comunidades Autónomas tienen sus órganos básicos de autogobierno elegidos popularmente y, por tanto, políticamente consolidados y en funcionamiento.

Algún Presidente de Comunidad Autónoma recientemente me decía que si creía que estaba funcionando esa Comunidad específica, y yo le puse de manifiesto que, efectivamente, creía que políticamente, administrativamente y económicamente estaba funcionando. Otra cosa es el juicio que cada ciudadano haga de cada autogobierno en la Comunidad, que es un problema que, lógicamente, sólo compete a la propia Comunidad Autónoma y a los ciudadanos. Pero es que administrativamente las Comunidades Autónomas tienen ya bajo su responsabilidad la mayor parte de los servicios que afectan directamente a los ciudadanos de cada uno de los territorios de España. Hay 13 Comunidades Autónomas, señorías, que han pasado en estos dos años de gestionar el cero, el 5 o el 7 por 100 de las competencias a más del 85 por 100 de su techo estatutario. En este caso se encuentra Andalucía, que pasó del 8 a más del 90 por 100; en este caso se encuentra Baleares, que pasó del 5 a más del 85 por 100, y en este caso se encuentra, aunque no corresponda a este período, la propia Comunidad Autónoma catalana, por citar Comunidades Autónomas que se corresponden, digamos, con representaciones políticas de orden distinto, de naturaleza distinta, desde el punto de vista partidario.

Toda esta operación de transformación del Estado, en la parte que corresponde al Gobierno que presido, se trata de hacer con criterios de rigor técnico, ajustándonos también a los criterios que marcan el bloque constitucional, hemos intentado evitar que por problemas políticos de otro orden se entre en discusiones que puedan afectar al funcionamiento capital de la estructura del nuevo Estado. Esto ha provocado a veces que haya contenciosos o litigios que se prolongan, en cuanto a discusión sobre transferencia de algún tipo de competencia, durante cierto tiempo; pero al mismo tiempo también se ha demostrado eficacia con este método del diálogo, de la comprensión, del acercamiento entre las Comunidades Autónomas y sus Gobiernos y el propio Gobierno de la Nación. Pero antes decía, señorías, que en alguna ocasión he oído que el grado de autonomía se mide también por la posibilidad económica de las Comunidades, que es difícil hablar de autonomía política si no se tienen capacidades económicas para desarrollar la autonomía política. Pues bien, señorías, en estos dos años, como saben, se han valorado todos los traspasos y se han puesto en marcha todos los mecanismos fundamentales de la LOFCA.

Quiero que sepan que el volumen actual de los recursos que se asignan a las Comunidades supera el billón de pesetas anual. Esta cifra aislada del conjunto puede indicar poco. Sin embargo, si se contempla la cifra en relación con cualquier Estado descentralizado en cualquiera de sus formulaciones, llegamos a la conclusión de que estamos equiparados desde el punto de vista de la descentralización económica incluso a algunos de los Estados federales, porque esa cifra supone, señorías, el 22,8 por 100 del presupuesto consolidado del Estado y de sus organismos autonómos, naturalmente exclusión hecha de las partidas que nada tienen que ver con el proceso de transferencias.

Para situarnos en un esquema lógico, los Estados federales llegan, a veces, a un óptimo reparto de su capacidad económica, que se sitúa en un entorno del 60 por 100 para el Poder Central y del 40 por 100 para los poderes territoriales, divididos prácticamente por igual entre los federados y los órganos locales o las entidades locales menores. Por consiguiente, señorías, si politicamente, administrativamente y económicamente se está produciendo esta situación, la primera conclusión de conjunto a la que estimo habría que llegar -y esto que digo no excluye naturalmente el que algunos problemas queden por resolveres a que tenemos que empezar a mirar el Estado de las autonomías con una nueva óptica.

El axioma en el que se ha venido funcionando de que cualquier reivindicación autonomista era buena por serlo y cualquier intervención del Estado, cualquier intervención del Gobierno central era mala por naturaleza y era una intromisión en el terreno de las Comunidades Autónomas, es un axioma falso. Permítanme, señorías, que les diga que eso se corresponde con un vicio de concepción que identifica al Gobierno central con el Gobierno centralista autoritario. Por consiguiente, en esa nueva distribución de las tareas del Estado, en esa nueva concepción del reparto de competencias entre distintos niveles del Estado, Gobierno de la Nación y Autonomías, el enfrentamiento empieza a perder todo sentido. A partir de este momento y con este nivel de construcción y de consolidación, lo único operativo es la coordinación; lo único operativo es la complementariedad; en definitiva, la única concepción autonómica razonable que respete el bloque constitucional es aquella que conciba las competencias que se proyectan en servicios sobre los ciudadanos como competencias que se reparten entre el Gobierno central, la propia Comunidad Autónoma y los entes locales menores. Por consiguiente, estamos en ese trípode -y me refiero a menores no en el sentido jurídico de la palabra, Diputaciones y Ayuntamientos, naturalmente- de responsabilidades para la prestación de servicios a los ciudadanos que son complementarios.

Alguna vez he oído decir que la mejor manera de realizar la autonomía -y es a mi juicio una concepción equivocada del Estado de las autonomías- es que cualquier acción que el Gobierno de la Nación tenga que realizar sobre el ámbito territorial de las Comunidades Autónomas la haga siempre a través de los responsables de las Comunidades Autonómas, como si hubiera desaparecido la capacidad de relación entre el ciudadano y el Gobierno de la Nación. Señorías, eso no ocurre ni siquiera en la estructura federal de los Estados. Por consiguiente, es un camino ciego.

Pero es más, los instrumentos de cooperación que han de llevar a las Comunidades Autónomas a plantearse su gestión, su tarea, no sólo como responsabilidad ante los ciudadanos de esa Comunidad Autónoma, sino como responsabilidad ante el conjunto del Estado, esos instrumentos de cooperación, digo, señorías, serán mucho más necesarios, una exigencia ineludible, cuando entremos en la Comunidad Económica Europea; porque la propia Comunidad Económica Europea establece unas reglas de juego que orientan, entre otras cosas, producciones, y les pondré un ejemplo.

Será imposible que se apele a la competencia exclusiva en materia de agricultura para quebrar los planes de producción de uvas o de vinos, será imposible. Será absolutamente insolidario si una Comunidad Autónoma cumple el proyecto, de acuerdo con las facultades de ordenación y de planificación del Gobierno de la Nación, y limita su producción, y otra Comunidad Autónoma, apelando a que tiene plenos poderes en materia agrícola -cosa que no es verdad ni siquiera constitucionalmente por esa facultad de ordenación económica-, sigue plantando viñedos perjudicando a la Comunidad Autónoma que no lo hace respetando ese proyecto. Repito, señorías, que estamos enfocando una nueva fase en el desarrollo del Estado de las autonomías. El papel del Gobierno de la Nación, naturalmente, debe centrarse en algunos de los problemas que se deducen de lo antedicho.

