Un nuevo horizonte para España

3. CATALUÑA

No podemos caer en la simplificación
No podemos acudir a un puro regionalismo tecnocrático que persiga una eficacia aséptica y tan alejada del sentir popular que no llegue siquiera a recoger y respetar las demandas de los ciudadanos, ni nos vamos a quedar en lo meramente cultural

DISCURSO ANTE LA DIPUTACIÓN DE BARCELONA

20 de diciembre de 1976

Con profunda satisfacción, me dirijo hoy por vez primera al pueblo de Cataluña. Lo hago como Presidente del Gobierno de un Rey que hace sólo dos meses decía en el Salón del Tinell: «Quisiera hoy reafirmaros la importancia excepcional que atribuyo a Cataluña y a la personalidad catalana en el conjunto de las tierras de España.» Y lo hago como Presidente de un Gobierno que en su Declaración Programática señaló nítidamente «la importancia del hecho regional» y el reconocimiento de «la diversidad de pueblos integrados en la unidad indisoluble de España». Ambas circunstancias son un indicativo claro de mi presencia en Barcelona. Por ello estamos asistiendo a un acto de honda dimensión política, inscrito en el marco de la nueva etapa constitucional que se anuncia para España.

Mi visita no es, pues, un simple acto de cortesía, sino una parte muy señalada del programa de gobierno que estamos cumpliendo y del espíritu de la Corona, a la que con orgullo servimos. De ese espíritu y de la amplia comprensión del hecho catalán por Su Majestad el Rey surgió precisamente el Decreto que creó la Comisión para el estudio de Régimen Especial de Cataluña, que hoy finaliza su fecundo trabajo.

A sus miembros quiero rendir testimonio de gratitud por el esfuerzo realizado y por las opciones ofrecidas. Al pueblo de Cataluña quiero decirle que sus aspiraciones son contempladas desde el Gobierno con realismo y afán de solución. Cuando el norte de nuestra convivencia está marcado por el principio de que ninguna causa sea olvidada, es lógico que el Gobierno se apresure a recoger las justas aspiraciones, las canalice, las asuma y las dé forma legal para que sean operativas. Si no lo hiciésemos, no seríamos fieles al sentido de servicio que tenemos de la política, ni ejecutaríamos el propósito de nuestra Declaración Programática de «facilitar la creación, a través de las leyes, de aquellos instrumentos de decisión y representación que propicien una mayor autonomía en la gestión de sus propios intereses y en desarrollo de los valores peculiares de cada región». Venir a Cataluña, señores, es encararse de lleno con el hecho regional. Y digo «encararse» porque es lo contrario a «eludir» o «soslayar».

Y al hacerlo, sabemos que tenemos que contemplar seriamente varias perspectivas: la derivada de la pujanza de las tradiciones, la lengua, la cultura, la idiosincrasia y las peculiaridades de toda índole, así como el regionalismo entendido como solución racional a la descentralización administrativa, para conseguir la mayor eficacia de los servicios públicos, para ordenar más adecuadamente el territorio y para lograr la mayor participación ciudadana.

Por ello —y permítanme que lo señale como principio de inspiración de nuestra política— no podemos caer en la simplificación. No podemos acudir a un puro regionalismo tecnocrático que persiga una eficacia aséptica y tan alejada del sentir popular que no llegue siquiera a recoger y respetar las demandas de los ciudadanos, ni nos vamos a quedar en lo meramente cultural.

Pretendemos asumir ambas concepciones, sin descuidar ninguna de sus facetas. La región, como unidad, ha de satisfacer las legítimas aspiraciones de afirmación de la personalidad de los pueblos, pero tiene que ser, además, un modo y un medio para la eficaz prestación de servicios públicos y, consecuentemente, para el progreso de la nación entera. Todo ello, con rigor. Todo ello, con seriedad. Todo ello, con realismo, porque institucionalizar la región no es sólo una necesidad de la hora presente, sino un reto de futuro en la organización del Estado. Y porque es un reto de futuro, el Gobierno que presido quiere —al igual que la reforma política— que las soluciones sean dadas por el pueblo a través de los representantes legítimos que surjan de las próximas elecciones.

