El Gobierno ante el Parlamento
4

2. DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO EN EL PLENO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

20 de septiembre de 1983

Señor Presidente, señoras y señores Diputados, me complace comparecer ante la Cámara, por iniciativa del Gobierno, antes de cumplirse los diez meses de mandato del mismo. Y me complace hacerlo para abrir un debate que significa también una experiencia nueva. Un debate sobre la situación general de España.

Los puntos de referencia del debate constan en una comunicación ya transmitida al Congreso de los Diputados.

Como he dicho es difícil definir el carácter de este debate por constituir una experiencia que no se había producido, que tengo la esperanza de que sea fructífera y también de que se repita en años ulteriores.

Toda experiencia nueva es susceptible de ser criticada desde muchos puntos de vista. En los últimos días he observado cómo algunos portavoces alegaban que un debate sobre los problemas generales significaba un intento de ocultar la necesidad de debatir problemas sectoriales o problemas concretos. Desde ahora quiero afirmar que este debate general no excluye sino que complementa cualquier otro de los que soliciten sus señorías o cualquier otro de los que ya han solicitado los miembros del Gobierno. También se podría haber hecho la crítica a la inversa; si no se ofreciera un debate general probablemente se podría haber reclamado, y pienso que con mayor razón, porque es difícil analizar los problemas sectoriales, tanto a nivel interno como en las relaciones de España con el mundo sin tener en cuenta la globalidad de los problemas.

Y en el frontispicio de esta intervención, que espero sea una introducción parlamentaria en el sentido más original y auténtico del término, les quiero asegurar que el Gobierno mantiene, como equipo, íntegramente su voluntad de llevar adelante el programa que había anunciado.

También querría añadir una reflexión breve sobre la democracia. Las propias palabras que acabamos de oír, que son un homenaje a Simón Bolívar, podrían servir de punto de referencia. Con cierta frecuencia perdemos de vista la importancia de la época histórica que nos ha tocado vivir. Con cierta frecuencia olvidamos que por primera vez se produce un fenómeno como el de la coexistencia o la existencia de un Gobierno nuevo socialista en una Monarquía parlamentaria y —añado inmediatamente— de un Gobierno socialista que ha tenido, como toda la nación española, la oportunidad de ver cómo se cierra un ciclo histórico, el que se haya atribuido a Su Majestad el Rey el premio Simón Bolívar, que fue la figura que encarnó la lucha contra la monarquía española por la libertad de los pueblos de Iberoamérica.

Son sólo dos puntos de referencia y podría alargarme en la consideración de algo que pienso con harta frecuencia: los españoles, ansiosos de libertad, perdemos muchas veces la capacidad de asimilar el ritmo histórico de los cambios que se están produciendo. Daría la impresión de que los más se encontraban hambrientos de libertad y que frente a la llegada de las libertades quieren ocuparlas todas y ya, en un momento. Daría la impresión de que algunos reclaman que se haga antes de ayer lo que durante decenas de años no se ha conseguido hacer, y también los menos dan la impresión de que se resisten a modificar sus situaciones y sus privilegios. Cualquier cambio histórico necesita su ritmo, cualquier cambio histórico necesita su adecuación, de todo eso tenemos que ser conscientes todos.

He oído críticas sobre las que no me detendré mucho tiempo y comprenderán fácilmente por qué. Yo creo que son críticas menores; sin duda alguna, con una cierta justificación, pero son críticas de las que podríamos considerar críticas políticas con minúscula, no críticas políticas con mayúscula.

Se ha dicho en estos días, y me ha causado cierto asombro, que el Gobierno puede tener buenas intenciones, pero inexperiencia y al mismo tiempo se ha dicho, y se ha repetido hasta la saciedad, que el Presidente del Gobierno no confronta sus opiniones con la Cámara o con la opinión pública. Incluso se me ha atribuido el calificativo de «reina madre» que no desciende a la arena política para confrontar esas opiniones.

Permítanme que les haga una pequeña reflexión en torno a este tipo de críticas. Hace un año en esta fecha se habían disuelto las Cámaras y se iba a iniciar un proceso electoral. Pues bien, hace un año las críticas que se hacían a lo que podía ser entonces un futuro equipo de gobierno, no conocido más que por las personas que integraban el Partido Socialista, eran exactamente que no tendríamos personas con capacidad para llevar adelante los asuntos de Estado y que yo figuraba permanentemente al frente del Partido Socialista como la persona que tapaba esa insuficiencia del equipo de nuestro entorno. Muy pocos meses después —todavía no se han cumplido los diez—, el argumento que se da es el contrario, cada uno de los responsables políticos del Gobierno en las distintas áreas asumen su responsabilidad y confrontan sus opiniones con las críticas, y, entonces, inmediatamente, se reclama que el Presidente del Gobierno acuda a confrontar sus opiniones.

Yo creo que todo el mundo sabe en esta Cámara y también fuera que jamás rehuí un debate, jamás rehuí un debate. Es más, que quizá sea la única persona que haya tenido la experiencia —atravesada por un problema grave—, la experiencia de hacer un debate sólo desde esta tribuna frente a múltiples intervenciones, no una sino varias.

Al Gobierno se lo califica de gobierno bien intencionado pero con poca experiencia. Observen que, dialécticamente, es fácil responder que las buenas o las malas intenciones, a partir de una cierta edad, qué difíciles son de cambiar; pero la experiencia se adquiere pronto cuando se trabaja duro y cuando uno se pega al terreno. Y tienen razón los que dicen que no tenemos ninguna experiencia de gobierno, tienen razón; pero, ¡qué fácil sería argumentar que los experimentados de ayer —«ayer», con minúsculas; no me refiero a nada ni a nadie—, los experimentados de ayer, con mayor o menor buena intención —que nunca juzgo— nos colocaron en la situación que hemos encontrado, en la que estamos hoy!

Por tanto, por eso digo que son críticas de menor cuantía. Quizá deberíamos elevarnos siempre por encima de tal nivel de críticas para intentar hacer de un debate parlamentario —como yo deseo que sea éste— un debate constructivo que nos acerque a la realidad, que nos dé con los datos de la realidad una proximidad suficiente como para no distorsionarla con la opinión, porque toda realidad se compone de esa misma realidad, de los proyectos que tratan de cambiarla y de las opiniones que se vierten sobre esa realidad y que a veces la distorsionan, conduciendo psicológicamente a muchos centenares, millares de ciudadanos, que oyen unas opiniones que a veces no se corresponden exactamente con lo que está pasando.

Y, antes de entrar, también querría para que nadie pensara que cualesquiera de los temas que nos ocupan y que nos preocupan, y que son de actualidad, va a ser eludido, hacer una breve, concisa y, si quieren, discreta referencia a un problema que ha preocupado a la opinión pública: un problema en relación con la institución militar y muy reciente. Sólo voy a hacer dos observaciones al respecto.

La primera: el Gobierno tiene una información permanente sobre cuál es la opinión y el estado de ánimo en las Fuerzas Armadas; la recibe a través de la línea de mando, es decir, por el cauce correcto, por el cauce adecuado, y, en la mayoría de las ocasiones, las inquietudes o las opiniones coinciden con las inquietudes de la mayoría de la sociedad, con las preocupaciones de la mayoría de los ciudadanos. Primera observación por consiguiente para que se sepa que ese canal existe y que el Gobierno ha tratado y tratará en el futuro este tema con discreción, y me remito a la etimología del concepto «discreción», que no significa ocultamiento, pero que exige la prudencia necesaria para que no se haga un pacto permanente de debate de una relación especialmente delicada por un hecho, por el hecho de que la institución militar, al contrario que otras instituciones de la sociedad, o asociaciones, o grupos, tienen menos capacidad de expresarse públicamente que ellas, y por consiguiente de decir públicamente lo que piensan. Están limitadas por las Reales Ordenanzas, por su propia estructura jerárquica y por su misión.

Segunda observación que querría hacer; he oído muchas observaciones sobre ese problema que se ha producido en los últimos días. Les diré lo que más me ha preocupado y, por consiguiente, lo que menos lo doy por excluido, que no quiere decir que no me haya preocupado; lo que más me ha preocupado de lo que se ha producido, aparte de que el canal de la línea de mando a través del que llegan al Gobierno las opiniones no ha sido utilizado, lo que más me ha preocupado es que todavía haya algunas personas, militares o civiles, que puedan pensar que la Constitución prevé un supuesto de hecho en el cual no es el Parlamento quien tiene que controlar al Gobierno, sino alguien al margen del Parlamento. Si se da un supuesto de mayor o menor vulneración de la constitucionalidad, son los poderes del Estado los que tienen que decidir el juicio de valor que le merece esa situación, y todos deberíamos contribuir a hacer esa pedagogía política para que se entienda. Por tanto, cuando algunos hablan de poder militar autónomo, quiero decirles que existe una misión, alta misión, de las Fuerzas Armadas de España, no un poder autónomo. Me atrevería a decir que fuera de la democracia ocurre lo mismo, pero la democracia sobre todo tiene perfectamente establecidos sus poderes; y sería absurdo llevar la interpretación de la Constitución hasta un supuesto en el cual la propia Constitución previera la subversión de ese orden constitucional y, por consiguiente, la suplantación de la soberanía popular por un poder ajeno a esa representación popular.

