El Gobierno ante el Parlamento
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1. COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Excelentísimo señor:

El Gobierno, continuando la iniciativa que tomó el pasado año, solicita de nuevo a la Cámara la celebración de un debate sobre política general, con el propósito de exponer su opinión sobre la situación de España en la actualidad, que coincide en el tiempo con la mitad del período de su mandato. A tal fin tengo la honra de enviar a vuestra excelencia, a los efectos de lo dispuesto en los artículos 196 y 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la adjunta comunicación para su debate en el Pleno de la Cámara.

El Gobierno, al margen de las múltiples y continuas comparecencias de sus miembros en sesiones plenarias o en comisiones, pretende renovar la útil experiencia del pasado año, ofreciendo a la Cámara un análisis global y reactualizado de la situación de la Nación para que sirva de marco de referencia a las tareas parlamentarias en curso o venideras.

A estos efectos, considera necesario centrar el análisis en los grandes temas clave para el Estado, como son:

• La situación económico-social.
• La ampliación y protección de las libertades.
• El proceso autonómico y la racionalización y perfeccionamiento de la Administración.
• El desarrollo de nuestras relaciones exteriores, con especial referencia al estado de las negociaciones con la CEE, situación de España en la Alianza Atlántica y relaciones con los países vecinos.

1. Situación económicosocial

El marco general en el que se desenvuelve actualmente la coyuntura económica de cierto número de países occidentales es relativamente más favorable y contrasta positivamente con la fase de deterioro y estancamiento que caracterizó a los años 1979 a 1982.

No obstante, el Gobierno observa con preocupación cómo persisten e incluso se agravan algunos elementos negativos:

• El crecimiento se reparte de forma muy desigual ente zonas y países, e incluso en los más favorecidos no alcanza cotas suficientes para recuperar empleos y reducir el grave problema del paro.
• El mercado de cambios, dominado por una excesiva apreciación de la divisa norteamericana, sigue siendo inestable, lo que dificulta una expansión armónica del comercio internacional.
• En los mercados financieros persisten tipos de interés reales en niveles anormalmente elevados, que constituyen una traba para el necesario relanzamiento de las inversiones productivas.
• El elevado grado de endeudamiento de gran parte de los países en desarrollo les fuerza a aplicar una severa política de ajuste interno que reduce sus posibilidades de expansión y de contribución al relanzamiento a escala internacional.
• Por último, las prácticas proteccionistas generadas por la crisis distorsionan los intercambios comerciales dificultando la expansión del mercado mundial.

En este cuadro general, a lo largo del último año, la economía española se ha inscrito positivamente entre los países que han experimentado una mejora económica y han progresado favorablemente en el proceso de ajuste.

En 1983 y 1984 el crecimiento del PIB ha alcanzado tasas más elevadas que en los últimos años y se ha colocado por encima de las registradas en la zona europea.

Se ha corregido el grave desequilibrio exterior de nuestra economía, ampliando de este modo nuestra solvencia y el margen de maniobra de nuestra política económica.

Se ha contenido el proceso de deterioro del déficit público.

Se ha progresado notablemente en el frente de la reducción de la inflación, cuyo ritmo se sitúa ya en una tasa anual inferior a los dos dígitos.

El conjunto de estas mejoras en las áreas de crecimiento, ajuste interno y externo, constituye un paso importante para alcanzar el objetivo último, la generación de empleo, y exige una firme actitud de continuidad en el esfuerzo para no retroceder en los logros alcanzados. El Acuerdo económico-social para 1985 y 1986 debe favorecer un clima estable en las relaciones industriales y laborales, propiciar la inversión y desarrollar medidas directas para la creación de nuevos puestos de trabajo.

Pero la gestión gubernamental en el área económica se ha limitado a una política macroeconómica sobre la coyuntura. Dado el carácter estructural de muchos problemas de la economía española, se ha emprendido y aplicado igualmente una política de reestructuración y reconversión, apuntándose al mismo tiempo pasos en la reindustrialización.

Este esfuerzo es necesario en relación a nuestra integración en la Comunidad Económica Europea. La adaptación de nuestro aparato productivo a las condiciones de competitividad internacionales potenciará nuestra capacidad de participación y de contribución dentro del conjunto de los países desarrollados.