El Gobierno —¡qué duda cabe!— podía sentir la tentación de los remedios de urgencia. Pero no sería realista, aunque fuera posible el intentarlo. Un Gobierno que conduce la transición reconoce la realidad del problema, asume la demanda de soluciones y, en consecuencia, prepara los instrumentos para que éstas puedan llegar según el auténtico deseo y el mandato de la sociedad. Por todo ello, nuestra postura actual es muy concreta.

Primero: Reconocimiento de la realidad regional, que exige una mayor autonomía en la gestión de los intereses propios y la creación de órganos adecuados a ese fin.

Segundo: Reconocimiento de la región como entidad autónoma de decisión y gestión de sus propios asuntos en el marco indisoluble de la unidad de España.

Tercero: Creación de los instrumentos necesarios y de las condiciones legales precisas para que la representación popular auténtica pueda decidir la forma y modo de cómo articular las personalidades regionales.

Cuarto: Convencimiento de que gran parte de los problemas comunes desbordan en su realización las áreas provinciales y postulan un tratamiento a nivel regional.

Dicho esto, es preciso significar que el hecho regional español presenta notorias diferencias con otros países. En efecto, en España son casi siempre las regiones más desarrolladas las que presentan unos perfiles diferenciales más acusados. Existen además injustos desequilibrios regionales. AI propio tiempo, la riqueza generada por las regiones de más alto nivel postula mayores inversiones en infraestructura y equipamiento. Por ello no caben soluciones uniformes. Y si hablamos de que sean los representantes de las regiones, elegidos de acuerdo con el nuevo pluralismo, los que den respuesta a los demandas, no estamos cayendo en una dejación. Al contrario: estamos expresando el máximo respeto al hecho regional y propiciando que, también en este terreno, sea la soberanía popular la que tenga la palabra.

Partiendo de estas consideraciones, el Gobierno se plantea como tema capital el hecho catalán: el hecho de un pueblo con personalidad propia y perfectamente definida, el hecho de una comunidad resultante de un proceso histórico que le confirió carácter y naturaleza propia dentro de la armonía de la unidad de España.

Por eso, porque nunca ha dejado de existir, el hecho catalán convive aquí con sencilla cotidianeidad. El sentimiento de Cataluña como unidad diferenciada no lo estamos inventando ni improvisando. Esto quizá sea demasiado elemental para decirlo en Cataluña, pero hemos de hacerlo para tratar de encontrar vías de solución y diálogo paralelas a ese reconocimiento. Nuestro tiempo nos impone la obligación de buscar lo que es cierto históricamente y no sólo válido en una circunstancia; lo que tiene raíces sólidas y, por tanto, posibilidades para el mañana; lo que es testimonio y no sólo fórmula.

Entender a Cataluña debiera ser tarea fácil, pero la retórica ha suplantado a veces los valores reales por elogios tópicos, cuando no interesados. Por eso, a la hora de intentar el camino de las soluciones, queremos empezar por el principio; por reconocer el testimonio catalán como un valor de fidelidad a la Historia basada en instituciones jurídicas; técnicas agrícolas, industriales y de organizaciones mercantiles, asentamientos rurales y urbanos; conceptos de la familia, de la convivencia y de la cooperación social, formas de vida religiosa.

Pero conocer la historia y distinguir las peculiaridades es relativamente fácil. Vivirlas sólo es posible si se tiene capacidad de innovación. Por eso es absolutamente necesario buscar respuestas con sentido actual y de futuro. Pienso que no podemos refugiarnos en un pasado puramente nostálgico, ni desconocer los nuevos ingredientes de la actualidad. Respetamos la Historia, pero las soluciones no pueden tener su único aval: tienen que apoyarse en un realismo actual, en un amplio consenso de adhesión popular y en la realidad sociológica de España y de sus regiones. Consecuentemente, los problemas culturales, comenzando por las legítimas exigencias de la lengua, tendrán un tratamiento específico. Los económicos y políticos, el que les corresponda y decidan los órganos representativos.

En lo cultural debemos congratularnos de que España haya nacido y crecido al calor de varias lenguas, y esto no hay que decirlo de pasada, sino ahondar en la idea de que el pluralismo lingüístico está vigente. También las soluciones en este terreno tratan de hallar la fórmula adecuada para que Cataluña pueda expresar su potencialidad y personalidad en el concierto nacional.