Ni me detendré más en este problema ni hablaré más de él, es simplemente algo que creo que merecía la pena aclarar ante esta Cámara, porque sé que trascenderá fuera de las fronteras de esta Cámara y despejará algunas dudas o algunas citas sobre si unos ciudadanos u otros piden una u otra cosa.

En los puntos de referencia contenidos en la comunicación hemos intentado que el debate se oriente a partir de cuatro grandes bloques de análisis: un bloque socioeconómico; un bloque administrativo autonómico o de las autonomías y las Administraciones Públicas; otro que compone el binomio de la libertad y de la seguridad; y otro que compone justamente la proyección exterior de España.

Yo huiré de dos tentaciones: la primera, aparecer con un optimismo ciego y poco justificado ante realidades difíciles; la segunda, caer en una posición de catastrofismo que niegue la potencialidad, la posibilidad de superar la crisis política y económica por la que hace tiempo atraviesa España.

También advertiré desde el principio que todos los problemas que a efectos de exposición fácilmente pueden separarse en un discurso no pueden, sin embargo, estar separados a la hora de contemplar el diagnóstico de la ralidad nacional; la situación de España y, por consiguiente, el análisis general sobre esa situación.

Vivimos en un mundo en crisis, se repite con mucha frecuencia, y cuando empiece por esa descripción algunos ya pensarán que la justificación de nuestros problemas queremos encontrarla fuera de nuestras fronteras. Pues no. Vivimos en un mundo en una profunda crisis económica; una crisis económica como no se había conocido, una crisis económica que ha producido niveles de paro, niveles de deuda exterior de muchos países, niveles de hambre y de miseria, y que al mismo tiempo está atisbando una revolución tecnológica, al paso que también un inicio de recuperación económica. Ese mundo nos condiciona, ese mundo nos limita, pero no totalmente, como diré luego. Vivimos en un mundo políticamente también en crisis. No hay más que observar el incremento de las tensiones Este-Oeste, no hay más que observar el agravamiento de los conflictos regionales, sea en Oriente Medio, sea en Centroamérica. Pero, aun así, no se puede caer en el pesimismo de pensar que no se puede dar ningún paso en la dirección de la paz. Algunos esfuerzos se ven compensados por un éxito relativo como el de la Conferencia de Seguridad y Cooperación Europea en Madrid, pero esperanzador aunque esté turbado por el agravamiento de la crisis del Líbano o por un hecho tan incalificable como el derribo y muerte de trescientas personas en un avión de pasajeros civiles.

Pues bien, ese mundo que nos rodea y cuyas influencias recibimos es un mundo en el que estamos inmersos y con el que estamos relacionados. Quizá convenga repetirlo muchas veces para evitar las tentaciones autárquicas o aislacionistas, porque a veces el Gobierno recibe el calificativo de Gobierno tercermundista porque se preocupa de los problemas de Iberoamérica, o porque se preocupa de las tensiones que se producen en algún lugar de la Tierra. Habrá que decir a los ciudadanos que la guerra Irán-lrak, además del tremendo costo humano, además de lo que es violación permanente de ese derecho elemental a la vida, puede provocar en nosotros un colapso parcial de los suministros energéticos, por qué no recordar lo, por qué no recordar que la deuda exterior que pesa sobre países iberoamericanos al mismo tiempo limita nuestra área de exportación, y no sólo ya por un sentimiento de solidaridad con países fraternos, sino también por intereses nacionales que algunos reducen sólo a intereses económicos, nos interesa encontrar una respuesta sensata, una respuesta prudente a la deuda de esos países del continente Iberoamericano.

Pero ya he enunciado al principio que en ese marco convulso que es el mundo en que vivimos hay muchos países, la mayoría, que están en peor situación que nosotros; otros, una minoría, que están en una relativa mejor situación que nosotros. Pero España, los españoles, y desde luego el Gobierno, ni quieren ni pueden conformarse al destino que pueda venir dado por esa evolución exterior. Somos perfectamente conscientes de que cada nación, cada pueblo, tiene su margen de autonomía para enfrentar los problemas y para intentar superar esos desafíos, y nosotros estamos dispuestos a utilizarlo. Qué duda cabe que afirmamos una y otra vez que un despunte, una regresión en la recuperación económica internacional puede favorecer nuestra propia recuperación económica. Todo el mundo es consciente de ello, pero aunque ese hecho no se produjera, el saneamiento de nuestra economía para conseguir incrementar el empleo, bien sea en lo que se refiere al déficit, bien sea en lo que se refiere a la inflación, bien sea en lo que se refiere a la modernización de nuestra industria o de nuestra agricultura, es imprescindible. Por tanto, tenemos que utilizar ese margen y estamos dispuestos a utilizarlo.

Imperceptiblemente estoy introduciéndome en uno de los grandes paquetes que deberíamos analizar en este debate: la situación social y económica de la nación española. De nuevo tendré que dar un paso atrás para reiterar la advertencia que al principio de esta intervención ya hice: la situación económica no es separable de la capacidad que tengamos para construir definitivamente el Estado de las Autonomías y resolver los problemas aún no resueltos de una Administración que tiene una legislación preconstitucional y a veces incluso en contra de las disposiciones de la propia Constitución.

No es, por consiguiente, un problema al margen de la capacidad que tengamos de ir modernizando y haciendo eficaz el aparato conjunto del Estado, ni tampoco está al margen el análisis de la crisis económica de la conquista de un clima de paz social, en el sentido más amplio del término, de la conquista de un clima en el cual, sin limitar, sino al contrario, respetando estrictamente todos los derechos que la Constitución nos da a todos los ciudadanos, seamos capaces de no abusar y traspasar los límites de la Constitución creando situaciones de inquietud, creando situaciones de desconfianza, cuando no llegando a comportamientos que me atrevería a calificar de cuasi delictivos.

Por tanto, luchar contra la crisis económica y lo contrario, también sería válido decirlo, supone efectivamente afrontar los problemas de la Administración, afrontar los problemas de un mejor clima de paz social y afrontar también los problemas de una política exterior que nos sirva para defender fuera de nuestras fronteras los valores que nos son propios; valores también de paz, valores de justicia, valores de progreso económico y de pluralismo, porque haciendo eso estaremos sirviendo también a nuestros intereses nacionales.

Hace muy pocos meses —a veces parece que hace muchos meses— hace poco más de nueve meses anunciábamos en esta Cámara algunos de los objetivos económicos del Gobierno con plena conciencia de la gravedad de la crisis. Yo en este debate no voy a entrar, naturalmente, en el repaso de todos y cada uno de los Ministerios, salvo que sus señorías quieran repasar uno por uno los quince departamentos ministeriales, quiero hacer el análisis general. Pues bien, hace nueve meses decíamos que el objetivo fundamental de toda política económica era la prestación del servicio al hombre, ponerla al servicio del hombre, igual que la tarea política debe ser una prestación de servicios a los ciudadanos y no una mera confrontación entre políticos; eso que a veces hace que nuestros conciudadanos digan que son peleas entre políticos nuestros debates o que son problemas de clase política. Esa política económica dirigida a prestar servicio a la sociedad tiene como objetivo fundamental, lo decíamos entonces y lo reiteramos ahora, generar empleo, luchar contra el paro, y si recuerdan casi literalmente las palabras que anuncié entonces, consistía exactamente en lo siguiente: intentaremos detener la caída del paro para en los siguientes años incrementar el empleo.

Bien, estamos a veinte de septiembre, hoy creo poder afirmar que hemos detenido la caída del paro, que se ha estabilizado la población en paro y que tengo la esperanza de que éste sea el resultado final del trabajo de este año. Algunos dirán: «Que no es suficiente.» A mí tampoco me parece suficiente; lo único que quiero es recordar que en los últimos años la media de destrucción de empleo se situaba en el entorno de los doscientos cincuenta mil trabajadores por año y en el último año se logró disminuir porque hubo un Acuerdo Nacional sobre el Empleo con unas características que ya se conocen; y miren lo que les voy a decir: no creo que se pueda atribuir al esfuerzo político-económico del Gobierno, es verdad que también estamos tocando el fondo de lo que ha sido la crisis del incremento de empleo; por tanto, no voy a tener esta tarde ni una sola vez que atribuirme en exclusiva un mérito que es un esfuerzo de la sociedad, o bien un límite al que se ha llegado en la sociedad.

Anunciamos que detendríamos en el primer año, o que intentaríamos detener, la caída del empleo para estabilizar la situación y poder progresar en los años siguientes. Se está consiguiendo ese objetivo. Todavía se oye algún rumor cuando se habla de esto, pero habían más rumores cuando decíamos hace nueve meses que intentaríamos que la inflación se situara en el doce por ciento este año, que llevábamos varios años en el suelo entre el catorce y el quince por ciento; en un suelo, por consiguiente, que significaba el doble de la media de la OCDE; lo mismo que ocurría, y todavía ocurre, con el problema del paro, aunque haya crecido más la media de la OCDE. Pues bien, el objetivo del doce por ciento de inflación quiero presentarlo también prudentemente.

