El Gobierno da los primeros pasos para la renovación del Tribunal Constitucional

Como ha destacado Bolaños, "ambos cumplen sobradamente con los requisitos de idoneidad establecidos en la normativa vigente, tienen un currículum muy destacado en el ámbito de las Ciencias Jurídicas y han desarrollado una carrera profesional basada en la excelencia y la defensa del Estado de Derecho".

Laura Díez Bueso es catedrática de Derecho Constitucional por la Universidad de Barcelona. Actualmente ejerce la vicepresidencia del Consejo de Garantías Estatutarias, órgano que vela por la adecuación al Estatuto de Autonomía catalán y a la Constitución de las normas con rango de Ley aprobadas en Cataluña. Entre otros cargos, ha sido directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica, directora del Departamento de Ciencia Política, Derecho Constitucional y Filosofía del Derecho de la Universidad de Barcelona y adjunta al Defensor del Pueblo de Cataluña.

Por su parte, Juan Carlos Campo es actualmente magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. A lo largo de su carrera, ha ostentado los cargos de ministro de Justicia, secretario de Estado de Justicia y vocal del CGPJ. Además, es miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, y su labor ha sido reconocida con la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort y la Gran Cruz de la Real Orden de Carlos III.

El ministro ha recordado que, una vez remitida la propuesta al Tribunal Constitucional para que este verifique formalmente que los candidatos reúnen los requisitos establecidos en la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Gobierno aprobará los correspondientes Reales Decretos para que S.M. el Rey pueda formalizar los nombramientos y, por tanto, la renovación parcial del tribunal.

Durante su intervención, Bolaños ha subrayado la obligación del Gobierno de cumplir los mandatos constitucionales relativos a la renovación de los diferentes órganos y ha mostrado su satisfacción por el hecho de que la decisión adoptada contribuya a devolver la normalidad institucional al Tribunal Constitucional.

Por último, el ministro ha mostrado su confianza en que esta decisión sirva para reforzar el compromiso de todas las instituciones y actores políticos con el principio de legalidad.