En primer lugar, estamos dispuestos a completar los techos estatutarios de competencias. Pretendo ofrecerles, en el debate específico al que se dedicará el 12 de febrero la Cámara Alta, el cierre de la totalidad de las competencias en un cierto número de entes autónomos. Se va a dedicar a impulsar el desarrollo del marco jurídico básico.

Durante el último año, y de acuerdo con lo que había manifestado en esta tribuna, que sigo manteniendo, se ha intentado un acuerdo con los Grupos Parlamentarios y un diálogo en materias tales como la Ley de la Función Pública o la Ley de Régimen Local. A veces se llega a acuerdos y a veces no. Realizado el esfuerzo, lo único que hay que medir es si el camino que media entre las posiciones de unos y de otros es un camino que se recorre razonablemente por ambas partes; porque no se puede pretender una abdicación de los postulados de quien propone cualquier proyecto de ley desde la perspectiva o desde la responsabilidad gubernamental.

Pero, además, habrá que mantener los mecanismos de coordinación que existen y desarrollar nuevos mecanismos de coordinación con las Comunidades Autónomas. Esos son los foros de entendimiento y de diálogo que permiten esa tarea a la que me refería hace un momento.

Desde luego, el Gobierno no puede renunciar a utilizar los mecanismos estatales de garantía para que sean efectivas la solidaridad y la ordenación general de la economía que, como decía antes, es una exigencia ya de la Constitución y lo será más aún en el proceso de integración en la Comunidad Económica Europea.

Pero la consecución de estos objetivos no se puede plantear con la ausencia total de conflictos. Los conflictos entre el Gobierno central y los Gobiernos autónomos son conflictos que existen y que existirán. Es verdad que se ha bajado de un porcentaje del 3,3 por 100 de normas recurridas, de las producidas por las Comunidades Autónomas, a un 1,2 ó 1,3 por 100; pero si ni siquiera esto es lo fundamental.

En todos los Estados descentralizados existen, naturalmente, esos conflictos. A veces hemos dicho que la naturaleza de los conflictos empieza a cambiar, y empieza a cambiar sustancialmente. Ahora se trata de conflictos, fundamentalmente, de aplicaciones técnicas concretas: si hay o no competencias en materia sanitaria o de control sanitario; si ese control sanitario se debe ejercer sólo en un ámbito territorial o debe ser homologado al conjunto de los territorios del Estado; naturalmente, por consiguiente, de conflictos propios del funcionamiento de un Estado descentralizado en autonomías.

Esta dimensión del Estado autonómico -y reitero la voluntad expresada ya en el debate anterior de continuar en un diálogo que, repito, es de doble vía cuando se desarrolla la legislación básica que permite a las autonomías desarrollar la complementaria- tiene, lógicamente, mucho que ver con lo que se pueda y se deba hacer desde el punto de vista de la reforma de la Administración.

Nos propusimos hacer funcionar la Administración al servicio de los ciudadanos, e intentamos caminar en esa dirección. Creo que algunos resultados empiezan a conseguirse. Naturalmente, como toda tarea de Gobierno, se plantea en tiempos diferentes; en tiempos diferentes que podrían resumirse en medidas de saneamiento en el funcionamiento de la Administración y, después de las medidas de saneamiento, medidas que afecten a los defectos estructurales en ese funcionamiento.

Las medidas de saneamiento -por citar algunos ejemplos- se concretan en el intento de hacer cumplir los horarios o de hacer cumplir las incompatibilidades. Se han presentado multitud de expedientes de incompatibilidades y se han resuelto, hasta ahora, por parte de la Administración, un 70 por 100 de esos recursos. Se trataba, simplemente, de intentar que los propios funcionarios ejercieran su función en un marco de mayor eficacia sólo con el saneamiento. Pero las medidas de reformas estructurales que intentaban superar los vicios que aquejaban a la Administración española, también están en marcha a través de la Ley de Medidas para la Reforma de la Administración Pública.

¿Qué es lo que se pretende con ello? En primer lugar, romper el concepto de la patrimonialización de la Administración; ese sentido corporativista que perdía de vista con cierta frecuencia, y pierde de vista con cierta frecuencia, que la Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y no de los Cuerpos que la integran. En ese esfuerzo se ha llegado a sustituir la estructura corporativa, mediante la unificación de más de 800 Cuerpos y escalas, propuesto ya en el Presupuesto del Estado para 1985, intentando que no se pierda la especialización (el agrupamiento que observarán sus señorías es por especializaciones). El esfuerzo va dirigido también a la profesionalización de la Administración; al establecimiento de una carrera administrativa que permita que el funcionario que demuestre mayor capacidad, ocupe el puesto de responsabilidad que le corresponda; a la eliminación de la multiplicidad de regímenes jurídicos, de tal manera que sirva ese régimen jurídico para los funcionarios, tanto de la Administración central como de la Seguridad Social o de los organismos autónomos y, también, básicamente, sirva para Comunidades Autónomas y Administración Local.

También se ha intentado coordinar, centralizar, la política de personal que permita una distribución del personal que evite esos movimientos hacia las Leyes de Peter que se producen con frecuencia en el seno de la Administración.

Y, finalmente, hemos puesto en marcha un nuevo sistema retributivo en la Administración, intentando eliminar el fárrago de sistemas retributivos, el fárrago de conceptos retributivos, reduciéndolos a varios conceptos elementales, que son, fundamentalmente, la base, el puesto de trabajo o el complemento del puesto de trabajo y la productividad o el rendimiento.

Además, la marcha de la Administración había que adecuarla, como decía hace un momento, a la nueva estructuración de los poderes del Estado, y quiero también suministrarles algunos datos a sus señorías: más de 300.000 funcionarios se han transferido en los últimos años a las Comunidades Autónomas; además, se han ido suprimiendo direcciones provinciales de la Administración central en la periferia, reduciéndolas a los servicios necesarios e imprescindibles de esa Administración central.

Por consiguiente, el esfuerzo de transformación se está produciendo en una circunstancia sobre la que quiero llamar la atención. Al mismo tiempo que se hace esa transformación del Estado, al mismo tiempo que se intentan sanear y corregir los defectos estructurales de la Administración, hay que seguir prestando

servicio a los ciudadanos y, por consiguiente, ese apartado tiene que seguir funcionando, no puede perder el nivel de la prestación de servicios. Recuerdo alguna intervención que se hacía a los comienzos de la experiencia democrática que parece que estaba un poco en línea con esas palabras que acabo de pronunciar.