2. Ampliación y protección de las libertades

Apoyados en una de las Constituciones más avanzadas del mundo en el terreno de las garantías de las libertades personales y colectivas, se han ido desarrollando leyes y asumiendo Convenios Internacionales que colocan a España, como nación, a la cabeza de los países más respetuosos -desde el punto de vista normativo e institucional- con las libertades.

Este esfuerzo, iniciado por los Gobiernos anteriores, con un gran respaldo del Congreso y del Senado, ha sido ampliado de manera muy considerable durante el mandato del Gobierno actual.

Leyes sustancialmente dirigidas a garantizar los derechos de la persona, y Convenios y Acuerdos internacionales con la misma intención, han producido en España un sistema de garantías cuya conquista en países de nuestro entorno europeo ha supuesto decenas de años.

Ese esfuerzo ha dado muchos e importantes frutos concretos. Así:

• Se han concretado las garantías de la libertad personal, mediante unas Leyes de Asistencia Letrada al Detenido, de «habeas corpus» y de Enjuiciamiento Criminal que rodean la detención y las condiciones de la misma de mecanismos que aseguran su total legalidad e impiden la arbitrariedad.
• Se ha modificado el Código Penal para adecuarlo a la Constitución.
• Para proteger a la sociedad democrática de una criminalidad organizada, que no conoce fronteras y que se sirve de las libertades para intentar destruirlas -la criminalidad terrorista-, se ha remitido al Congreso un Proyecto de Ley de desarrollo del artículo 55.2 de la Constitución y se ha continuado la tarea de profundizar en la cooperación internacional en esta materia, especialmente en el seno del Consejo de Europa.
• Se ha avanzado extraordinariamente en la protección de los derechos de los penados, cumpliendo el mandato constitucional que salvaguarda todos los no expresamente limitados por la condena.
• Se ha promulgado una Ley de Asilo y Refugio que ha sido públicamente elogiada por la representación del Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los refugiados.
• Se ha profundizado en la protección de la libertad religiosa, aprobando una Ley de Objeción de Conciencia que pone fin a una situación en la que la coherencia con las propias convicciones conducía a la prisión.
• Se ha articulado, mediante el derecho de rectificación, la protección del ciudadano frente a las informaciones que alteren la realidad de los hechos.
• Se han regulado los derechos de participación constitucionalmente reconocidos, como el de reunión, y se han abierto los cauces, mediante la iniciativa legislativa popular, para que la participación de los ciudadanos en la cosa pública sea activa.
• Se ha hecho operativa esa figura constitucional, defensora de los derechos fundamentales, que es el Defensor del Pueblo, y que no pudo iniciar su andadura hasta que, en esta Legislatura, se procedió a la designación de su Titular.
• Se ha dotado a las personas que sufren deficiencias persistentes de carácter psíquico o físico de organismos tutelares bajo control judicial, mediante una reforma del Código Civil en materia de tutela.

Pero las libertades no valen sino lo que valen sus garantías. Y la mayor de las garantías es un Poder Judicial independiente y eficaz. De ahí que en todas las normas y procedimientos citados se otorgue al Juez un papel predominante.

En esta línea, se ha modificado la Ley de Enjuiciamiento Civil, que por sus más de cien años de vigencia estaba necesitada de una reforma, reclamada por todos los sectores afectados, sin embargo, repetidamente postergada.

La efectividad de la tutela judicial de los derechos y libertades depende de que el Poder Judicial sea independiente y eficaz y de que cuente con los medios personales y materiales necesarios.

Para asegurar la independencia y eficacia de los Jueces, y la correcta organización del Poder del que forman parte, el Gobierno ha remitido al Congreso de los Diputados un Proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial.

Para dotar al Poder Judicial de los medios que precisa para cumplir satisfactoriamente su labor, el Gobierno ha realizado y seguirá haciendo un esfuerzo sin precedentes; así, los créditos presupuestarios del Ministerio de Justicia afectos a la Administración de Justicia se han incrementado desde 1982 en 14.088 millones de pesetas, lo que supone un aumento porcentual en sólo dos años del 51,2 por 100.

La sociedad española disfruta de unas garantías de las libertades que son no ya similares a las que rigen en el Occidente contemporáneo, sino, en muchos aspectos, superiores a ellas, y se ha contribuido, con su esfuerzo legislativo, a elevar los techos de protección de la libertad.

