El Gobierno suspende los plazos procesales del 27 al 31 de julio en los partidos judiciales afectados por los incendios forestales
28.7.2026
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto-ley que incluye, entre otras medidas, la suspensión de los plazos procesales en aquellos partidos judiciales en los que los incendios forestales han generado dificultades para el normal desarrollo de la actividad judicial y para el cumplimiento de los plazos procesales por parte de la ciudadanía y los profesionales.
Suspensión extraordinaria de los plazos procesales
La disposición adicional segunda establece la suspensión de los plazos procesales entre el 27 y el 31 de julio, ambos inclusive, en los partidos judiciales de Ávila, Arenas de San Pedro, Talavera de la Reina, Torrijos, Navalcarnero, San Lorenzo de El Escorial y Nules.
La suspensión se aplica con las excepciones habituales previstas en la legislación procesal, entre ellas las actuaciones urgentes del orden penal, los procedimientos de tutela de derechos fundamentales y los procedimientos de protección de menores, que no se verán afectados. Además, la norma incorpora una cláusula final que faculta al juez o tribunal para acordar la práctica de cuantas actuaciones judiciales resulten necesarias con el fin de evitar perjuicios irreparables para los derechos de las personas afectadas.
Asimismo, los profesionales cuyo domicilio profesional o particular se encuentre en alguno de estos partidos judiciales podrán poner esta circunstancia en conocimiento del órgano judicial competente para solicitar, con carácter excepcional y de acuerdo con la legislación procesal, la suspensión de plazos o vistas cuando resulte procedente. De este modo, las personas afectadas podrán centrarse en afrontar las consecuencias de la emergencia sin que ello repercuta en sus procedimientos judiciales.
Más protección para las personas y empresas afectadas
El Real Decreto-ley también permite a las personas y empresas afectadas por los incendios disponer de más tiempo para solicitar la declaración de concurso en caso de encontrarse en una situación de insolvencia. Y suspende temporalmente los plazos para reclamar derechos o iniciar determinadas actuaciones legales, evitando así que las dificultades provocadas por los incendios perjudiquen a las personas afectadas.
El Gobierno ha adoptado estas medidas en coordinación con los operadores jurídicos y atendiendo a las peticiones trasladadas por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE). Con ellas se refuerza la protección de las personas afectadas, se garantiza la seguridad jurídica y se procura que las consecuencias de los incendios forestales no limiten el ejercicio de sus derechos ni el acceso a la justicia.
El Real Decreto-ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado y producirá efectos respecto de los incendios forestales ocurridos a partir del 23 de julio.