Permítanme, señorías, que centre mi atención ahora, para no robarles excesivo tiempo, en la situación económica. Todo el mundo sabe que una parte de los objetivos programáticos, una parte de las aspiraciones con las que se llega al Gobierno de una nación dependen -y en el caso de España esto es claro- de la superación de un problema que tiene un carácter instrumental para el desarrollo de otros objetivos, que tiene un carácter más finalista en la acción del Gobierno. Me refiero a la crisis económica, a una crisis económica que, si no se supera, no permite, por esa regla absolutamente indestructible de eficacia económica y eficacia social, no eficacia social sin eficacia económica, si no se supera la crisis, las aspiraciones programáticas naturalmente tienden a limitarse, tienden a reducirse.

Pues bien, señorías, ha habido ya muchos pronunciamientos sobre el diagnóstico de la crisis -sería penoso volver a entrar en él-, y también sobre por qué a España ha golpeado la crisis más que a otros países europeos occidentales. Una mayor fragilidad de su propia estructura industrial afectada precisamente en los terrenos donde más desarrollos teníamos, siderurgia o sector naval; por un retraso en el afrontamiento de esta crisis, lo que hemos venido llamando prioridades políticas sobre las prioridades económicas, comprensible a partir de 1973; por la propia estructura de capital de las empresas españolas; por unas características de dependencia energética superiores a las que se dan en otros países. En definitiva, y en una sola expresión que pudiera recordarnos la situación podía contemplar cualquier analista en 1982, la crisis económica golpeó a España con más dureza relativa y, por otra parte, se acudió más tarde a afrontarla y, por consiguiente, a sanear la situación creada.

Cuando comenzamos la gestión, señorías -por eso decía al comienzo que dos años ya empiezan a ser un tiempo razonable para saber por qué camino se está yendo-, la situación de la economía española era vista con esa frase que acabo de decir, y además era analizada por todos los responsables sobre la base de afirmaciones que son fáciles de compartir: si no se produce un saneamiento rápido de la economía española y profundo (algunos incluso proponían un plan de estabilización), si no se produce una corrección de los desequilibrios internos y externos, si no se procede a un reequilibrio de estos desequilibrios, si no se procede con firmeza a afrontar los problemas de la reconversión y, por tanto, del saneamiento de sectores industriales importantes y no se procede a comenzar la reindustrialización, si no se contienen algunos de los elementos negativos o los cuellos de botella de nuestra propia legislación para la contratación y se modifican y, finalmente, si no se abordan los problemas concretos graves que en aquel momento estaban a punto de estallar en empresas de una gran dimensión, si no se emprende esa tarea y pronto, será imposible poner en marcha el binomio inversión-empleo.

Pues bien, en 1982 las cifras eran y son muy conocidas, permítanme recordarlas, para compararlas con la situación que estamos viviendo en cuanto a crecimiento del producto bruto, eso que llamamos PIB, esa producción nacional, para que nos entiendan, todos, durante los tres años anteriores era de una media del 0,7 por 100, el año 83 ha sido del 2,1 por 100 y el año 84 será del 2,5 por 100, y no quiero utilizar la cifra de la mitad del año porque sería más favorable, pero como puede haber tendencias que desequilibren o bajen esa cifra, al final del año estimo que será del 2,5 por 100, como habíamos previsto. Sólo quiero recordar a sus señorías que ese es un crecimiento del producto nacional mayor que el que se está produciendo en el resto de los países europeos de la OCDE.

El déficit público en los años anteriores, como también conocen, iba creciendo de forma geométrica. El esfuerzo de contención del déficit, si me permiten sus señorías, hay que hacerlo en dos tiempos. Primero, hay que intentar detener el ritmo de crecimiento, después hay que intentar reducirlo, y la razón es obvia; el crecimiento del déficit no es un crecimiento caprichoso, ni siquiera fácilmente evitable por los Gobiernos. En los Gobiernos anteriores el déficit recibía una presión fortísima de esas que se llamaban causas estructurales del déficit, el creciente gasto en sectores industriales en una situación verdaderamente dramática o difícil, el creciente gasto para el Estado de sectores industriales que a veces con mucha facilidad se dice que son crepusculares y que se liquiden, y al mismo tiempo quien eso dice o el de al lado, dice que de ninguna manera se elimine ni un solo puesto de trabajo en los sectores en crisis, y a lo mejor tienen la misma condición ideológica, o tal vez tienen la condición ideológica opuesta. Pues bien, ante el crecimiento del déficit por el crecimiento de gastos de estas empresas conviene recordar que en general son empresas heredadas de desastres que se han ido produciendo en el sector privado. Repasen las listas de la evolución sólo en el Instituto Nacional de Industria de empresas que han pasado al sector público sólo desde el año 76 hasta el año 82. Por consiguiente, la presión del déficit tiene algunas causas estructurales muy difíciles de corregir, como difícil de corregir es, por ejemplo, ese déficit de la Seguridad Social Agraria de 600.000 millones de pesetas en el próximo año, muy difícil, y lo saben sus señorías; es más, sería injusto decir que ese déficit hay que eliminarlo eliminando las causas que lo producen, porque las causas son de redistribución y de justicia social. Por tanto, el primer esfuerzo que hemos hecho ha sido contener el déficit encontrado al 5,7 por 100 del producto bruto, que hemos intentado que en el año 83 se detenga, y llegó al 5,9 por 100, que como decimos vino creciendo geométricamente, y en el año 84 terminará en el 5,5 por 100 y nos proponemos que en el 1985 sea del 5 por 100 el déficit. Las causas estructurales, por consiguiente, exigirán más tiempo: Seguridad Social, reindustrialización, reconversión industrial. La reconversión industrial exige un esfuerzo financiero y después permitirá liberar recursos económicos, no sólo para reducir el déficit, sino para potenciar la reindustrialización.

La situación de la inflación, como saben sus señorías, era del 14,4 por 100; el diferencial con la OCDE era de ocho puntos. La inflación, cuando acabe el año, será - soy prudente en las cifras, para no decir cifras de final de año, que las veremos- de cinco puntos menos que cuando llegamos al Gobierno, aproximadamente, o algo más. Por consiguiente, estamos cumpliendo un objetivo de frenar el incremento de la inflación por encima de lo que cualquiera, repito, cualquiera, podía haber previsto. Estamos, por consiguiente, reduciendo también nuestros diferenciales con la OCDE, que está, puedo decir - y creo que no habrá duda como en el debate del año pasado- dos puntos y medio menos; nos acercamos, por consiguiente, a la media de inflación de la OCDE. Y, señorías, reconocerán conmigo que la balanza de pagos por cuenta corriente, cuando en el año 82 la contemplábamos, y la contemplábamos con una seria preocupación, tenía un déficit de 4.125 millones de dólares, en el año 1984 acabará con un superávit de 1.500 millones de dólares; y nadie se atrevía a hacer un pronóstico de esta naturaleza por la evolución extraordinariamente favorable de nuestras exportaciones; evolución de las exportaciones que, evidentemente, no va a seguir en un «crescendo» de esa naturaleza, no sería lógico, y que habrá que compensar en el futuro con una evolución interna lógicamente mejor.