No me voy a referir a las cifras ya conocidas, que indican un descenso muy fuerte en la inflación —y no me voy a referir porque no ha acabado el año y efectivamente puede remontar el índice de precios al consumo—, pero sí les puedo asegurar ahora, creo que con más fundamento y disminuyendo el tono de la sonrisa sarcástica que se oía hace nueve meses, que ese doce por ciento se va a cumplir. Por consiguiente, esa es otra pequeña o gran batalla —como quieran calificarla— que va a ganarse este año, también con la ayuda de un esfuerzo múltiple. Naturalmente, será más creíble cuando a final de año hayamos constatado que se ha bajado desde ese suelo del catorce o catorce y medio por ciento, si afirmamos que nuestro objetivo para el próximo año será el ocho por ciento de inflación, y trataremos, por consiguiente, de acercarnos a ese diferencial que nos separa de la media de la OCDE. Era un objetivo que estamos intentando alcanzar.

Había en los últimos años un crecimiento del déficit de las Administraciones públicas que todos considerábamos como peligroso, que considerábamos como un grave riesgo para la economía española. Nos propusimos detenerlo en el primer año y nos proponemos para el año próximo bajarlo medio punto, cifra prudente. Algunos pensarán que se debería bajar en su totalidad y dejarlo a cero, pero nadie nos ha dicho ni dentro ni fuera de nuestras fronteras cuál es la fórmula. La lucha contra el déficit empieza a ganarse, empieza a cambiar la tendencia de ese déficit creciente en una progresión geométrica en los últimos años.

Miren, se pueden hacer muchas consideraciones, como en el problema de la inflación. Se puede decir que el crecimiento del déficit lo que hace efectivamente es desviar una cantidad enorme de recursos —y lo estamos comprobando— hacia la financiación del sector público, que tiene un peso relativamente pequeño en la economía española y, sin embargo, se lleva un porcentaje grande de las posibilidades de financiación, mientras que el sector privado disminuye en su capacidad de recibir esa financiación. Es un argumento justo; y si esa financiación no es capaz de producirse al sector privado, difícilmente vamos a ser capaces de remontar la crisis, aumentando las inversiones productivas desde todos los puntos de vista y sobre todo desde el empleo. Es un argumento cierto; pero déjenme que les diga otro argumento que para mí tiene tanta o mayor importancia, porque, lo comprendo, este Gobierno no está dispuesto a que el déficit lleve a España a la bancarrota y, por consiguiente, tiene la firme voluntad de controlarlo y disminuirlo.

Cuando termine nuestro mandato no presentaremos una gestión con un país que tenga que acudir a foros internacionales para recibir ayuda, si tiene crédito para recibir esa ayuda. Trataremos por razones nacionales, es decir, de treinta y ocho millones de ciudadanos, de bajar ese déficit de las administraciones públicas. Y lo conseguiremos.

Hablábamos de combatir el desequilibrio de nuestras balanzas, de nuestra balanza comercial y de nuestra balanza de pagos. Ya en aquel momento advertíamos, y lo hemos reiterado, que cuando se trata de relaciones con el exterior es muy difícil controlar todas las causas de equilibrio o desequilibrio. Y hemos pasado unos primeros meses de preocupación, porque nuestras exportaciones no se incrementaban y, sin embargo, sí se incrementaban nuestras importaciones, que además se encarecían por el precio del dólar. Hemos empezado a superar esa preocupación por que, efectivamente, va mejorando nuestra balanza comercial, se están incrementando las exportaciones y tenemos la esperanza de conseguir el objetivo de exportación que nos habíamos fijado para el conjunto del año, a pesar de ese incremento de nuestras importaciones por la subida del precio del dólar, subida del precio del dólar que deberían conocer todos los ciudadanos —yo creo que ya lo saben—, que no es sólo para la moneda española, sino para todos los países de la Europa Occidental, por no remitirnos a otros. Por consiguiente, habrá que ver qué comportamiento ha tenido la moneda española en relación con esos países de nuestro entorno económico, incluso siendo económicamente más poderosos que nosotros, para llegar a la conclusión de que nuestra moneda ha tenido un comportamiento bastante ajustado, un comportamiento medio, que se ha revalorizado respecto de algunas divisas y que ha bajado en su cotización, aunque levemente, respecto de alguna otra divisa. Eran algunos de los objetivos que nos habíamos fijado.

Estamos, por consiguiente, en una situación en la que sería realmente improcedente, y yo creo que imprudente, afirmar que la política económica está entrando en una línea de mejoría clara; hay que seguir advirtiendo la gravedad y la profundidad de la crisis porque es verdad; hay que seguir por ese camino que excluye soluciones dramáticas o drásticas o soluciones de dejadez que permita un crecimiento del consumo interno, con una expansión que no se justifica por nuestra propia capacidad de generar recursos y de mantener equilibrios.

Hablábamos del dos por ciento de crecimiento del PIB. Digo más, en la Investidura hablé del dos y medio por ciento y un mes después, es decir, en enero, corregimos diciendo que no se podría alcanzar sino el dos por ciento. En los meses anteriores hemos observado que hemos llegado hasta el uno coma siete por ciento. Hay opiniones sobre que posiblemente se puede alcanzar el uno coma ocho o el uno coma nueve por ciento, acercarnos a la media deseada; otros que piensan que no, que puede caer la actividad industrial en los meses venideros. Y como yo no quiero ocultar ninguna de las realidades latentes, sólo les quiero decir que es la primera vez que crece en esa proporción en los últimos años, a mucha distancia de los anteriores, y añadir algo más: la media de crecimiento del Producto Interior Bruto de la OCDE de Europa va a ser, para el año 1983, del cero coma cinco por ciento. Por consiguiente, si nos situamos en las cifras que acabamos de anunciar, también por primera vez estaremos creciendo con un margen muy importante, por encima de la media de la OCDE de Europa.

Este esfuerzo que se está produciendo ha ido acompañado de una política salarial que sitúa a la media de los salarios convenidos por encima del once y medio por ciento. Eso quiere decir que el conjunto de las retribuciones salariales va a estar, como saben todos los que conocen esta materia, por encima del índice de precios al consumo. Y yo ruego a todo el mundo cuando habla de determinado sesgo de la política económica del Gobierno, creo que con poca consciencia —e introduzco la «s»—, con poco conocimiento de la realidad en la que nos movemos, que se dé un repaso sobre la evolución de los salarios en otros países de nuestro contexto europeo, para que compruebe cuántos países han tenido que limitar el crecimiento de la masa salarial en relación con el crecimiento del índice de precios al consumo. Y este año van a rebasar los salarios ese índice de precios al consumo.

Todavía tengo envidia de algún presidente, que hemos recuperado para la Cámara, que consiguió unos acuerdos, en los que había un sacrificio, por debajo del IPC, lo que se llamó el Acuerdo Nacional sobre el Empleo. Tal vez en algún momento sea necesario pedir una operación de esa naturaleza y tengo la esperanza de que este Gobierno merezca, al menos, la misma confianza de las organizaciones sociales que mereció el Gobierno anterior, a la hora de pedir un esfuerzo colectivo.

Dirán que estoy haciendo una exposición fundamentalmente de política macroeconómica, y es verdad, pero estoy oyendo en los últimos meses muchas críticas sobre el Gobierno y, como algunos de ustedes han dicho, las oigo en silencio y quizá me calle más de lo que fuera necesario, quizá debiera contestar mucho más a esas críticas, pero dentro de las limitaciones de nuestros recursos, con la agudeza de la crisis económica que padecemos y que hemos dicho claramente haciendo aflorar el problema de la crisis económica como primer problema nacional con el que tenemos que enfrentarnos, dentro de eso, hemos hecho el máximo esfuerzo por hacer, además, una política social progresista, limitada como limitados son los recursos, pero progresista.

Les voy a poner algunos ejemplos para no hacer una larga ennumeración. Algunos me dirán que no hablo de la Educación. Ha habido trescientas veinte mil plazas escolares más este año y ha habido más de doce mil maestros más con un empleo como maestros porque se han desdoblado plazas escolares, pero me refería a otro aspecto. Este verano, y todavía ahora, hemos oído decir con insistencia que hay un grave problema con el empleo comunitario; el problema que hay es de fondo, es el de la concepción misma del Empleo Comunitario.

Les voy a dar unas cifras; unas cifras que tienen que conocer los ciudadanos para que sepan, cuando les dicen algo en la calle, qué les están diciendo de verdad y qué no les están diciendo de verdad, para que sepan asumir sus propias responsabilidades sin lugar a engaño.

A finales del mes de agosto se había producido un incremento en las cantidades destinadas al Empleo Comunitario del sesenta y seis por ciento respecto al mismo período del año anterior; sesenta y seis por ciento. Por consiguiente, habíamos hecho un primer esfuerzo por cubrir necesidades sociales, necesidades sociales que conozco bien porque las he vivido. Y aún me queda el dolor de tener que decir con claridad algunas cosas que son difíciles de decir desde una tribuna, cuando no se quiere caer en la tentación de la demagogia. Ese incremento del sesenta y seis por ciento en los fondos del Empleo Comunitario no va a torcer nuestra voluntad de evitar que se cometan fraudes en el Empleo Comunitario —y los que me oyen saben que algunos se cometen— mientras que otras personas todavía no son atendidas en sus necesidades; necesidades muy fuertes en algunos pueblos de mi tierra, que conozco bien, hay alguno que dice: me compré un coche con el Empleo Comunitario. Pues bien, reclamo la solidaridad y la responsabilidad de todas las organizaciones sociales para que el dinero se distribuya con justicia y con equidad; para que llegue donde tiene que llegar, mientras que se cambia ese procedimiento de atender necesidades sociales que reconozco, como lo he reconocido siempre, que es profundamente injusto; pero, al mismo tiempo, para que se tome conciencia de que hay que ser todos responsables o corresponsables, evitando situaciones fraudulentas, se produzcan donde se produzcan, aquí, en la Seguridad Social o en el contrabando. En todos los sectores donde se produzcan esas situaciones de fraude hay que tener una firme posición para combatirla.

