La vicepresidenta en funciones presenta en Consejo de Ministros un balance de la ley integral contra la violencia de género

Para la vicepresidenta, los retos de futuro están marcados por la implementación total de la norma y por el cumplimiento de las medidas incluidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y el Convenio de Estambul.

En este sentido, la vicepresidenta en funciones ha señalado la necesidad de diseñar instrumentos normativos para abordar la violencia contra las mujeres fuera del ámbito de la pareja o expareja. Asimismo, sitúa la prevención y la información como motor del cambio, implicando al sector educativo y a los medios de comunicación.

Otro de los aspectos de futuro clave es el refuerzo de la coordinación y lealtad institucional. La vicepresidenta considera imprescindible poner en marcha cuanto antes los trabajos de la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de violencia de género, para que todos los grupos políticos se sientan implicados y corresponsables del desarrollo de cada una de las medidas acordadas por unanimidad. También ha requerido a Comunidades Autónomas y Ayuntamientos mostrar su compromiso y transformar los fondos en recursos eficaces para la prevención y el acompañamiento en todo el proceso al que se enfrentan las víctimas.

Aprobación y desarrollo de la Ley

La Ley integral supuso un cambio de paradigma para afrontar esta lacra. El primer hito que alcanzó la norma fue sacar del ámbito privado la violencia de género y el reconocimiento en nuestro ordenamiento jurídico de esta violencia como una violencia estructural. La vicepresidenta ha recordado el intenso debate parlamentario que, sin embargo, se saldó con un importante acuerdo cuyo resultado fue una pionera y ejemplar ley contra la violencia de género adoptada por unanimidad.

Su entrada en vigor se tradujo, inmediatamente, en un incremento exponencial del número de denuncias y de los mecanismos de respuesta ante ellas, como la creación de los Juzgados especializados en violencia sobre la mujer, la primera Fiscalía especializada en violencia sobre la mujer y la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia de Género, para el impulso de las políticas públicas en la materia.

Se crearon herramientas jurídicas, informáticas, judiciales, profesionales al servicio de las víctimas, sin precedentes, entre las que hay que destacar: el servicio de información y asesoramiento 016, que a su vez deriva llamadas a los servicios competentes de las Comunidades Autónomas (CC.AA); dispositivos telefónicos para la atención inmediata y a distancia a las víctimas en conexión con un Centro de atención; el seguimiento por medios telemáticos con cumplimiento de medidas cautelares y penas; el título habilitante para acceder a los derechos regulados en la Ley; recursos económicos, sociales, asistenciales, ambulatorios; y servicios de protección de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado especializados.

La vicepresidenta y ministra de Igualdad en funciones ha destacado el carácter integral y transversal de la ley, así como las leyes específicas desarrolladas por las Comunidades Autónomas y el profundo impacto en la administración local que, gracias al Real Decreto-Ley 9/2018 de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género, ha recuperado competencias en la materia.

Ámbito internacional

La ley integral convirtió a España en un referente mundial en la conquista de la igualdad y en la lucha contra la violencia de género. El desarrollo del sistema institucional español propiciado por la Ley integral ha sido observado por numerosos países y es considerada por ONU Mujeres una de las normas más eficaces para combatir y erradicar la violencia machista.

Nuestro sistema de protección se someterá próximamente a dos evaluaciones en el ámbito internacional. Será responsabilidad del Gobierno de España, según ha señalado la vicepresidenta, acudir a ambas citas con los deberes hechos.

En primer lugar, se ha comenzado el proceso para suministrar a la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) el IX informe periódico de España sobre cumplimiento de este convenio. Además, está previsto que, en el marco del Consejo de Europa, el Grupo de Expertos en la lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica (GREVIO), realice sus recomendaciones a España en el mes de marzo del próximo año después de la evaluación realizada por el GREVIO del periodo 2016-2017, recogida en el informe elaborado por el gobierno de España en 2018 y de la visita del GREVIO a España en el mes de septiembre de 2019.

Calvo considera imprescindible elevar el compromiso político de la Unión Europea y de los Estados miembros en la erradicación de la violencia de género, y para ello es necesario, en primer lugar, homogeneizar conceptos, metodologías estadísticas e indicadores, para proveer a Eurostat de datos exactos y comparables y poder desarrollar políticas efectivas y campañas de sensibilización y prevención. La falta de armonización estadística en los países de la UE sobre las víctimas mortales por violencia machista no permite conocer el número exacto de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en la UE.

En segundo lugar, ha apuntado la vicepresidenta, hay que avanzar en la consecución de la ratificación por todos los Estados Miembros, así como por la UE, del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Y de cara a la legislatura europea 2019-2021, Carmen Calvo espera que se cumpla con el compromiso político asumido de elaborar una estrategia integral de la UE para prevenir y combatir la violencia de género, incluyendo un acto legislativo que aborde el acoso en línea y la violencia cibernética.