Y estábamos preocupados por muchos más datos; datos como, por ejemplo, la hemorragia de divisas, preocupación que compartíamos en el último período del año 1982 con el Gobierno que nos entregó el poder. La evolución de la divisa en los once primeros meses del año 1982, señorías, la salida de divisas, era verdaderamente preocupante; se llegó hasta 3.500 millones de dólares. Pues bien.

terminaremos el año con una diferencia sobre aquella situación de 4.500 millones de dólares. Que ha mejorado nuestra reserva de divisas es una evidencia que no tengo que mostrar a sus señorías.

Cuando empezamos nuestras tareas, la reconversión no se había empezado en lo que afecta, fundamentalmente, al sector público; había sectores privados que ya habían desarrollado sus proyectos de reconversión y no se habían atisbado siquiera los proyectos de reindustrialización. Además, señorías, la legislación laboral todo el mundo decía que era una legislación rígida, que impedía el desarrollo de nuevas contrataciones.

Por si fuera poco, teníamos temas como RUMASA, temas como Cajas Rurales, temas como Banca Catalana, temas como autopistas, temas como Explosivos Riotinto, temas como la Empresa del Aluminio, que todo el mundo sabía que estaban a punto de estallar; se decía en todos los círculos políticos: «Aquí hay unas bombas de relojería que irán estallando en los próximos meses y que tendrá que afrontar el Gobierno que venga.» Y se afrontaron todos los temas para sanearlos, con costes, sin duda (¿quién hubiera sido capaz de afrontarlos sin costes?), pero se afrontaron todos y empezaron a sanearse esos temas que iban pudriéndose a lo largo del tiempo.

Ese era el panorama, y ante ese panorama, señorías, el Gobierno se propuso una política que, huyendo de un plan de estabilización, produjera el saneamiento de los desequilibrios básicos, y empieza a conseguirse ese saneamiento, esa mejora de los desequilibrios; afrontar los problemas estructurales de reconversión y de reindustrialización, y se está produciendo el proceso de reconversión y de reindustrialización. Al mismo tiempo que se hacía esa operación, señorías -mejorar las condiciones de contratación, etcétera, y se han mejorado-, nos planteábamos como necesidad el que creciera nuestro producto bruto, porque ha habido acciones de Gobierno, de saneamiento, que han producido un descenso en el producto interior bruto en muchos países, y nosotros no queríamos que se produjera un corte brutal que agravara aún más la situación de lo que estaba.

Mantener el equilibrio entre esos factores y un crecimiento del producto bruto ha sido un ejercicio difícil, importante, al que se le ha dedicado un enorme esfuerzo, pero hoy podemos decir, señorías, que el esfuerzo empieza a dar sus frutos. Lo digo modestamente, porque realmente es imposible bajar la guardia sobre lo ya conseguido y porque, como diré ahora, hay una serie de objetivos en los que no hemos estado consiguiendo esos resultados y, por consiguiente, no podemos hacer triunfalismo. Pero podemos decir que ha mejorado nuestra situación económica general y que la tendencia es a colocar a la economía española en una senda de recuperación.

Digo que no podemos hacer ningún tipo de triunfalismo, señorías, porque el problema del paro no sólo no se ha resuelto, sino que sigue aumentando, y el año pasado me equivoqué cuando pensé -en el discurso sobre el estado de la Nación- que estábamos tocando el suelo de la destrucción de empleo y, por consiguiente, que podíamos empezar a recuperar empleo en el año 84 ya. Me equivoqué con otros muchos, no digo nacionales: había muchos europeos creyendo que era posible, por los síntomas que se experimentaron a finales del verano del 83, que se pudiera producir esa recuperación de empleo. Y no se está produciendo. Es cierto que se está frenando ese proceso de aumento del paro o de destrucción de empleo, y les podría dar algunas cifras tanto en el empleo industrial como en el paro registrado; pero lo cierto es que el que haya descendido ese ritmo de crecimiento de la tasa de desempleo no significa que hayamos conseguido detener, como pretendíamos, la caída del empleo e intentar recuperar empleo después hasta la fecha.

Señorías, esa es la situación que más me preocupa personalmente y la que más preocupa al Gobierno. Intentar colocar a la economía española en situación de que la inversión y, por tanto, el empleo se hagan positivos ha sido todo el esfuerzo de este Gobierno en dos años, y aún no hemos conseguido que rebote ese dato dramático del empleo en la situación económica española. Sin embargo, quiero ponerles de manifiesto no sólo que se ha hecho lo máximo -y estoy abierto a cualquier sugerencia que me indique si se puede hacer todavía más-, sino que estoy convencido de que no hay errores en la política económica que pudieran haber mejorado esa situación. Y si llegara a convencerme de lo contrario, inmediatamente haría una orientación distinta de la política económica. Pero no sólo la experiencia nuestra; la experiencia de países con componentes ideológicos de Gobierno totalmente distintos, pasando desde Suecia a Italia, Alemania o Francia, por no citar otros, indica que el único método es el método que estamos empleando: saneamiento, afrontar con valentía los problemas estructurales, intentar encaminar los procesos de reindustrialización y no bajar la guardia sobre ninguno de los equilibrios básicos necesarios para la economía.

Por consiguiente, señorías, quiero ponerles de manifiesto claramente que los márgenes son muy estrechos; que los caminos emprendidos son, a mi juicio, los correctos; que los límites se han puesto a prueba en el esfuerzo, y que no hay, a mi juicio, ninguna alternativa mejor para conseguir el objetivo inversión-empleo. Pero si la hay, se lo agradezco a sus señorías o a quien la pueda sugerir.

Ante esta situación, señorías, no sólo hemos afrontado los desequilibrios básicos. Permítanme unas palabras sobre el proceso de reconversión y de reindustrialización.

La reconversión que resta fundamentalmente, es la del sector público. El sector privado ya la ha venido haciendo, y en el sector público se produce en algunos de los sectores sensibles de la economía española, siderurgia y construcción naval, por citar un par de ejemplos notables.