El tratamiento político exige, además del reconocimiento, el sentido de actualidad ya señalado, en el que figura la evidencia de una fuerte inmigración. Esta nueva situación creada por el desarrollo supone quizá un evidente enriquecimiento de la convivencia nacional, pero también plantea dificultades de adaptación sólo superables por la progresiva integración de los inmigrantes en la comunidad que los acoge y en la que rinden las energías y los frutos de su trabajo.

Tenemos ya un primer trazado del camino a seguir: los estudios de la Comisión del Régimen Especial de las cuatro provincias catalanas. Son unos estudios realistas, en cuanto han considerado como punto de partida la situación política actual de España y en cuanto que, partiendo de los más significativos datos históricos, perfila las posibilidades de futuro de una Cataluña, cuya potenciación se proyecta hacia la común empresa española. Sus planteamientos parten de la afirmación de su personalidad histórica; pero asimismo ni desconocen ni olvidan que esa comunidad nacional fue el fruto de la unión en un ideal común de los grandes pueblos que la constituyen. Así en el Proyecto de Régimen Especial que hoy entrega la Comisión se establecen unos principios que deseo destacar:

Universalidad, que evita cualquier tipo de privilegios;

Igualdad, que apunta hacia un regionalismo no discriminatorio entre territorios y pueblos;

Solidaridad, que abre el entendimiento con las otras regiones;

Autonomía, que supone la atribución de un ámbito propio de decisión para Cataluña;

Pluralidad, de formas regionales, cuando se cumplan los anteriores principios, y

Respeto a la voluntad del pueblo de España.

El razonado estudio de un Régimen Especial para Cataluña que la Comisión presenta es base importante y válida para ser sometido a la consideración de las futuras Cortes. Pero creo también que algunas de sus conclusiones pueden constituir una opción para el Gobierno y otras podrán convertirse en realidad en función del desarrollo de la Ley de Bases del Estatuto de Régimen Local. Por la trascendencia de las proposiciones presentadas y por la propia naturaleza del tema que abordan, el Gobierno asume el compromiso de estudiarlas con el detenimiento y profundidad que merecen.

Un primer paso es la propuesta de configurar un «Consell General de Catalunya», compuesto por todos los Diputados y Senadores de las cuatro provincias catalanas, elegidos por sufragio universal, y por unos representantes de cada una de las Diputaciones de Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona, al que se encomendará la elaboración de un Proyecto de Estatuto de Cataluña. Esta proposición está en concordancia con la Ley para la Reforma Política y con la filosofía política del Gobierno respecto al tratamiento de la institucionalización regional. Podrán, pues, los catalanes presentar su opción a las Cortes, para que éstas, como representantes de todo el pueblo español, adopten el acuerdo final.

La Comisión hace, Igualmente, una amplia propuesta de delegación y transferencia de funciones y servicios a favor de las Corporaciones locales, tanto en el orden económico como en el técnico y administrativo. La complejidad y el detalle del texto articulado que se presenta exige un estudio detenido. En todo caso, debo sobre este tema anticipar que el Gobierno comparte el criterio de descentralización de funciones y competencias a favor de la Administración local, en todo aquello que pueda significar unos mejores servicios para la comunidad y una mayor aproximación de la Administración a los ciudadanos y a la participación de éstos en las tareas que a todos interesan.

La creación de una Mancomunidad de las cuatro Diputaciones catalanas constituye otra propuesta operativa de la Comisión de Régimen Especial. El objetivo inicial de la Mancomunidad está previsto en la Ley de Régimen Local y tiene en Cataluña el recuerdo histórico de la gran labor que realizó la Mancomunidad presidida inicialmente por Prat de la Riba.

Corresponde ahora a las Diputaciones elaborar el oportuno Proyecto de Estatutos de la Mancomunidad de Cataluña, que deberá cimentarse en un acuerdo tan amplio como las instituciones provinciales lo consideren útil para el cumplimiento de sus fines.

El hecho catalán tiene como base y consecuencia diferenciales, según queda dicho, la existencia de una lengua propia y de una cultura vinculada al idioma.

Por ello, la Comisión de Régimen Especial propone la cooficialidad de las lenguas castellana y catalana.

El Gobierno entiende que de la misma manera que el bilingüismo castellano-catalán es un hecho normal en la vida familiar, cultural y social, puede serlo también en la vida oficial. Por ello el Gobierno comparte el principio de la cooficialidad del castellano y del catalán en el territorio de Cataluña.

