Félix Bolaños: "La memoria es un derecho de la ciudadanía. Un derecho de las víctimas"

14.7.2022

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha asegurado en su intervención que la España de hoy necesitaba profundizar en esta política de Estado que se inició con la Ley de Memoria Histórica aprobada durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

"La memoria es un derecho. Un derecho de la ciudadanía y, sobre todo, un derecho de las víctimas" ha dicho el ministro en su intervención, en la que ha repasado algunos de los artículos más importantes de esta ley.

La norma incluye la recuperación, salvaguarda y difusión de la Memoria Democrática, centrada en el conocimiento de la reivindicación y defensa de los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales a lo largo de nuestra edad contemporánea. Por primera vez se condena de manera expresa el golpe militar de julio de 1936 y la dictadura franquista.

La norma profundiza en el reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra de España y la Dictadura franquista, hasta la promulgación de la Constitución Española de 1978 y homenajea a todas las víctimas de la contienda. También reconoce la Ley de Amnistía como un logro de todos los demócratas y pone en valor la importancia de la Transición y de la Constitución de 1978, como pilar fundamental de la democracia.

El ministro ha expresado su confianza en que la ley sea la mejor herramienta para la materialización real y efectiva de las reivindicaciones de familias, asociaciones, historiadores e investigadores de temas de memoria. "Esta ley no es el final del camino, sino la hoja de ruta que España necesita. Una ley para el reencuentro, con la que vamos a ser una España mejor, una España más digna, una España más humanitaria. Una España donde la verdad prevalezca y las mentiras se olviden pronto", ha concluido.

Aspectos más relevantes de la ley

La ley se fundamenta en los derechos humanos y en los principios fundamentales del derecho internacional humanitario (verdad, justicia, reparación y deber de memoria) y da respuesta a las recomendaciones de los organismos internacionales, como Naciones Unidas.

Supone un avance respecto a la ley de Memoria Histórica de 2007 y avanza en sus objetivos.

Respecto a la verdad:

  • Declara el derecho de los familiares y la sociedad a conocer la verdad de lo ocurrido.
  • El Estado asume el liderazgo en la búsqueda e identificación de desaparecidos y el impulso de las exhumaciones.
  • Establece la elaboración de un censo de todas las víctimas de la guerra y la dictadura y se garantiza la preservación de documentos y el acceso a los archivos.
  • Impulsa la creación de un banco nacional de ADN de víctimas de la guerra y la dictadura y un registro y censo de víctimas.
  • Recoge un reconocimiento explícito del papel del movimiento memorialista y crea una estructura estable de participación a través del Consejo de la Memoria Democrática.

Respecto a la justicia:

  • Declara la ilegalidad de los tribunales franquistas de excepción y la nulidad de sus sentencias y pone en el centro de la acción pública a las víctimas. Esta declaración de nulidad dará lugar al derecho a obtener una declaración de reconocimiento y reparación personal.
  • Declara el derecho a la investigación de las violaciones de derechos humanos de la guerra y la dictadura hasta la promulgación de la Constitución de 1978.
  • Impulsa la creación de una Fiscalía de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática en la Fiscalía General del Estado como instrumento de la investigación.

Respecto a la reparación:

  • Avanza en la necesidad de realizar una auditoría y un inventario de bienes incautados y sanciones económicas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.
  • Se incluyen dos nuevos supuestos de adquisición de nacionalidad española para quienes sufrieron el exilio: los hijos e hijas, nacidos en el exterior, de españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de 1978, y para los hijos e hijas mayores de edad de españoles a quienes les fue reconocida la nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción.

Respecto al deber de Memoria como garantía de no repetición:

  • Los contendidos de Memoria se han incluido en las enseñanzas de ESO y Bachillerato.
  • Se fomentará la investigación en materia de memoria democrática

Además, la Ley reconoce expresamente el papel desempeñado por las mujeres en su lucha por la conquista de derechos y libertades que ocupan un lugar transversal y singular a lo largo de la norma. También establece la obligación de retirar vestigios franquistas, dispone la extinción de fundaciones que hagan apología del franquismo o actividades que supongan menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas y establece un régimen sancionador que garantiza el cumplimiento de la ley con multas que van desde los 200 a los 150.000 euros.

La norma establece dos días oficiales de memoria: el 31 de octubre, para el recuerdo y homenaje a todas las víctimas, y el 8 de mayo, para el recuerdo y homenaje de las víctimas del exilio.

Finalmente, incluye una regulación exhaustiva de los supuestos contrarios a la memoria democrática, avanza en lo relativo al patrimonio documental, regula los lugares de memoria y modifica el régimen jurídico del conjunto del Valle de los Caídos como paso previo a su resignificación.

La Ley de Memoria alcanza hasta el año 1978, año de aprobación de la Constitución Española, pero, como sucede en otras normas autonómicas, contiene una disposición adicional que permitirá la creación de una Comisión de expertos que pueda investigar posibles vulneraciones de derechos humanos a personas que lucharon por la libertad y la democracia desde la entrada en vigor de la Constitución hasta 1983.