La reconversión industrial todo el mundo reconoce que es necesaria, naturalmente, salvo los que dicen que son sectores en ocaso que hay que liquidar; esos no la reconocen como necesaria, simplemente dicen que se liquide. No comparto esa teoría. Me parece que esos sectores forman parte de la nervadura industrial de España. Lo que hace falta es sanearlos e intentar hacerlos competitivos, para que sigan formando parte de ese nervio y de esa estructura industrial de España. Lo paradójico de la situación es que hay sectores que están pidiendo la reducción del déficit, que están pidiendo el control del gasto en las empresas públicas y, al mismo tiempo, se están oponiendo a la reconversión industrial, señorías. Se están oponiendo a un proceso de saneamiento, de redimensionamiento en la reconversión industrial, coincidiendo con otros sectores que pretenden, señorías -y tengo que decirlo con claridad- coincidiendo con otros sectores que pretenden que se puede hacer una reconversión industrial con un redimensionamiento empresarial, manteniendo exactamente el mismo número de personas ocupadas.

Quiero que todo el mundo se dé cuenta de que reconvertir es salvar el máximo de puestos de trabajo, haciendo competitivos los sectores y pudiendo hacerles sobrevivir en el futuro. Eso, que es absolutamente claro, parece no querer entenderse. Me preocupa la demagogia que puede emplearse en un tema que efectivamente están soportando algunos sectores de trabajadores de la sociedad. Si no se reconvierten, si, como algunos pretenden, se dejan las cosas como están, efectivamente tendrán razón los que piensan que son sectores en ocaso, a destruir, porque no habrá manera humana de sostenerlos y, por lo tanto, se hundirán sectores enteros. A eso va dirigida la política de reconversión del Gobierno y no se ha parado ahí. La reindustrialización está teniendo dos dimensiones. Lo que ocurre es que algunos piensan que, con los recursos limitados, antes hay que hacer la reindustrialización que la reconversión. Naturalmente, no ofrecen el modelo. ¿Dónde se produce realmente una reindustrialización antes que la reconversión?

En todo caso, se pueden ir acompasando, y ese es nuestro intento.

Los mecanismos previstos en la ley de reconversión industrial prevén, por ejemplo, algunas zonas de urgente reindustrialización. Hay un ejemplo de lo que se va haciendo en Sagunto, que el año pasado apareció en este debate como una situación dramática. En Sagunto ya hay 3.000 millones de pesetas de subvención, hay empresas instalándose y 1.000 puestos de trabajo previstos ya en el momento actual. Por consiguiente, se está amortiguando, reduciendo (y esperamos que lleguemos a hacerlo desaparecer) el impacto de la reconversión. Esa técnica se irá extendiendo con prudencia, naturalmente, señorías. No se podrán hacer generales las zonas de urgente reindustrialización; en el momento en que sean generales, dejarán de ser de urgente reindustrialización y de admitir acciones especiales que, además, siempre tienen características muy delicadas porque exigen una concentración de esfuerzos que, a veces, crean problemas de solidaridad con otras zonas, incluso dentro de la misma región.

Además de eso, señorías, se han puesto en marcha algunos proyectos de reindustrialización en informática, y electrónica, de acuerdo con el Plan Electrónico e Informático; se han puesto también en materia agroalimentaria; se han puesto también en materia de telecomunicaciones; se han puesto también en materias como el petróleo o sus derivados. Sobre la informática, les daré algunos datos también, por ir aclarando conceptos y, sobre todo, ir abriendo las perspectivas del futuro que, con mucha frecuencia, se piden.

Las inversiones o los acuerdos a los que se han llegado con grandes empresas especializadas en informática, diez (hasta ahora) producirán, señorías, en el año 1987, 300.000 millones de pesetas, de los cuales los que ya están acordados, 170.000 millones, se destinarán a la exportación. Por consiguiente, señorías, con siete procesos más de negociación en curso para instalaciones en España de empresas de este sector, hoy podemos afirmar que el Plan Electrónico e Informático se cumplirá en las previsiones del Gobierno para el año 1987 y abrirá una vía de futuro sustancial para la economía española.

Hechos los esfuerzos en todas estas materias, señorías, no queremos, de ninguna manera, aparecer como inermes, o como resignados, ante los problemas que se derivan de esa paralización de inversión y de empleo que todavía se están produciendo. No se está produciendo en las inversiones extranjeras, que tan bien conocen sus señorías, pero se está produciendo en el sector inversor interno de España. Las empresas empiezan a sanearse internamente; todavía no han empezado a hacer una inversión, al menos, generadora de empleo, a veces se ha hecho en otros sectores externos; pero confiamos en que esto se va a producir, y para eso hemos hecho un esfuerzo de convocatoria de las partes sociales, para llegar a un acuerdo del que muchas de sus señorías tienen el temor de que abuse en esta tribuna, y no lo voy a hacer, un Acuerdo Económico y Social que es un instrumento fundamental para el desarrollo de cualquier política económica gubernamental. Pero sí quiero valorar en sus justos términos ese acuerdo y lamentar que a la firma de ese acuerdo haya faltado algún interlocutor. Y digo lamentar en el sentido serio y profundo de la palabra. No lo estoy diciendo como una frase hecha; lamento que no esté una de las partes que iniciaron la negociación en la firma del acuerdo; es más, todavía tiene la oportunidad de estar en alguno de los desarrollos del acuerdo, y desde luego por parte del Gobierno -uno de los interlocutores- está abierta la puerta para esa consideración de futuro.

El Acuerdo Económico y Social es un instrumento importante a juicio de cualquier responsable económico de cualquier Gobierno, sea en España, sea en otros países europeos. El Acuerdo supone, entre otros datos, la ampliación de los colectivos asistidos en una situación en que no es posible todavía el incremento del empleo; supone la incentivación fiscal, la fuerte incentivación fiscal a las nuevas contrataciones; supone el empleo de 30.000 millones de pesetas a través del INEM en nuevas contrataciones que producirán otras nuevas de carácter temporal en comunidades autónomas, ayuntamientos y diputaciones, que aproximadamente se estiman en 360.000 y 190.000. Sólo es el 200 por 100 más de lo que se disponía el año pasado para ese fondo, pero también supone la creación de un fondo de solidaridad con 60.000 millones de pesetas que promocionará el empleo y que enganchará con un mecanismo que tiene una cierta importancia, que son los fondos sociales de la Comunidad Económica Europea; supone también un incremento de las inversiones públicas.