En este contexto debo precisar que me parece más exacto hablar del reconocimiento del principio del bilingüismo, con carácter oficial, en Cataluña, pues la lengua es siempre un fenómeno social y sólo en ocasiones un fenómeno político y las decisiones acerca de su utilización no deben depender de la ideología del Partido o grupo que gobierne, sino de razones a la vez más humanas y pragmáticas: de su vigencia real como fenómeno de comunicación social. Pretendemos, en fin, algo tan normal como que todos los españoles puedan expresarse en la lengua española que realmente hablan, y todo ello con naturalidad, sin perjuicio de la lengua común que España eligió libremente y sin ninguna imposición, y que es de hecho su unitario medio de expresión hace ya más de cuatro siglos.

La implantación de este principio no es tarea fácil, pues debe tener en cuenta la realidad cultural y social de todas las regiones españolas y las complejas implicaciones que comportan las relaciones de unas con otras. Por ello, el Gobierno estima necesario que su implantación en el ámbito oficial y educativo debe ser gradual y progresivo, reflejando y animando la evolución natural del hecho idiomático, pero sin crear dificultades o traumas a las diversas comunidades e instituciones que deban utilizar distintas lenguas. En esta línea, la primera articulación operativa de la cooficialidad se podrá producir en las Corporaciones locales, para sucesivamente ir estudiando su aplicación a otros sectores de la actividad oficial.

En el orden cultural, el Gobierno que presido ha dado ya pasos importantes, tales como el reciente reconocimiento legal del prestigioso Institut d’Estudis Catalans, y se propone establecer a su vez una nueva regulación de la enseñanza en lenguas vernáculas en los casos que procedan, y mantener en todo caso el principio de la libertad de la elección.

A nadie se le oculta que vivimos un momento de excepcional trascendencia para nuestra Patria. Estamos empeñados en conseguir una transición pacífica hacia una nueva forma de convivencia política y establecer las bases sólidas de un régimen democrático, que estructure la gobernación del país mediante el reconocimiento del pluralismo de opciones políticas junto con una estabilidad y fortaleza de la autoridad, que permita el progreso del pueblo en paz, en libertad y en justicia.

Hoy tenemos la satisfacción de saber, después del Referéndum Nacional del día 15, que España desea el cambio pacífico, desea que la evolución se produzca desde la normalidad, y desea también poder participar en unas elecciones libres, fiables y democráticas para dar su representación a quienes merezcan su confianza. La expresión de estos deseos populares obligan a mucho al Gobierno. Le obligan sobre todo a proseguir en su tarea, ahora exigida por un consenso mayoritario.

La Ley para la Reforma Política sancionada por el pueblo español abre la puerta a más profundas modificaciones de la realidad legal de nuestra Nación. Entre esas modificaciones, que se harán en el futuro con mayor representatividad, con mayor autoridad, con un fiel reflejo de las tendencias de la base social, figura la justa comprensión del hecho regional y sus soluciones. Les invito, señores, a que de todo ello hagamos, en común, nuestra meta colectiva. Que ése sea nuestro próximo paso. El Referéndum ha sido algo más que el nacimiento de la esperanza de que es posible la democracia. Es, además, la oportunidad para que empecemos a contemplar con realismo, sin nostalgias ni temores innecesarios, los problemas más acuciantes de nuestro tiempo. Entre ellos figura el regional. Y dentro de éste, evidentemente, el de Cataluña.

PALABRAS EN LA TOMA DE POSESIÓN DEL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD

24 de octubre de 1977

«El Gobierno se plantea como tema capital el hecho catalán, el hecho de un pueblo con personalidad propia y perfectamente definida, el hecho de una Comunidad resultante de un proceso histórico que le confirió carácter y naturaleza propia dentro de la armonía de la unidad de España».

Hace diez meses que el Presidente que les habla pronunciaba estas palabras en este mismo Palacio de la Generalidad. Era el veinte de diciembre, cinco días después de que nuestro pueblo decidiera pasar a un sistema democrático. La significación de este acto y nuestra propia presencia aquí, demuestran que el tiempo transcurrido desde entonces ha sido un tiempo de construcción y trabajo; pero ha sido, sobre todo, un tiempo de lealtad a los compromisos y a las creencias, porque el Gobierno que presido ha querido siempre dar respuesta de eficacia a las demandas sociales de autonomía.