Este Gobierno ha colocado la jornada laboral en cuarenta horas; cuarenta horas después de medio siglo. Haré alguna observación sobre esto. Se han hecho algunas críticas sobre la aplicación de la jornada de cuarenta horas; probablemente algunas críticas con su parte de razón, con alguna justificación; no lo voy a discutir siquiera. Lo único que quiero decir —y decirlo públicamente— es que el hecho de haber producido un cambio legal, colocando la jornada en cuarenta horas, es un hecho que tiene una dimensión histórica y riesgos, pero que tiene una dimensión histórica de más de medio siglo, que no se va a ver empañada porque haya habido tal o tal mecanismo de aplicación durante tres o cuatro meses. Es posible que tengamos que esperar otros muchos años en nuestra historia para que se produzca legalmente otro cambio de jornada tal como el que se ha producido; e inmediatamente llamaré la atención sobre algo importante. Hablar de la jornada de cuarenta horas no significa hacer una política social sólo en el sentido del progreso, pero que pueda ser interpretada como un mensaje de que hay que trabajar menos. No es cierto. Los que tenemos el privilegio de trabajar, cuando es un derecho constitucional reconocido —lo dije antes de ser responsable del Gobierno y lo repito ahora como Presidente—, tenemos al mismo tiempo la obligación de trabajar más y mejor. Tenemos la obligación de rendir, porque hay muchas personas que no tienen esa oportunidad ni la tendrán si no somos capaces de aumentar nuestra competitividad y, por consiguiente, la calidad de lo que producimos. No hay, por consiguiente, ninguna guardia que se baja ante ese mensaje que reiteré hace un año por esta fecha incansablemente y que ahora, desde la responsabilidad del Gobierno, con la experiencia adquirida, vuelvo a poner de manifiesto en la tribuna del Congreso.

Muchos otros datos podría referir de esos esfuerzos de política social y otros tendría que decir con dolor que no los hemos podido atender; que no los hemos podido atender porque no nos llegaba el dinero, todavía mal distribuido incluso desde el punto de vista presupuestario, todavía gastándose inútilmente en algunos rincones difíciles de penetrar en la Administración del Estado y, sin embargo, perdiendo la oportunidad de repartirlo con mayor justicia, ya que es escaso.

Pero entre las críticas al Gobierno, se olvidan que las pensiones más bajas han subido el dieciséis por ciento el año anterior. ¿Puede eso producir satisfacción? No, porque el resultado son veintitrés mil quinientas pesetas; simplemente quiere decir que se ha hecho el esfuerzo de subirlas por encima (y son el setenta y tres por ciento del total) del índice de precios al consumo, en tres puntos este año, sin que nos produzca ni satisfacción ni consuelo, porque siguen siendo bajas. En los años anteriores no se habían podido subir, no se habían subido. No lo juzgo, simplemente digo que han subido tres puntos por encima del índice de precios al consumo, y que aun siendo insuficientes ya suponen un esfuerzo y una orientación.

Y todo esto lo digo —podría añadir muchas cosas más— para calmar a aquellos impacientes que piden que se resuelvan hoy, en nueve meses, problemas que a veces tienen doscientos años (algunos citaré de los que tienen doscientos años).

Alguno, hoy, me dirá: ¿cuánto han avanzado ustedes en la respuesta al problema de Gibraltar? Pues sí, es una explicación que hay que dar y que se puede debatir, pero no es un problema de ayer ni de anteayer; es un problema del siglo XVIII. Algunos están reclamando para este Gobierno que resuelva anteayer problemas permanentes.

Perdónenme que les diga que ante una situación económica como la que vivimos yo les pediré a los ciudadanos paciencia y confianza. La dirección de la política económica puede y debe ser juzgada. Ahora bien, no nos precipitaremos; mantendremos la prudencia y, en toda la medida que podamos, la firmeza en el proyecto, pero tampoco nos pararemos ni nos pararán los privilegios ni, desde luego, nos acelerarán produciéndonos impresión de vértigo aquéllos que quieren que todo se modifique inmediatamente, y que lo quieren ahora. Lo querían mucho menos ayer.

Permítanme que me refiera a partir de ahora a otro bloque importante en esta introducción al debate: el bloque de la política autonómica y de las Administraciones públicas. Intentaremos hacer algo que me parece que tiene importancia.

Yo no voy a juzgar desde esta tribuna las intenciones más o menos autonomistas de otros grupos; las declaraciones sobre cuál es la voluntad autonómica o no. Observen lo que les digo: de este Gobierno se ha dicho a lo largo de todo el año, del año que llevamos transcurrido, que no tiene voluntad autonómica. Ni siquiera lo voy a discutir. La verdad es que en los meses de acción de Gobierno que llevamos, yo creo que todo el mundo convendrá conmigo en que se ha complementado y se ha completado el mapa autonómico. Se han celebrado elecciones en todas las autonomías que no las habían celebrado aún. Se han puesto en marcha instituciones de autogobierno de esas comunidades autónomas y se ha alcanzado un volumen de transferencias absolutamente desconocido, que también era lógico por el número de nuevas autonomías en marcha. En fin, el volumen de transferencias en decretos producidos por el Gobierno es cuatro veces mayor en nueve meses que todos los que se habían producido en los cuatro años anteriores. Y era lógico, además, porque hay que producir transferencias para muchas más comunidades autónomas. Simplemente estoy hablando de un ritmo cuantitativo de transferencias en la construcción del Estado de las autonomías.

Hay un dato más significativo, porque algunas personas dirán que eso no se nota respecto de su autonomía concreta. Les daré otro dato. El año pasado se produjeron treinta y seis recursos contra disposiciones por parte del Gobierno de la nación; treinta y seis impugnaciones contra otras tantas disposiciones de las Comunidades Autónomas catalana y vasca. Este año, a lo largo de los nueve meses, se han producido nueve impugnaciones. De treinta y seis a nueve. Aun así, se puede decir que la conflictividad es mucho mayor, pero los números son esos. No niego ni hago declaraciones de intenciones.

En sentido contrario, se han producido el año anterior veintisiete impugnaciones respecto de disposiciones del Gobierno Central, procedentes de estas dos comunidades autónomas. Este año han disminuido a doce impugnaciones.

Estamos consiguiendo algo —que, desde luego, tenemos que mejorar y perfeccionar— que es reducir el grado de conflictos que trascienden la frontera de comunicación de los gobiernos autonómicos y del Gobierno de la nación, y eso me parece, en principio, positivo. Eso me parece un dato de la realidad difícilmente negable.

Pero ya sé que el problema no es, ni siquiera, de cantidad ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer para culminar el proceso de construcción del Estado autonómico?

Sólo haré una declaración de éstas que se consideran de principio, pero que tiene bastante interés que la hagamos para todos, empezando para mí.

Yo creo que es exigible para todos la lealtad constitucional. Es decir, el respeto a la Constitución, el respeto a los estatutos y el respeto a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

La lealtad constitucional debe traducirse con toda simplicidad en lo siguiente: construir el Estado de la autonomía manteniendo la unidad de España firmemente. No hay otro camino.

Y a partir de esa declaración de principios, que sí quiero hacer y que seguro que comparten todas sus señorías, abordaré los dos puntos fundamentales de referencia que se esperan en este debate respecto de lo que significa la situación actual del proceso autonómico.

El primero, la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la LOAPA (hoy LPA) y, por consiguiente, las consecuencias de esta sentencia. El segundo la concreción y el desarrollo de la oferta que ya se hizo de un acuerdo institucional.

El clima de relaciones se enrareció, sin duda alguna, por la propia presentación de la ley y por los recursos y las impugnaciones ante el Tribunal Constitucional. Se ha producido un fenómeno que puede llegar a ser paradójico: la sentencia de la LOAPA ha producido, y me parece normal, satisfacción en los grupos y en las instituciones que impugnaron la sentencia. Por eso yo, desde esta tribuna felicito a esos grupos y a esas instituciones que ganaron su impugnación, su recurso.

Inmediatamente después, debo añadir, a mí la sentencia del Tribunal Constitucional me parece buena, pero al margen de que me parezca buena o no buena, como le puede parecer a otro, al margen de eso, hay algo más importante y es que hay que cumplirla. Por consiguiente, difícilmente podríamos presenciar la paradoja de que alguien nos pidiera que no se cumpliera habiéndose sentido satisfecho por el hecho de que se hubiera producido esta sentencia.

Estamos, por consiguiente, dispuestos a que se cumpla estricta y rigurosamente la sentencia del Tribunal Constitucional. Y con eso creemos que damos satisfacción fundamentalmente a lo que es un mandato, una obligación constitucional, pero también a los grupos que impugnaron y ganaron su recurso.

Permítanme que les diga en términos generales lo que la sentencia ya ha dejado claro: este Parlamento, las Cortes Generales, no tienen la facultad de interpretar la Constitución en lo que se refiere a lo que el Tribunal viene llamando también bloque constitucional, constitución o estatuto. El Parlamento no puede interpretarlo. No puede hacer, por consiguiente, esa labor que queda exclusivamente en manos del Tribunal Constitucional. Por tanto, aceptemos como principio este que se establece en la sentencia.