Pero, como saben ustedes, señorías, el Acuerdo Económico Social ha sido ampliamente difundido. Yo querría sobre todo resaltar que el acuerdo significa, antes que nada, y en una situación de crisis, sustituir la confrontación por el diálogo y, por consiguiente, ejercer de verdad un esfuerzo de solidaridad, y cuando hablo de la confrontación por el diálogo no estoy en absoluto diciendo que cualquiera de las partes que se sientan en una mesa vaya a llevarse toda la razón. Cada una tendrá que ceder en parte de sus postulados en beneficio de lo que supone como elemento cuantitativamente importante el propio Acuerdo Económico y Social.

Resumo, señorías: se han sentado las bases desde el punto de vista macroeconómico para que se produzca un proceso de inversión; un proceso, por consiguiente, de generación de puestos de trabajo. Algunos dirán que arriesgue cifras. No lo voy a hacer, no voy a seguir en esa dinámica que me parece absurda. Sin embargo, creo que estamos creando las condiciones para que se incremente el empleo; creo que estamos creando esas condiciones y, por consiguiente, si hay alguna fórmula alternativa, por solidaridad, por conciencia frente al problema, yo os ruego, y os lo ruego sinceramente, que se explique, porque realmente el esfuerzo está siendo enormemente importante.

Me referiré ahora a la acción exterior, señorías, para terminar con ella. Me parece obvio decirles que España está más presente en el mundo, o que Madrid se ha convertido en un foro importante de encuentros bilaterales o de encuentros multilaterales. Me parece obvio decirles algo que cualquier ciudadano puede contemplar y que no se debe a la acción de este Gobierno sólo, se debe a lo que ya supuso el impulso de la democracia, la nueva presencia de España en el mundo. Y no se debe sólo a la acción de un Gobierno, también se está produciendo una incardinación internacional, que todo el mundo conoce, de fuerzas políticas, de instituciones. Hoy mismo están aquí los Presidentes de Tribunales Constitucionales o de Cortes Constitucionales; la semana pasada estuvieron los cancilleres de Contadora, e hicieron la primera reunión fuera de la región. Es innumerable la cantidad de encuentros que se están celebrando en Madrid, de contactos que se hacen en Madrid o de relaciones internacionales. La presencia de España, por consiguiente, es obvio que está aumentando.

Pero yo no querría hacer un repaso global sobre toda la situación, sino concentrarme en dos temas por su inmediatez: el tema de la Comunidad Económica Europea y el problema de la política de paz y de seguridad. Es verdad que la presencia en los organismos internacionales de España es ahora mayor que lo fue nunca, y es lógico por el desarrollo de la democracia, y en eso estaremos empeñados.

Como es verdad y también obvio para todos los ciudadanos, se han cambiado sustancialmente para mejor las relaciones con Francia, tanto en la cooperación bilateral, como en el tema, en el que entraré ahora, de integración en la Comunidad Económica Europea.

Pues bien, señorías, sobre la Comunidad Económica Europea, hablar en estos momentos en que se está empezando a producir una sesión negociadora, exige, como saben sus señorías, prudencia. Exige prudencia, pero, sin embargo, sí me van a permitir (conocen perfectamente el curso de las negociaciones) que sintéticamente describa lo que ha ido pasando.

Cinco años después de la petición de ingreso, de los diecisiete capítulos que componen la negociación con la Comunidad Económica Europea, ingreso que éste sí ha comportado siempre el consenso y el apoyo de todas las fuerzas políticas, la integración en Europa, a pesar de los matices que se puedan lógicamente poner de manifiesto de estar o no de acuerdo con un método de negociación o con un contenido concreto de negociación, dentro de los cinco primeros años a partir de la petición se abordaron unos cuantos capítulos de la negociación, y otros ni se abrieron, ni se pudieron por consiguiente tocar o resolver.

En el año 82 teníamos una cierta sensación de bloqueo por la actitud de otros países. A partir del 82 se ha incrementado, si me permiten sus señorías, el esfuerzo para ir eliminando barreras en ese proceso de integración, naturalmente desde una posición que algunas veces se califica de excesiva dureza en la defensa de los intereses nacionales. Pero yo creo que ha sido una posición razonable desde el punto de vista de la exigencia de un equilibrio, de una contraprestación razonable, desde no pedir a España sacrificios que no se piden a otros países en cualquiera de los ajustes comunitarios, de un proceso transitorio, gradual, etcétera, temas suficientemente conocidos para desarrollarlos ahora.

Entre los años 82 y 84 se producen hechos políticamente decisivos y hechos técnicamente importantes, que nos sitúan en este momento, y en este momento cabría decir que el proceso es ya en la conciencia de los españoles, y creo que es más importante desde el punto de vista de la negociación, en la conciencia de los europeos, irreversible.

Es decir, pese a la dificultad del último tramo de la negociación, mi opinión, señorías, y me la confirman las respuestas de los últimos días, es que se ha pasado la página ya en términos históricos sobre la irreversibilidad del proceso de integración, que antes se planteaba también como un proceso político conveniente y necesario.

Y se ha planteado, porque entre la cumbre de Stuttgart, que recordarán el pasado año, y la de Fontainebleau de este año, se produjeron dos hechos importantes. En la de Stuttgart, la vinculación de la propia superación de la crisis presupuestaria de la Comunidad a la ampliación de España y Portugal. En la de Fontainebleau se mantiene esa posición, pero además se marca otro hito político importante: un calendario indicativo de la negociación. Por primera vez aparece una fecha como la fecha deseada para que se produzca la ratificación de la integración de España en la Comunidad.

No quiero ocultarles a sus señorías que este tramo final es un tramo cargado de dificultades. Lo han sido todos los finales de procesos de negociación de todos los países que han sido candidatos. A este tramo final dedicará el Gobierno las próximas semanas intensamente.

Y el proceso de integración, para no extenderme demasiado, exigirá de todos un esfuerzo, a mi juicio, de adaptación solidaria, de adaptación con el mayor consenso posible social, económico, político de todas las fuerzas representativas a las instituciones, a las exigencias, a los parámetros de funcionamiento de la Comunidad Económica Europea.

Si esto se produce, señorías, y creo que se va a producir, como lo creen sus señorías, habremos cubierto uno de los grandes desafíos históricos de España. Un anclaje importante y definitivo en la política exterior de España, política exterior de corte europeo occidental, como una de sus definiciones básicas, además de sus proyecciones iberoamericanas o de sus proyecciones mediterráneas.

Y ahora me van a permitir, señorías, que me atenga estrictamente al papel, porque creo que abordaré un tema de trascendencia para todos.

La otra gran tarea que se nos plantea de cara a nuestra política exterior es el diseño de una política española de paz y de seguridad que tenga el respaldo de toda la Nación. Es decir, en el que pueda haber consenso mayoritario, lo más ampliamente posible, en torno a un denominador común. Esto es lo que deseo ofrecerles esta tarde, con la convicción interna de prestar un servicio a nuestros intereses de paz, de seguridad y de estabilidad.