Cataluña está de fiesta, Cataluña recobra su más arraigada institución. Hoy Cataluña inaugura para España un prometedor futuro de concordia. Por eso es también día de esperanza en el resto de España; porque del acto de toma de posesión del Presidente de la Generalidad restablecida se desprende la evidencia de que a los pueblos de España les ha llegado —aunque sea con fórmulas transitorias de una etapa preconstitucional— la hora de su autogobierno.

Y por eso, sin ánimo de incurrir en el tópico, hay que decir que hoy es un día histórico para Cataluña y para España. Esta noble tierra recobra, como acabo de decir, su máxima institución. Pero hay que decir algo más. Hay que decir que por primera vez desde hace siglos el hecho catalán se aborda desde el Gobierno de la Monarquía y desde Cataluña, sin pasiones, sin enfrentamientos, sin violencias, sin plantear a priori hechos consumados ni acciones de fuerza.

Cuando todos somos protagonistas del compromiso colectivo de consolidar una democracia, Cataluña vuelve a ser testimonio y garantía de la eficacia del proceso. Si el respeto es esencia de la democracia, los negociadores de la Generalidad hicieron gala permanente de él. Si la democracia implica comprensión, la comprensión ha sido el gran factor permanente de tres meses de diálogo. Si la democracia supone serenidad y voluntad de pacto, éstas han sido las constantes de un proceso que hoy cierra uno de sus grandes capítulos con esta toma de posesión. He de decir que una autonomía que nace en estas circunstancias, no puede fracasar. En su mantenimiento reside la garantía de que la etapa que hoy se abre permanecerá siempre en los cauces de la razón política y del realismo.

Como máximo responsable de las acciones de gobierno en este tiempo, quiero subrayar, porque es justo y es verdad, el consenso con que se acordó este restablecimiento. Ha sido un consenso total, por parte de las fuerzas políticas que unánimemente lo solicitaron y de todo el pueblo que el pasado día quince de junio respaldó con su voto esa aspiración. Ese consenso fue asumido por mi Gobierno, fiel a su programa de encauzar las aspiraciones populares. La recuperación, pues, no supone la victoria de un partido, sino la victoria de un pueblo. Y el Presidente Tarradellas no accede a la Presidencia de la Generalidad como hombre de partido, sino con el apoyo de todas las fuerzas políticas. Su retorno es una operación de Estado que servirá para consolidar el proceso de democratización de la vida española. Como dato histórico que ya ha sido destacado, hay que decir que si fue Felipe V quien firmó el Decreto de Nueva Planta que anulaba las Instituciones autonómicas catalanas, ha sido el Rey Don Juan Carlos I quien las ha devuelto.

La cuestión catalana queda así excluida de cualquier matiz partidista y situada en el verdadero nivel en que deben de ser tratadas las cuestiones autonómicas, como asuntos de Estado. Con ello, la Corona ha prestado un nuevo e inestimable servicio a la estabilidad política de España.

Cuando el nuevo Gobierno surgido de las elecciones generales del quince de junio elaboró su Declaración Programática y formuló su expreso propósito de encontrar una respuesta a esta gran necesidad colectiva, no hacía una proclamación retórica, sino que actuaba desde la firme convicción de que a España y a su unidad sólo se la puede fortalecer desde el realismo y la capacidad de conjugar las distintas realidades que el Estado encierra.

No concebimos la autonomía como algo que viene a romper la unidad de España, ni del Estado Español. Es, por el contrario, un fenómeno de profundo sentido político que puede y debe superar el carácter centralista y uniforme de la organización de nuestra vida pública. La autonomía supone la responsabilidad y la capacidad de un pueblo para autogobernarse en las materias que determine la Constitución.

Y pienso que ha llegado la hora de proclamar que la mayor parte de los problemas que sufren nuestros pueblos sólo podrán tener solución duradera en la medida en que esos mismos pueblos no sólo sean partícipes, sino responsables de las tareas públicas. La idea de España y la idea de su grandeza no se nutren de un alejamiento público del poder, sino de un acercamiento de ese poder a todos y cada uno de los ciudadanos.