3. El proceso autonómico y la Administración

El Gobierno, siguiendo el propósito manifestado en el anterior Debate, ha acelerado en este último año el proceso de transferencias a las Comunidades Autónomas, estando en estos momentos cercano a su culminación. Y ello se ha logrado con una escasa conflictividad, limitada, en general, a aspectos técnicos.

Asimismo, es preciso dejar constancia del impulso que se ha dado a las fórmulas y a los instrumentos de cooperación y coordinación entre los Ejecutivos de las Comunidades Autónomas y el Gobierno de la Nación, que es preciso consolidar y reforzar en el futuro.

Pese a las enormes dificultades que suponía pasar de un Estado centralista a uno descentralizado con una estructura autonómica, se puede decir que el Estado de las Autonomías que define el artículo segundo de la Constitución empieza a funcionar con un grado razonable de normalidad.

El Gobierno en cumplimiento del objetivo de dotar a los españoles de una Administración más transparente y eficaz ha dado pasos muy significativos e importantes.

Se ha racionalizado la estructura de los cuerpos de la Administración, se han creado las condiciones para que los funcionarios puedan desarrollar una auténtica carrera administrativa -alejada de las viejas concepciones corporativistas-, se están reestructurando las organizaciones central y periférica del aparato administrativo de la Nación y se está articulando un procedimiento escalonado para reestructurar o hacer desaparecer a aquellos Organismos autónomos que carecen de funciones o cuya labor puede realizarse con menores costes.

4. Política Exterior

Desde el criterio, en varias ocasiones señalado, de que esforzarse por la Paz y la Distensión, por los Derechos Humanos y por la prosperidad de la Comunidad Internacional, es también servir a los intereses y deseos del pueblo español, el Gobierno ha trabajado activamente en este sentido, especialmente en los organismos y conferencias internacionales y en las relaciones con Hispanoamérica.

España ha ganado presencia en el mundo, profundizando los ejes fundamentales de nuestra acción exterior: Proceso de integración europeo, desarrollo de nuestra política hispanoamericana, potenciación de las relaciones con el norte de Africa y esfuerzo por mejorar relaciones de vecindad. Todo ello desde una clara posición de Nación que comparte los valores del mundo occidental y del pluralismo democrático.

Es cierto que la atención ha estado centrada en los últimos veinte meses en llevar a buen fin la voluntad nacional de integrarnos en la CEE, y en los próximos meses -en función de los intereses nacionales y de nuestros compromisos con los países occidentales- se adoptarán decisiones definitivas en materia de Alianzas.

En el área de las relaciones exteriores, el Gobierno ha puesto especial empeño en llevar a buen fin la voluntad nacional de integrarnos definitivamente en Europa.

Es notorio el avance conseguido. Sin embargo, es evidente que la fase final en la que nos encontramos es la más delicada y complicada. El significativo peso demográfico, económico, social y cultural de nuestro país se hace sentir en este momento del proceso negociador produciendo un doble efecto y una misma resultante: la prolongación de dichas negociaciones hacia el acuerdo final.

Efectivamente, la proximidad de nuestra entrada agudiza por un lado ciertos problemas irresueltos dentro de la estructura actual de la propia Comunidad -dilatando la presentación de sus propuestas a España- y, por otro lado, hace endurecer las posiciones de ciertos países en algunos capítulos relevantes.

El Gobierno espera, no obstante, que se imponga el diálogo, conciliando los intereses de las partes con los del Proyecto común europeo, y se concluya el Acuerdo dentro de este año. Este hecho supondrá con seguridad la recuperación de la plena vitalidad de la Comunidad Europea ampliada y la posibilidad de un desarrollo más profundo de sus instituciones y de su funcionamiento.

Estos son los ejes del análisis que el Gobierno pretende exponer con más detalle en el debate general por él solicitado, que espero sea fructífero y clarificador para la Cámara y los ciudadanos.

Lo que traslado a V. E. a los efectos reseñados.

Madrid, 15 de octubre de 1984.-El Secretario de Estado para las Relaciones con las Cortes y la Coordinación Legislativa, Virgilio Zapatero Gómez.

Excmo. Sr. Presidente del Congreso de los Diputados.