A partir de ahí habría que decir: de acuerdo todo el mundo que si el Parlamento de la nación no puede interpretar la Constitución o los estatutos, que hay mecanismos como las comisiones de transferencias que son los que tienen que estar adecuando el desarrollo de esos estatutos a su propio contenido y a la Constitución, mucho menos se podría hacer una interpretación de la Constitución al margen de esta Cámara. Yo creo que eso va de suyo, si la Cámara no tiene la facultad nadie puede tenerla fuera de ella que a fin y a principio de cuantas representa la soberanía de nuestro pueblo.

Hablando de un acuerdo institucional de hace unos meses en el que fueron despejadas algunas sombras de dudas, y creo que estando todo el mundo de acuerdo en lo que acabo de decir respecto de la voluntad del Tribunal Constitucional, permítanme que les haga algunas referencias que espero sean precisas y claras sobre lo que entiendo que queda por hacer, cómo podemos hacerlo y entre quién podemos hacerlo.

A lo largo de estos años se han aprobado leyes muy importantes, leyes que articulaban diferentes instituciones, que configuraban el Estado actual, leyes referidas al Tribunal Constitucional, al Tribunal de Cuentas, al Consejo General del Poder Judicial, etcétera, etcétera; piezas claves para el funcionamiento constitucional del sistema. Queda todavía un bloque de leyes a mi juicio extraordinariamente importantes, y ese bloque de leyes se refieren al funcionamiento, a la ordenación, a la articulación de las Administraciones públicas: la Administración Central, la Administración autonómica y la Administración local. La mayor parte de la legislación referida a esas Administraciones es una legislación preconstitucional, y, en muchos casos, choca con el propio deseo de la Constitución de establecer una estructura distinta del propio poder del Estado. Por consiguiente, habría que adaptarla a esta nueva situación, y hay un mandato constitucional para hacerlo. Forman un bloque homogéneo, están referidas en su inmensa mayoría al artículo 149.1.18 de la Constitución, son leyes que, a mi juicio, pueden y deben —si se consigue— ser consensuadas —expresión a la que muchas veces se ha hecho referencia—, acordadas; no son leyes que comporten un proyecto político concreto, son las derivadas de un mandato constitucional que nos va a permitir a todos trabajar con unas Administraciones públicas al servicio de todos y, por consiguiente, podríamos muy bien y deberíamos tal vez ponernos de acuerdo por encima de lo que pueden ser lógicas diferencias de ideología o de pensamiento. Citaré algunas: por ejemplo, el régimen estatutario de los funcionarios públicos, la ley de bases de régimen local; la ley de procedimiento administrativo común; la legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas; sobre régimen presupuestario, financiero y contable; sobre responsabilidad de las Administraciones, de sus autoridades, de sus funcionarios y agentes. No voy a hacer «numerus clausus».

Se puede discutir y se puede ver cuáles son esas leyes que admiten una negociación y un acuerdo institucional. ¿Entre quiénes? Me apresuro a decir que entre los que estamos aquí; es decir, entre los grupos parlamentarios representados en la Cámara. Ese es el diálogo lógico para llegar a un acuerdo. Algunos tendrán la inquietud de decir: pero eso excluye la posibilidad de dialogar con las instituciones autonómicas o los gobiernos autonómicos. En absoluto excluyo esa posibilidad pero establezco una clara distinción. Intentemos un compromiso entre nosotros y después hagamos un diálogo o al mismo tiempo una consulta con los poderes constituidos en las autonomías.

Primera parte, por consiguiente, de una oferta que, como digo, tiene una unidad en su conjunto y que nosotros estamos dispuestos a empezar ya; la ley de bases de régimen local, habiendo pasado por el Consejo de Ministros en el mes de julio, y algunos aspectos de la reforma de la Función Pública, también podrían estar, como otras, ya dispuestas para que pudiéramos ponernos de acuerdo en los ejes fundamentales, en los principios fundamentales que inspiren esa legislación antes de traerlas al debate procedimental reglamentario; y observen que no he dicho antes de traerlas a esta Cámara sino al debate procedimental oportuno y, por consiguiente, no antes de traerlas a esta Cámara sino trayéndolas a esta Cámara porque he hablado de éste como el foro necesario para ponernos de acuerdo.

Habría que hablar ahora de lo que no es acuerdo institucional, pero que constituye una preocupación que yo respeto y, por consiguiente, a la que voy a dar una respuesta. ¿Qué no es acuerdo institucional? Hay todavía un paquete legislativo en el propio artículo ciento cuarenta y nueve de la Constitución —y también fuera de ese artículo ciento cuarenta y nueve, pero fundamentalmente en él— un paquete legislativo importantísimo, de leyes en las que se van a establecer bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica, bases y coordinación general de la sanidad, régimen económico de la Seguridad Social, medio ambiente, etcétera, etcétera. Hay más, pero hacer una enumeración exhaustiva tampoco merece la pena porque vienen en la Constitución los mandatos y, por consiguiente, el propio artículo ciento cuarenta y nueve nos lo indica.

Querría que se me entendiera exactamente tal como lo voy a decir. En esas leyes se establecen bases y en ellas se contiene, aunque no sea su objetivo fundamental, delimitación de competencias del poder central del Gobierno de la nación y de competencias de los gobiernos autónomos. Por consiguiente, en ellas va implícito un problema delicado: el problema de delimitación, de hasta qué punto se está irrumpiendo en una competencia que ya corresponde a la comunidad autónoma o hasta qué punto no se está llegando a agotar la propia competencia atribuida por la Constitución al Gobierno de la nación.

Habría que intentar evitar con un esfuerzo de todos, lo he dicho antes, el recurrir permanentemente al Tribunal Constitucional, de una y otra parte. Eso se podría conseguir en base a un diálogo. Repito la expresión diálogo —y a cada palabra quiero darle exactamente el valor que tiene—, un diálogo que tiene dos direcciones, una dirección, que es la que va del Gobierno de la nación a las comunidades autónomas —y el plural significa inclusión, no exclusión—, a las comunidades autónomas para evitar que haya una zona de rozamiento en la delimitación de las competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, utilizando un lenguaje al uso que a veces es ambivalente, y en la otra dirección también, porque la comunidad autónoma tiene que legislar desarrollando esas bases y, por consiguiente, delimitar las competencias que le son propias sin invadir las competencias del Estado.

En consecuencia, tendría que establecerse previamente un mecanismo que impidiera que se llegara a una zona de rozamiento que nos llevara permanentemente a un conflicto que tuviéramos que resolver en instancias distintas.

¿Por qué digo que aquí el compromiso no es la palabra adecuada? Muy rápidamente lo voy a expresar. No es adecuado el compromiso en el sentido del consenso porque estas leyes que he citado forman parte en su sustancia, no en este aspecto de la delimitación de competencias, de proyectos políticos distintos que nacen de voluntades políticas que se convierten en mayoritarias en una nación plural y democrática. Por tanto, tienen que pasar por un trámite parlamentario normal de debate, de discusión y de exposición de las distintas alternativas. No sería propio que llegáramos a intentar poner de acuerdo a todo el mundo en proyectos políticos que forman, digamos, la propia esencia de la pluralidad, de la diversidad democrática.

Creo que he establecido con la suficiente nitidez lo que es el acuerdo institucional en su dimensión de acuerdo y en la apertura a un diálogo complementario. Acuerdo, y ese diálogo complementario.

Y también he establecido claramente una oferta en cuanto a la delimitación, en algunas leyes como las que he citado, de las competencias entre el Estado y las comunidades autónomas.

Llamo la atención, porque hay mucha gente que no lo sabe, de que los problemas se producen en las dos direcciones: que hay veces que la comunidad invade la competencia del Estado al desarrollar las bases establecidas en una ley o al desarrollar sus competencias, aunque no haya una ley previa, y a veces el Gobierno de la nación hace la misma cosa y, por consiguiente, invade una competencia atribuida por el bloque constitucional, por los estatutos y la Constitución a la comunidad autónoma.

Creo que esto centra fundamentalmente —digo— la preocupación que he venido observando en las últimas semanas e incluso meses respecto a una relación entre el Gobierno de la nación y los gobiernos autónomos. Tendría que añadir, pero creo que tiene menos contenido y forma más parte del adorno, que en estos nueve meses he recibido prácticamente a la totalidad de los presidentes autonómicos, y, desde luego, a la totalidad de los que me han pedido una entrevista.

Por consiguiente, se dice que no hay ninguna comunicación. Yo he recibido a la totalidad de los que han solicitado una entrevista y creo que quedan uno o dos que todavía no he tenido la ocasión de recibir.

También quiero decir claramente a la Cámara que si alguien tiene un modelo alternativo claro, preciso, que ofrecer estamos absolutamente dispuestos a recibirlo de buen grado para intentar terminar esta obra de construcción del Estado de las Autonomías a la que le falta sin duda alguna esa pieza importante —probablemente también otras— que acabo de citar a través de la oferta del acuerdo institucional.

Voy a entrar inmediatamente en un problema que constituye una preocupación para el Gobierno y creo que para todos: el problema de la libertad y de la seguridad, ese binomio tan estrechamente unido que creo que todos concebimos como una seguridad que garantice la libertad, no como una seguridad que sacrifique la libertad sino que garantice la libertad. En este tema, quizás, sea más importante que en otros decir que las opiniones que se transmiten forman a veces parte del estado de ánimo, del estado sicológico que se genera en la sociedad que recibe esas opiniones.