Este consenso es deseable, como saben sus señorías en todos los temas importantes, pero, sobre todo, en los que son básicos en nuestra política exterior. Es importante para que España ofrezca un frente unido de cara a los demás países. Es especialmente deseable, incluso imperativo, cuando se tocan materias que afectan a la defensa nacional. Además, ello correspondería a la tradición establecida durante toda la transición democrática, en que los grandes temas de interés nacional han sido objeto de negociación y consenso entre las principales fuerzas políticas. Y esta es una de las escasas fracturas de este estilo que me parece necesario restaurar para intentar evitar que ese gran problema se convierta en motivo de grave división entre las fuerzas políticas representativas de España.

El Gobierno, por otra parte, está obligado a cumplir su compromiso electoral, tanto más en aquellas cosas que dependen de un solo acto de voluntad, siendo con mucha frecuencia más difícil hacerlo en otras en que, aunque se tenga o se haga un reiterado esfuerzo de voluntad, los resultados no dependen simplemente de ese esfuerzo.

El programa electoral del Partido contenía unos mandatos precisos en relación con nuestra situación en la Alianza Atlántica. Se decía: «... en un primer momento y como medida inmediata, se congelarán las negociaciones para la integración en la organización militar.

En un segundo momento se mantendrá el compromiso contraído por el PSOE de convocar un referéndum para que sea el pueblo español el que decida acerca de nuestra pertenencia a la OTAN». Transcribo literalmente.

La primera parte se cumplió inmediata y rigurosamente una semana después de la toma de posesión del Gobierno; es decir, el día 9 de diciembre de 1982.

La segunda es nuestra intención cumplirla, y a ello me referiré más adelante.

Una vez dicho esto, cabría responder a varias preguntas en relación con esta oferta de acuerdo a través de un diálogo entre las fuerzas políticas.

La primera sería: ¿Sobre qué bases o materias se intentaría un consenso nacional que permita hallar un denominador común de todos o de la inmensa mayoría de los representantes de nuestro pueblo?

La segunda: ¿Qué métodos de diálogo emplear para intentar un acuerdo y qué plazos para llevarlos adelante?

La tercera: ¿Cuándo se cumplirá el compromiso del Gobierno de realizar la consulta al pueblo español?

Intentaré hacerlo con la mayor precisión posible.

Antes de 1982, en los programas de los partidos representados en la Cámara -no sé si había alguna excepción que no recuerde- o en sus propias actitudes ante la Cámara, se mantenía que España estaba inserta en el mundo occidental y como mínimo -a cada palabra quiero darle su valor- se aceptaba el «status» de relación defensiva bilateral con los Estados Unidos, que suponía nuestra vinculación al sistema de seguridad occidental; repito, actitud admitida y defendida por todos los grupos políticos.

Cuando se decide la integración en la Alianza, se rompe este denominador común y gana -legítimamente, sin duda- la mayoría parlamentaria que sostenía la tesis de la participación en el sistema de seguridad occidental, a través de la integración en la Alianza.

Cabe suponer que los que ganaron en esa votación, presentes hoy también con distintos grados de representación, es evidente, en la actual Cámara, mantienen su posición.

El Partido Socialista define su posición ante el nuevo hecho de la integración en la Alianza en los términos que acabo de transcribir leyendo literalmente el programa electoral de octubre de 1982.

Otros, roto el equilibrio anterior al mes de mayo de 1982, rechazan, parece ser, no sólo la integración en la Alianza, sino también la relación bilateral con los Estados Unidos.

A partir de estas premisas, que podrían ser el resumen de las posiciones habidas, podríamos intentar el acuerdo sobre la definición de España en los temas que afectan a la defensa, la seguridad y la paz, intentando evitar caer en simplismos peligrosos, y basándose en los siguientes datos sobre los que voy a ir dando mi opinión, naturalmente, abierta al diálogo y, por tanto, a la posibilidad de una posición común en el mayor grado que sea posible.

Primero, España, en cuanto Estado que forma parte del Tratado de Washington, pertenece a la Alianza Atlántica y participa de los órganos de la Alianza. En mi opinión, este es un punto de partida inexcusable, el «status» actual, para nuestro diálogo político y con probabilidad de que sea el que mayor grado de consenso hipotético comporte. Por consiguiente, estaría, si ello es así, por la denuncia del Tratado.

Segundo, España no se ha incorporado en la estructura militar integrada de la OTAN. En mi opinión, España no necesita hacerlo.

Tercero, España mantiene una relación bilateral con los Estados Unidos, que abarca, entre otros y fundamentalmente, aspectos defensivos. Actualmente se basa, como saben sus señorías, en el Convenio de 1982 y en el Protocolo de 1983. En mi opinión, es necesario proceder a un ajuste en la dirección de una progresiva menor presencia de fuerzas en nuestro territorio y de instalaciones de apoyo, de acuerdo con nuestros intereses nacionales.

Cuarto, las Cortes han establecido la no nuclearización de España. En mi opinión, debe mantenerse esta decisión, prácticamente unánime de la Cámara.

Quinto, España ha firmado el Tratado de Prohibición de Pruebas Nucleares y se ha sometido en sus instalaciones al sistema de salvaguardia del Organismo Internacional de Energía Atómica. En mi opinión, con eso es suficiente aunque no excluyo la consideración de la firma del TNP en el futuro.

Sexto, España no forma parte de la Unión Europea Occidental en materia de defensa, siendo ésta la única organización que tiene competencias en esta materia. En mi opinión, la participación de España sería deseable, aunque hay que ver antes -creo- los resultados de nuestro proceso de integración en Estados

Séptimo, España tiene en su territorio una colonia británica integrada en el sistema de mandos de la OTAN: Gibraltar. En mi opinión, teniendo en cuenta el nuevo «status», debe avanzarse hacia la solución definitiva del problema de la Roca y de su integración a la soberanía española.

Estoy terminando, pero si me lo permiten continúo porque el tema es importante.

Octavo, España trabaja activamente en la Conferencia Europea de Desarme y ha presentado su candidatura al Comité de Desarme de la ONU. En mi opinión, esta política debe proseguirse y fortalecerse.

Noveno, el Gobierno español está desarrollando una red de convenios bilaterales en materia de cooperación defensiva con otros países de Europa Occidental, que nos permiten estrechar relaciones sin constituir tratados de alianza, como ustedes saben. En mi opinión, deben seguir desarrollándose estos sistemas de cooperación.

