El Gobierno prorroga por cuatro años el convenio con el Colegio de Registradores para reforzar la recuperación de activos del crimen organizado

Madrid (España)

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España han acordado la prórroga por un periodo de cuatro años del convenio de colaboración que permite a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) acceder directamente a información registral esencial para el cumplimiento de sus funciones.

Este acuerdo, firmado originalmente en junio de 2021, ha sido un instrumento clave en la política pública de lucha contra la criminalidad organizada, el blanqueo de capitales y otras formas delictivas asociadas al enriquecimiento ilícito. Esta renovación responde al elevado grado de satisfacción en la ejecución de sus objetivos y a la voluntad compartida de ambas instituciones de seguir mejorando los sistemas de localización y gestión de activos intervenidos judicialmente.

La ORGA, unidad especializada adscrita al Ministerio, desempeña un papel central en el decomiso de bienes procedentes de actividades delictivas, contribuyendo a que los efectos económicos del crimen puedan ser revertidos y reinvertidos en beneficio de la sociedad. Gracias a este convenio, la Oficina puede acceder de manera directa y segura a la información registral necesaria para realizar tareas como la identificación de titulares, el seguimiento de transacciones o evitar la caducidad de las medidas cautelares inscritas.

La colaboración con el Colegio de Registradores ha permitido, en estos cuatro años, agilizar notablemente los procedimientos de investigación patrimonial, reforzar la trazabilidad de los bienes y mejorar los mecanismos de cooperación judicial, tanto a nivel nacional como internacional. Además, se han consolidado canales técnicos de intercambio de información que han elevado los estándares de eficiencia, seguridad jurídica y transparencia.

Esta medida se enmarca en el compromiso del Gobierno de España con una justicia moderna, eficaz y orientada al interés público, y refuerza la cooperación institucional como herramienta fundamental para proteger el Estado de derecho y garantizar que los bienes obtenidos de forma ilícita no queden impunes ni fuera del alcance de la ley.