Hay, por tanto, un factor importantísimo a tener en cuenta y ese factor importante, a mi juicio con un esfuerzo de responsabilidad, debe adecuarse a lo que son los datos objetivos de la realidad que ya son en sí preocupantes, y a los que por consiguiente no hay por qué añadirles dosis de preocupación más o menos real más o menos ficticia, que inciden sobre la conciencia de los ciudadanos. Les diré por qué hago esta afirmación. Porque a la largo de la década de los setenta se han producido —y estos días está muy al uso hablar de ello— se han producido tres salidas importantes de reclusos a la calle. Una afectó a unos siete mil, creo que fue a finales de mil novecientos setenta y cinco (lo digo de memoria, cualquiera lo recordará conmigo). Ninguna de esas salidas se produjo por la aplicación o por el desarrollo de una norma exigida por la Constitución; se produjeron por la vía del indulto. Yo no recuerdo que nunca se hayan dicho tantas cosas de aquellas salidas de reclusos como se están diciendo estos días simplemente porque el Gobierno cumple la Constitución y por consiguiente reforma el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento. Añado inmediatamente de esto, y cumple la Constitución reformando el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento con la ayuda y el estímulo de sus señorías con la responsabilidad del Gobierno pero con la ayuda y el estímulo de sus señorías prácticamente sin excepciones. Lo podemos ver con tranquilidad en el debate para que ustedes vean hasta qué punto es verdad. Hemos sido instados muy poco tiempo después de llegar al Gobierno, instados una y otra vez para que se aceleren, entre otras, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento y se acabe con una situación que se juzgaba por las personas que nos instaban (también desde ésos bancos) que se juzgaba intolerable y poco acorde con la Constitución por la prolongación de las situaciones de provisionalidad o de prisión provisional de muchos de los reclusos aún no penados.

Bueno, dicho esto tengo que decirles a continuación que el Gobierno está seriamente preocupado por la progresión de la delincuencia común; seriamente preocupado. Y, por consiguiente, que hace e\ máximo esfuerzo desde el punto de vista de la dotación de infraestructura, tanto en la Administración de Justicia como en la propia reforma penitenciaria en sí mismo, como en la propia adaptación de las fuerzas de seguridad, para contener la progresión.

A veces se producen confusiones, y ni siquiera intencionadas. Durante unos días he estado oyendo —en relación con la memoria que ha presentado el Fiscal General del Estado— comentarios sobre el incremento de la delincuencia y sinceramente creía que la inmensa mayoría de los ciudadanos estaban pensando que era el actual y era el del año pasado. Y, sin embargo, es verdad, pero la transmisión a través de los medios de comunicación a veces no quedaba demasiado clara para los ciudadanos. Y, efectivamente, hay una progresión preocupante de la delincuencia. Fíjense que sin ofrecer datos estadísticos que permiten un juego siempre corto y desde luego siempre torpe, les diré que tenemos ya indicadores suficientes para saber que la misma progresión o el mismo incremento que se produjo a lo largo de mil novecientos ochenta y dos respecto de la situación anterior se va a producir en mil novecientos ochenta y tres respecto del año mil novecientos ochenta y dos, incluido eso que se critica tanto de la modificación del Código Penal y de la Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y digo que no voy a jugar con las estadíticas porque todavía no son suficientemente fiables.

Les voy a dar una indicación: respecto del segundo semestre de mil novecientos ochenta y dos no ha aumentado en el primer semestre de mil novecientos ochenta y tres la delincuencia común. Sin embargo, sí ha aumentado si se compara el primer semestre con el primer semestre del año mil novecientos ochenta y dos, y todo el mundo sabe —al menos los que han tenido responsabilidades de esta naturaleza— que el segundo semestre del año siempre conoce un mayor incremento de la delincuencia común. Se han producido, por tanto, mayor cantidad de delitos comunes. Algo también debería añadir: se han producido menor cantidad de lesiones en las personas y menor cantidad de homicidios. Por consiguiente, hay una evolución que en los delitos contra las personas empieza a decrecer o ha decrecido —nunca se puede decir que va a decrecer permanentemente; hay que intentarlo—, mientras que en los robos, en los hurtos, ha aumentado o ha progresado.

Tendría que decirles que nosotros partimos de una base que creo que toda la Cámara comparte: la presunción de inocencia es, sin duda alguna, la que tiene que dar la acción —desde el punto de vista policial y desde el punto de vista global— del Gobierno.

Nosotros estamos pasando de una fase en la que la presunción de inocencia tal vez se interpretaba como que se presumía que todo el mundo era culpable mientras no se demostrara lo contrario. No digo todo el mundo (la mayoría), mientras no se demostrara lo contrario. Pues bien, ahora hay que presumir que las personas son inocentes mientras no se demuestre lo contrario. Y a partir de ello —la única demostración es la demostración judicial—, y a partir de ello decir también, porque conviene algunas veces recordar cosas que pueden parecer como de Perogrullo, pero que forman parte de la realidad, que estamos construyendo dos cosas: una, que siempre hay un desfase entre la reforma que se produce y la adaptación institucional que tiene que responder a esa reforma. No ha ocurrido nunca, históricamente, al contrario. Es decir, que si queremos progresar en una reforma del Código Penal que se adecue no sólo a criterios de modernidad y de progreso, sino que se adecue simplemente a criterios de humanismo —en el que también incluyo el humanismo cristiano—, no tenemos más remedio que asumir que ese efecto se produce.

En segundo lugar, la responsabilidad del Gobierno es un patrimonio cultural de la sociedad española. Lo que pasa es que no siempre se es coherente con el patrimonio.

También habría que decir que el Gobierno pone en marcha todos los mecanismos del poder ejecu tivo para luchar contra la delincuencia; todos los mecanismos del poder ejecutivo. Y, además, insta al Fiscal a que ponga en marcha todos los mecanismos de la Fiscalía, y ahí termina la labor del Gobierno.

Es decir, la persecución del delincuente, de un supuesto presunto delincuente, en una sociedad democrática, se produce y después se pone en manos del juez y el juez es el que define la culpabilidad o no del delincuente.

Ese es, exactamente, el grado de responsabilidad del Poder ejecutivo, y el grado de responsabilidad del Poder judicial, afortunadamente independiente en la sociedad española por mandato constitucional y por el propio desarrollo de la Constitución que hemos querido darnos. Aun así, una vez más, reitero, la preocupación del Gobierno ante ese incremento, le lleva a tomar toda serie de medidas, y sólo les pido algo: tengan un poco de paciencia para conocer cuáles son los resultados de las medidas que se ponen en marcha, para saber, incluso, cuáles son los índices reales y estadísticos de delincuencia y observen que no es lo mismo que salgan algunos presos a la calle cuando hay un Gobierno que cuando hay otro, a pesar de que algunos salgan por una necesidad constitucional y otros salgan por un indulto. No descalifico lo uno, pero, desde luego, me atrevería a decir que el otro es una obligación moral y una obligación material de todo Gobierno.

Dentro de la delincuencia y del incremento que eso supone para la inseguridad ciudadana, en ese binomio de libertad y seguridad ciudadana, hay que hacer una referencia especial al problema del terrorismo, el problema de las bandas terroristas.

Primero, para decir que es verdad que hay un cierto cansancio de declaraciones formales en el problema del terrorismo y, por tanto, no voy a hacer más declaraciones formales.

Segundo, para decir que es difícil evitar una protesta, que es una declaración cuando se asesina a un servidor del orden o a un ciudadano o cuando se extorsiona a cualquier ciudadano por la fuerza. Y, por consiguiente, que eso es también difícil de evitar, que le sale a cualquier persona responsable esa protesta y, por tanto, esa declaración. Se siente moralmente obligado a protestar contra eso.

El terrorismo podríamos verlo desde muchos puntos de vista. Sin duda alguna, la definición del delito terrorista más característica, es que produce temor, que atenaza la conciencia de los ciudadanos; no sólo que se proyecta, que ya es grave, a matar a personas concretas, a extorsionar a personas concretas, sino que dirige su dardo, que dirige su acción a crear una situación, como su propio nombre indica, de terror colectivo que atenaza a la sociedad y, por consiguiente, que ponga en peligro el propio sentimiento de libertad que el ciudadano desea para vivir, que ponga en peligro ese sentimiento de libertad, porque el ciudadano se siente atenazado, atemorizado, por la violencia terrorista.

Pues bien, el terrorismo (algunos pensaban que cuando cambiara el Gobierno —y no se por qué razón— cambiaría de comportamiento), el terrorismo no cambia de comportamiento porque haya un cambio de Gobierno. El terrorismo considera al Gobierno democrático como un Gobierno enemigo y, por consiguiente, golpea al Gobierno y a la sociedad, simplemente, porque no quiere que se viva en libertad. Quiere que se viva bajo el terror de las metralletas. Y en eso yo creo que no debería haber lugar a engaños.

Las cifras de detenciones se han ajustado, en el tiempo del mandato del Gobierno socialista, mucho más a las cifras de procesamientos reales que en épocas anteriores. Hay ahí una clara intencionalidad que también supone un desafío: la intencionalidad de ajustar las detenciones a los procesamientos, de aproximar los arrestos a los datos necesarios para saber que se está, por consiguiente, deteniendo a una persona de la que se tienen fundadas sospechas de que está cometiendo una acción delictiva en el terreno del terrorismo, tiene, a nuestro juicio, un valor que quiero poner de manifiesto, y es que no se sientan afectadas personas que después no pasen a ser consideradas culpables por los Tribunales.