Décimo. Para concluir y afectando al conjunto de lo ya expresado, nos encontramos en un proceso ya avanzado de elaboración del Plan Estratégico Conjunto, elemento sustancial, como saben sus señorías, para la comprensión cabal de nuestras necesidades y de nuestra misión. Debe, pues, ser objeto de este diálogo que nos permita llegar a un consenso en materia de defensa en su dimensión interna y externa.

No quiero extenderme más, pero tampoco definir esta lista como un «numerus clausus». Estoy abierto a otros problemas que puedan ser enunciados por sus señorías.

La segunda cuestión a la que había que responder era el método de trabajo y el plazo.

Me comprometo ante la cámara a iniciar consultas durante el mes de noviembre con cada uno de los responsables de los Grupos Parlamentarios representados en esta Cámara, y en el mes de diciembre, analizado el grado de convergencia, el grado de aproximación, hacer una reunión con los Grupos que nos permita establecer la posibilidad o ese denominador común de consenso entre todos.

Una vez pasado este período, les propongo que se traiga a la Cámara, si lo permite el Reglamento y lo desean sus señorías, el acuerdo al que se haya llegado, manifestando no sólo el contenido del acuerdo, sino las posiciones de cada cual respecto de él, porque imagino que si llegáramos a encontrar un denominador común, habría posiciones que diferirían, naturalmente, en parte de ese denominador común.

En cuanto a la tercera cuestión planteada, señorías, es decir, la fecha del «referéndum», estimo que, tras el debate parlamentario que propongo, se proceda a transmitir una amplia información a la opinión pública sobre los contenidos de este acuerdo, si existe; y, si no, sobre las razones del no acuerdo, a través del mismo procedimiento, y sobre todos los aspectos que se refieran a nuestra relación con el sistema de seguridad del mundo occidental, de manera tal que los ciudadanos puedan tener todos los datos para definir su propia posición. Este esfuerzo se realizaría a lo largo de 1985.

A principios de 1986, y antes de que acabe el mes de febrero, se realizaría el «referéndum». Esta es la fecha posible por razones de calendario y, a mi juicio, la fecha más oportuna en función de los intereses nacionales que seguramente ustedes podrán ver sin que se los explicite más en el sentido de la fecha.

Espero, señorías, haber sido claramente comprendido. Pero, dada la importancia del tema, no exento de una cierta complejidad, estimo oportuno pasarle a los Grupos su contenido exacto al final de mi intervención.

Con este proceder podremos lograr que la política española de paz y seguridad disponga de tan amplio respaldo entre los representantes de la soberanía popular -y confío que también entre los representados-, que existan garantías para su permanencia, más allá de las normales alternancias en el Gobierno de un sistema democrático.

Concluyendo, señorías, permítanme que resuma, sobrevolando ya, los grandes problemas nacionales que ocupaban nuestra atención hace sólo veinticuatro meses.

Si hace dos años, señorías, por esta fecha, en plena campaña electoral, estábamos gravemente preocupados por las noticias sobre la involución y, por tanto, no se había alejado de nosotros la sombra de la inestabilidad democrática, hoy, convendrán conmigo, la vida nacional ha dejado de estar angustiada y condicionada por esa amenaza; y algo seguramente, señorías, se deberá a la tarea de este Gobierno.

Si hace dos años el terrorismo campaba un tanto por sus respetos con aires de triunfo, nos abrumaban las dificultades para combatirlo con eficacia y la cooperación internacional en este problema era escasa, hoy hemos invertido los mecanismos y abierto los de cooperación en materia internacional. La situación es distinta. Hemos ganado la iniciativa, aunque haya que soportar aquí, como ocurre en otros sitios, algunos golpes salvajes. Los españoles todos empezamos a estar plenamente convencidos de que el fenómeno de la violencia puede ser vencido, de que el sistema democrático prevalecerá contra los enemigos de la democracia. Me permitirán sus señorías que diga que algo seguramente se deberá a la tarea de este Gobierno.

Si hace dos años nos golpeaba día a día la especulación contra la peseta, la hemorragia de divisas, la fuerte inflación, el déficit, tanto de la balanza de pagos como del Presupuesto, la crisis financiera; nos angustiaba, en fin, no ver una salida a la profunda crisis económica, hoy los datos reflejan una situación en clara mejoría tras haber superado algunos desajustes básicos que nos lastraban y haber emprendido una reforma profunda de estructuras. Disponemos hoy de un Acuerdo Económico y Social para los dos próximos años que despeja incertidumbres y crea confianza, lo cual nos permite la esperanza de remontar la crisis y de superar los problemas de inversión y empleo. Algo también, señorías, se deberá a la acción de este Gobierno, si se ha avanzado en esta dirección.

Si hace dos años el desarrollo legislativo de muchos derechos y libertades establecidos en la Constitución estaban aún pendientes, hoy existe un marco legal de regulación y protección de las libertades ciudadanas perfectamente homologable con cualquier país de la comunidad europea. Algo -continuando en este terreno, en una tarea ya emprendida anteriormente y apoyada por nosotros- se deberá al esfuerzo que ha ido realizando este Gobierno.

Si hace dos años teníamos una situación oscura en relación con nuestra integración en la Comunidad Económica Europea, hoy, más allá de las dificultades de esta fase final en las negociaciones, estamos convencidos del carácter irreversible y rápido de nuestro ingreso. Señorías, creo que tanto en esto como en el cambio de las relaciones con Francia, algo se debe también al esfuerzo realizado por este Gobierno.

Y así sucesivamente podría repetir y reiterar la pregunta con la que comencé la intervención: ¿Está mejor o no está mejor la situación general de España que en 1982?

Señorías, creo poder decir -y repito con modestia, sin triunfalismos, porque el tiempo es escaso y porque el recorrido es pequeño- que estamos mejorando, que estamos en el camino de la resolución de los problemas fundamentales que aquejan a España, y espero que seguirá mejorando la situación en el futuro.

Es cierto que parte de lo que hemos recorrido lo hemos hecho con la ayuda de otros, que agradezco. Otra parte con la incomprensión y a veces con la crítica no constructiva, que soporto. Otra parte hemos tenido que hacerla en solitario; no importa. Permaneceremos fieles a nuestro compromiso y continuaremos la tarea.

Desde la mayoría, y tal vez por la mayoría absoluta, una vez más apelo a un esfuerzo de negociación, a un esfuerzo de aproximación, a un esfuerzo, por consiguiente, común. Justamente, por esa mayoría absoluta, pero además porque creo que no perjudica a nada ni a nadie y beneficia en todo caso a todos, créanme, señorías; me preocuparía más la incomprensión del futuro que la del presente. Creo que como a todos. Pero como todo gobernante, también, pretendo que se me entienda hoy y que se me entienda mañana.

Muchas gracias, y perdonen por la extensión.