El Congreso convalida dos reales decretos-leyes para avanzar en la transformación de la Justicia y reforzar la protección a ciudadanía y empresas

Mejora del servicio público de Justicia

Las actuaciones incluidas en el Real Decreto-ley 6/2023, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de Justicia,función pública, régimen local y mecenazgo, forman parte de los objetivos e hitos comprometidos con Bruselas para la recepción de los fondos europeos. Su aprobación permitirá a España recibir el cuarto desembolso de los fondos Next Generation EU, por un importe de 10.000 millones de euros.

Félix Bolaños ha señalado que se trata de la reforma de la Justicia más ambiciosa en décadas, un auténtico impulso reformista mediante el cual se materializan consensos políticos y sociales sobre la necesidad de digitalizar y modernizar este servicio público para hacerlo más ágil, eficaz y volcado en la ciudadanía.

La norma desarrolla, entre otros aspectos, acciones para adaptar el servicio al marco tecnológico y digital actual, a fin de garantizar el derecho de ciudadanos y profesionales a relacionarse con la Administración de Justicia por medios electrónicos, con especial atención a las personas con discapacidad. Entre estas medidas se incluye la generalización de la celebración de vistas y actos procesales por vía telemática o la creación de la Carpeta Justicia, que permitirá a cualquier persona consultar los expedientes en los que es parte o interesada, así como pedir cita previa para ser atendida.

Función pública, régimen local y mecenazgo

El Real Decreto-ley también recoge actuaciones de reforma de la función pública, su régimen jurídico y los instrumentos de gestión del empleo público, como la planificación estratégica de los recursos humanos, la evaluación del desempeño y su vinculación con el complemento salarial y con la provisión de puestos, la carrera horizontal o la regulación de la figura del directivo público profesional.

En materia de Administración Local, incluye medidas para acelerar y ampliar el despliegue de los servicios públicos locales también a través de medios digitales, apoyando a los municipios pequeños en la prestación de los servicios.

Respecto al mecenazgo, la norma introduce, entre otros aspectos, mejoras a los incentivos fiscales.

Proteger a la ciudadanía, combinando crecimiento y justicia social

En la intervención de defensa del Real Decreto-ley 8/2023 por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, el ministro ha señalado que la norma es absolutamente necesaria y representativa de una forma de hacer política que combina el crecimiento económico con la justicia social, el empleo y el bienestar.

Se trata de un paquete de actuaciones que supone la movilización de 3.800 millones de euros adicionales para proteger a familias, personas trabajadoras y empresas mediante reducciones fiscales, ayudas directas y bonificaciones. Entre ellas se encuentra la prórroga de la rebaja del IVA de alimentos básicos y de primera necesidad. Se extienden además las rebajas fiscales en electricidad, gas natural y pellets, briquetas y leña, así como la prohibición de cortar los suministros básicos de luz, agua y gas a los consumidores vulnerables.

Incluye la revalorización de 11,8 millones de pensiones y prestaciones para 2024. Las pensiones contributivas subirán un 3,8% y las pensiones mínimas, no contributivas, y el ingreso mínimo vital lo harán un 6,9%.

También prorroga de manera indefinida los impuestos a los beneficios extraordinarios de la banca y las empresas energéticas, así como a las grandes fortunas. Figuras tributarias que, según el ministro, han cumplido con eficacia el objetivo de avanzar en un sistema fiscal más progresivo, justo y redistributivo.

Asimismo, contempla la ampliación -hasta 38.000 euros- del umbral para que las familias de renta media puedan acogerse a las medidas de alivio hipotecario, así como la eliminación de las comisiones por retirada de efectivo en ventanilla para las personas mayores de 65 años o con discapacidad.

Finalmente, recoge actuaciones para afrontar los efectos de la sequía y para prorrogar las ayudas a las personas afectadas por la erupción del volcán de la isla La Palma, así como disposiciones para el fomento de las energías renovables y la competitividad de la industria, incluido el autoconsumo, y mayor protección para los investigadores.