Pero también hace que se pierda algo que a veces se considera espectacular. Después de un atentado terrorista una tentación de todo Gobierno, sea el que sea y con el signo que sea, es dar una respuesta inmediata que trate de cubrir la responsabilidad de ese Gobierno con una detención masiva. Frente al atentado, una detención masiva, aunque el noventa y ocho por ciento de esa detención no sea más que la espectacularidad de la detención y, por consiguiente, no produzca el resultado del procesamiento.

Pues bien, el delito del terrorismo —hay que decirlo con toda claridad— ya no tiene problemas políticos en el sentido de la relación Gobierno de la nación y Gobiernos autónomos. Lo que hay fundamentalmente son problemas policiales. Pero también hay que añadir a continuación que conviene bajar el límite, reducirlo a la mínima expresión hasta hacerlo desaparecer del apoyo social y, por consiguiente, no puede haber ningún retroceso en esa marcha que nosotros tratamos de imprimir a la lucha contra el terrorismo, despegándolo cada vez más de unos sectores de la sociedad que todavía viven en un cierto engaño —no nos confundamos para que se despeguen de ese fenómeno terrorista.

El terrorismo que fundamentalmente preocupa a todos los españoles, digo el que fundamentalmente no el que exclusivamente —toda manifestación terrorista es gravemente preocupante—, es el terrorismo de ETA, de ETA y sus derivados, que pueden adoptar diversos nombres pero que, en definitiva, forman las mismas bandas que siguen asolando con el terror no sólo al País Vasco, sino al conjunto de la nación española. Yo diría que ha habido una secuela grave que nace en actitudes que, sin poder ser calificadas desde el punto de vista penal como terrorista, sí están en los aledaños de determinadas concepciones ideológicas, y esa secuela grave ha sido la injuria, el ataque contra la bandera española que se ha producido en los últimos meses.

El Gobierno ha recibido críticas en varias direcciones respecto de su actitud o la responsabilidad ante esa injuria a la bandera española. Una cosa quiero declarar públicamente: espero que los que han quemado banderas de España paguen su culpa con la cárcel; lo espero, y con la aplicación estricta de la legislación penal. Y a continuación añadir: la bandera española es la bandera de todos; no es patrimonio de nadie, lo es de todos; y todos se sienten igualmente dolidos cuando se produce un atentado contra la bandera. No hay más que recorrer la geografía nacional para saber cuantas respuestas ha habido frente a los agravios y los ataques a la bandera. Y además de la acción del Gobierno, que a veces ha sido criticado porque ha tratado de atajar un problema grave, porque no se insulta gratuitamente sin destruir cosas importantes como los símbolos de la nación, además de la acción del Gobierno quiero decirles que hace falta una actitud decidida de todas las autoridades locales y autonómicas para cumplir y hacer cumplir la Ley.

Se nos habló en algún caso de prudencia. La prudencia en este caso es que se cumpla la Ley, créanme, esa es la prudencia. Incluso cuando la Ley pudiera ser dura, que en este caso no lo es, aquí tendríamos que decir: «dura lex, sed lex». Es imprescindible que se ponga en marcha ese proceso de todas las autoridades para hacer cumplir la Ley. Todos me entienden, no hace falta que añada más a lo que estoy diciendo. Porque el Gobierno intenta con todos los medios a su alcance hacerla cumplir, y de las acciones producidas contra la insignia nacional se derivarán efectos penales. Ya hay procesamientos; seguirá habiéndolos, si se producen y se derivarán efectos penales. Naturalmente, lo que el Gobierno no puede hacer es lo que algunos creen que puede hacer invadiendo terrenos que no le son propios. También en ese caso estoy abierto a que alguien pueda sugerirnos qué más se puede hacer, de qué otra forma se puede hacer cumplir la Ley que protege y protege con todos nosotros la bandera nacional.

En el binomio seguridad-libertad, todavía me queda alguna referencia que hacer, y soy consciente de que me estoy alargando demasiado, pero aun aquí, pese a la extensión, se me va a decir que me he olvidado de muchos problemas.

En ese binomio seguridad-libertad quiero llamar la atención sobre un problema que me resulta doloroso, porque forma parte también de las reglas del juego democrático.

Se ha criticado a este Gobierno porque ha desalojado ocupaciones de fincas, o bien porque se ha mandado que se desalojen locales públicos, instituciones públicas como Ayuntamientos. No es fácil para el Gobierno tomar decisiones de esa naturaleza, pero también quiero decirles que no es difícil: esa es la obligación del Gobierno y el Gobierno está dispuesto a asumirla.

Cuando hablo de seguridad y libertad quiero hacer una advertencia a los que me escuchan: utilizar los derechos constitucionales significa utilizarlos en los límites de la Constitución y con respecto a la misma. No rebasar los límites de la Constitución es prestar un servicio a la democracia. Decir que se defiende la Constitución y producir situaciones de ilegalidad que generan inquietud y tensión, además de ser ilegal, es una contradicción que yo en esta tribuna no tengo más remedio que denunciar. Cada vez que se ocupe una finca, cada vez que se ocupe un Ayuntamiento, el Gobierno mandará su desalojo y después se derivarán las acciones judiciales que sean. Y ¿por qué lo mandará el Gobierno? Por una razón muy sencilla: porque la Constitución debe ser cumplida y debe ser respetada por todos. A veces crean un clima de inquietud en muchos millones de españoles doscientas personas o quinientas personas que rebasan los límites de la legalidad.

Este verano tuve que ver con asombro cómo alguna organización social, responsable en su funcionamiento y en su comportamiento durante varios años, anunciaba, a través de la radio, que iban a producir cortes de vías férreas, cortes de carreteras, ocupaciones de fincas, ocupaciones de Ayuntamientos. Me llené de asombro y también de preocupación dolorida. ¿Cómo es posible que se pueda anunciar a través de la radio, o de la televisión o de la prensa que se van a producir desde la dirección de algunas organizaciones, acciones ilegales?

Seamos capaces de comprender que la democracia tiene unas reglas de juego y esas reglas de juego nos obligan a todos. Por eso hice una primera referencia a la importancia que tiene comprender lo que es la experiencia democrática. Estoy convencido de que no hay libertad sin seguridad y por consiguiente este Gobierno que está decidido —ha mandado ya doce proyectos de ley a la Cámara en nueve meses para desarrollar las libertades— a desarrollar esas libertades, está decidido también a mantener los máximos niveles de seguridad ciudadana como garantía de la paz y del disfrute de esas libertades.

Queda todavía una consideración sobre la política exterior a la que se ha calificado de ambigua, como en otra crítica a veces excesivamente ligera, para la que siempre reclamamos un cierto grado de acuerdo entre todos para fortalecer nuestra posición en el mundo. Nuevamente hoy lo reclamo. Hagamos un esfuerzo en todo lo posible para que el acuerdo sea un acuerdo del máximo nivel, de la máxima extensión en los problemas de la política exterior. Y donde no hay acuerdo reconozcamos que no lo hay y, por consiguiente, que el Gobierno asuma sus responsabilidades como Gobierno que representa la voluntad mayoritaria de los ciudadanos.

Cuando se habla de la política exterior hay que recordar siempre algunas cosas que son obvias.

España es, desde el punto de vista geográfico, histórico, político, cultural, desde todos los puntos de vista, un país europeo occidental; podríamos decir que geográficamente es el más occidental de los países europeos. Por las mismas razones es un país que tiene una dimensión mediterránea y tiene también una dimensión histórica y cultural importante hacia el continente iberoamericano. Pues bien, esta definición, que es una obviedad, de la Nación española, es, a la vez, la determinación de sus límites respecto de la acción exterior y sus potencialidades. De ahí se derivan los ejes preferentes de la acción exterior de España, si queremos que esa acción sea útil, y, por consiguiente, esté de acuerdo con nuestra propia realidad nacional y de acuerdo con el interés nacional.

Hay principios que inspiran la acción exterior que yo creo que también son compartidos por todos. Conseguir el mayor margen de autonomía desde una concepción soberana de la Nación española. Ya he dicho antes la interrelación del mundo en que vivimos para conseguir el mayor margen de autonomía, pero conseguir el mayor margen de autonomía yo creo que es una noble tarea, difícil, porque siempre hay presiones para que la autonomía se reduzca, y se reduzca simplemente por identificaciones que a veces pueden no ser coincidentes plenamente con nuestros intereses. Por consiguiente, ahí hay un principio de orientación de la política exterior española.

Otro principio de orientación es la conquista de la paz. Si queremos paz para nosotros intentemos proyectar nuestra acción exterior en todos los foros internacionales, en nuestras relaciones de vecindad, en nuestras relaciones con Europa hacia la consecución de la paz. Se deriva de la propia descripción que hacía al principio de que el esfuerzo de integración en las Comunidades Europeas es otro de los ejes vertebradores de nuestra política exterior; pero también la mejora con nuestros vecinos. Relaciones mejores con Francia, con Portugal y con el Norte de Africa. El progreso en relación con el Continente Iberoamericano, y esa defensa en todos los foros internacionales de los derechos humanos y también, por qué no afirmarlo claramente, de un nuevo orden económico internacional.