Es evidente, sin embargo, que cuanto digo no podrá encontrar su concreción máxima hasta que los temas autonómicos tengan su cauce definitivo en la nueva Constitución que preparan las Cortes. Se alcanzará la autonomía en su plenitud jurídica una vez que se apruebe esta norma suprema en la que ha de basarse un hecho de esta importancia política. La Constitución permitirá la regulación estatutaria de aquellas materias que sólo la primera de las Leyes puede habilitar.

Pero antes de llegar la Constitución, hemos querido dar respuesta a los deseos de Cataluña. Y al hacerlo no prejuzgamos más que la realidad de su existencia y de sus factores diferenciales. Prejuzgar esa realidad y esos factores es algo tan indiscutible y justo que cualquier Constitución que no lo hiciera causaría un grave perjuicio para España. La Generalidad, como se dice en el preámbulo del Real De-creo-ley del pasado veintinueve de septiembre, «es una Institución secular en la que el pueblo catalán ha visto el símbolo y el reconocimiento de su personalidad histórica, dentro de la unidad de España». Al recuperarla, Cataluña recupera una parte muy importante de su ser como comunidad.

Señoras y señores:

Quiero proclamar desde esta Barcelona, síntesis de experiencia e historia, que el Gobierno que presido es plenamente consciente de su responsabilidad. Todos los españoles y todas las Instituciones de esta época tenemos encomendada una misión trascendente. Debemos crear un nuevo Estado, partiendo de la legalidad vigente. Tenemos que proponer al pueblo español unas nuevas normas de convivencia. Hemos tenido que iniciar una vida parlamentarla democrática, sin antecedentes próximos. Deseamos integrar a España en áreas económicas y políticas internacionales, pues ello constituye parte de nuestro interés y de nuestra voluntad de futuro. Estamos en la obligación de consolidar alternativas de poder y de hacer posible un auténtico juego de partidos y de fuerzas sindicales y empresariales vigorosas y responsables.

Todo este cúmulo de responsabilidades se da cita en un incierto contexto internacional y en una crisis económica que, aun no siendo dramática, es ciertamente grave. El Gobierno que presido asume estas realidades y estas obligaciones con serenidad y esperanza. El restablecimiento de la Generalidad indica que las soluciones razonables existen y que si un día prometí gobernar desde el diálogo, hoy puedo proclamar que el acto al que hoy asistimos es el resultado de un ejercicio de diálogo y de pacto del que sólo pido que sea ejemplo para el resto de los pueblos y de los problemas que nuestra comunidad tiene planteados.

Como acaba de decir el señor Presidente de la Generalidad, Cataluña ha cultivado desde antiguo el sentido del pacto. Y no podemos olvidar que el pacto es el fundamento mismo de la democracia, y el Parlamento es el instrumento que permite su formalización entre todas las tendencias ideológicas del Estado. A partir de la decisión parlamentaria, ya es posible gobernar con autoridad.

Yo espero, señoras y señores, que Cataluña, desde la ilusión de sus instituciones recobradas, desde su esfuerzo empresarial y desde su responsabilidad laboral, contribuirá decisivamente a superar nuestros problemas. El pueblo catalán, promotor de iniciativas en todos los sectores de la vida, y amante de sus propias instituciones, será la mejor garantía del recto funcionamiento de la Generalidad de Cataluña.

Al Presidente Tarradellas, mis mejores palabras de bienvenida. Su retorno es todo un símbolo de reconciliación. Somos todos conscientes, señor Presidente, de lo que representa este regreso suyo. Sus entrevistas en Madrid con las primeras autoridades del Gobierno y del Estado, y muy especialmente con Su Majestad el Rey, debe ser justamente valorado en lo que supone de reconocimiento de la decisión de la Corona de restablecer la Generalidad.

Comprendo el cúmulo de recuerdos y emociones que pesan en estos momentos sobre su persona, y la tensa esperanza ante las responsabilidades que asume. Mis palabras no quieren ser un simple testimonio de deseos de éxito. Mis palabras quieren ser de aliento y de promesa de apoyo. Si hace unos meses empeñábamos nuestro compromiso en reconocer el hecho catalán y dotarlo de instituciones propias, hoy ese compromiso es hacer que la Generalidad sirva a su pueblo. Porque siéndolo, Cataluña y toda España habrán entrado en un nuevo capítulo de concordia y eficacia.

Señor Presidente.

Catalanes todos: Enhorabuena.