La política exterior forma un todo con la política interior y tiene que ser coherente con la misma.

Nosotros intentamos darle el mayor grado de coherencia y creo que conseguimos avances en ese proyecto exterior.

Yo podría decir en esta Cámara, porque todos ustedes lo saben, que la acción exterior de España merece mucho más respeto fuera de nuestras fronteras que en algunos círculos internos de España, mucha más consideración, que se aprecia más la presencia y la acción exterior española en los foros internacionales que entre nosotros; ese puede ser un problema preocupante, porque no se produce prácticamente en casi ninguna nación, al menos de la Europa occidental, del mundo en que vivimos.

Respecto de la Comunidad Económica Europea yo creo que todos ustedes son conscientes de que en los primeros meses de gobierno se ha hecho un esfuerzo negociador como no se había conocido, en cuanto a su intensidad, con anterioridad. Se han resuelto algunos paquetes de negociación y se han resuelto en una doble dirección: teniendo en cuenta los intereses afectados por la negociación en España y teniendo en cuenta las dificultades de la propia negociación en el foro europeo.

Ha habido, y hay todavía, una gran polémica sobre el ritmo de integración de España en la Comunidad Económica Europea. La voluntad política, al menos la del Gobierno, es la de una integración rápida, lo cual no quiere decir una integración a cualquier precio. Una integración rápida significa que es capaz de defender básicamente los intereses nacionales, siendo conscientes de que en esta negociación algo se cede y algo se recibe, manteniendo una posición firme de defensa de los intereses nacionales. Así estamos actuando y hemos pasado, que quizá sea el dato cualitativo más importante, de una fase a otra, que viene definida por la cumbre de Stuttgart. En Stuttgart se discutía si se iba a dar o no una fecha para la integración española en la Comunidad Económica Europea y la de Portugal. Se resolvió algo que creo que tiene interés que quede claro para todos nosotros y para todos los ciudadanos. Se resolvió que España y Portugal unían su proceso de adhesión a las Comunidades Europeas a la propia solución de la crisis institucional y financiera de la propia Comunidad Económica Europea. Por consiguiente, estamos en la siguiente situación, si me permiten explicarlo con esas palabras sencillas: si la Comunidad Económica Europea en la reunión de Atenas o en alguna reunión posterior logra responder a los problemas financieros y los problemas institucionales que tiene planteados de una manera tan aguda que el próximo presupuesto comunitario no podría ser aprobado, si eso no se resuelve, si lo logra resolver, España y Portugal se adherirán a la Comunidad Económica Europea sin ningún tipo de obstáculos, pero si no lo logran resolver, no se adherirán España y Portugal; pero, atención, no se habrá superado la crisis de la Comunidad Económica Europea. Por tanto, creo que el valor de la reunión de Stuttgart es que une nuestro destino en cuanto al proceso de integración a la propia superación de la crisis por la que atraviesa la Comunidad Económica Europea.

Hemos mejorado las relaciones con Francia, y es incluso desde el punto de vista de la explicación un problema difícil. Hemos pasado por épocas muy distintas, casi siempre con tensiones con nuestro país vecino. Hemos llegado a institucionalizar reuniones de delegaciones de gobierno con delegaciones de gobierno; reuniones periódicas en las que se plantean todos los problemas bilaterales, y hemos llegado a conseguir un progreso no suficiente, pero un progreso en la cooperación en materia de terrorismo. Por ese camino seguiremos insistiendo y creo que hoy podemos afirmar, nueve meses después o casi diez meses después de asumir el Gobierno, que el clima de relación entre Francia y España es mejor; que nuestra presión diplomática cuando se han producido atentados contra los camiones españoles ha hecho que el Gobierno francés responda y que se acabe con esos atentados, y eso no significa que no se puedan volver a reproducir, sino simplemente que se ha hecho el esfuerzo y se ha conseguido por consiguiente un comportamiento más solidario por parte de Francia con intereses españoles.

Con Portugal anunciamos desde el comienzo mismo de la tarea de gobierno que queríamos mantener buenas relaciones. El país vecino ha pasado por una situación de crisis de gobierno, disolución de las Cámaras, formación del nuevo Gobierno que va desde el mes de diciembre hasta la mitad del año, y a partir de ahí hemos empezado los contactos para establecer en una reunión de amplio nivel todos los problemas entre España y Portugal. Para nosotros el problema que destaca fundamentalmente es el problema de la pesca; para Portugal es el problema del desequilibrio de la balanza comercial, el índice de cobertura de sus exportaciones a España con las importaciones que reciben de España.

Por consiguiente, el tema, además, hay que reconocer que está atravesado por algo que yo creo que debemos saber respetar: algunos problemas psicológicos importantes. La voluntad del Gobierno es estrechar la cooperación con el país vecino, estrechar la cooperación con Portugal, y esperamos que esa voluntad se abra paso en esta etapa. Ya hay previstas reuniones y se han establecido contactos.

La política del Mogreb ha cambiado de signo y ya lo anunciamos. Respecto del Norte de Africa, España decidió, a través del Gobierno, que en lugar de una política de equilibrio trataríamos de establecer una política de relaciones de amistad teniendo en cuenta el conjunto de la relación con el Mogreb. Tradicionalmente ha habido bastantes dificultades en esas relaciones de todos conocidas. En las relaciones con Marruecos a partir del año 1972 se pasó a una situación de vacío jurídico en un problema que es el problema más sensible y más llamativo como es el problema pesquero.

A partir de mil novecientos setenta y nueve se llegó a un acuerdo que no se llevó a afecto porque no se llegó a cumplimentar y hemos pasado por situaciones de provisionalidad cada varios meses —siete desde mil novecientos setenta y nueve hasta mil novecientos ochenta y tres—. Quedaban problemas pendientes —pendientes desde el año cincuenta y seis algunos— en la relación entre España y Marruecos. Hemos intentado trascender la pura relación de pesquerías para ir a una relación global de cooperación económica que trate de afrontar problemas que nos parecía que, vistos desde su perspectiva global, nos podían ir haciendo avanzar en la relación con Marruecos.

Vamos a tener ocasión muy pronto de debatir el acuerdo pesquero que ha sido recibido con desigual suerte, según la opinión que se ha vertido sobre él. Hay cifras que creo que pueden llevarnos a la conclusión de que el acuerdo pesquero es un acuerdo aceptable y que comprende elementos que no sólo son los elementos que contiene la relación pesquera, sino que comprende algunos otros elementos de carácter de cooperación económica y de ayuda financiera. Si quieren, podemos adelantar en el propio debate por qué afirmamos que puede considerarse aceptable y, si no, profundizaremos en la propia ratificación del acuerdo con Marruecos, pero me llama la atención que algunas de las personas que han defendido más la necesidad de una buena relación con Marruecos, en la que yo creo, como en una buena relación con Argelia, hayan sido los críticos de este proceso de relaciones con el país vecino que nos ha llevado a la firma de un acuerdo que, a mi juicio, es razonablemente positivo para nosotros, siendo también positivo para Marruecos. Esa es la virtualidad de cualquier acuerdo internacional.

Con Argelia llevamos un proceso de negociación lento. Sus señorías saben que tenemos unas relaciones económicas importantes y unas buenas relaciones de amistad y saben que tenemos un problema importante también: el problema de nuestras compras de gas en Argelia, compras de gas que se establecieron hace varios años con una cláusula que nos obligaba a comprar un volumen de gas muy por encima de las necesidades nacionales. Por discreción y por prudencia, quiero decirles que estamos intentando que ese problema se resuelva, defendiendo intereses nacionales y atenazados por un compromiso, que no digo que fuera un compromiso disparatado o acertado, sino que se basaba en unas previsiones que no tienen nada que ver con la realidad que hoy estamos viviendo. Para que nadie piense que estoy cargando la mano sobre determinadas actitudes del pasado que pudieran ser calificadas de una u otra manera, diré que hubo un error de previsión y ese error nos coloca hoy ante una situación de una dificultad extraordinaria para encontrar una solución razonable, y en eso estamos trabajando, para intentar mantener ese flujo de relaciones comerciales, para intentar mantener esa amistad.

Evidentemente, todo lo que digo se puede complementar con acciones que se han producido en relación con los países que vengo citando y que, por consiguiente, es inútil citar, porque ha habido información a través de los medios de comunicación y todo el mundo ha conocido que se han producido esas acciones, esas visitas, esos viajes.

Permítanme una referencia a Iberoamérica nuevamente. Antes dije que se nos acusaba a veces de tercermundistas y a veces se nos acusa de mantener una situación respecto al conflicto de Centroamérica, quizá la parte más criticada de nuestra acción en relación con Iberoamérica. Es un tanto parádojico que se produzca esa crítica, y les voy a decir con mucha sencillez por qué. Nuestra actitud ha sido fundamentalmente de apoyo a las gestiones de paz. Las gestiones de paz las llevan cuatro países: Méjico, Venezuela, Colombia y Panamá. En dos de esos países gobiernan presidentes que se intitulan del Partido Conservador y del Partido Demócrata Cristiano y, desde luego, en los otros dos no gobiernan presidentes que puedan ser homologables con el proyecto socialista.

Estamos apoyando unas gestiones de paz de países con los que mantenemos buenas relaciones, presididos por fuerzas políticas razonablemente moderadas; gestiones de apoyo a la paz en Centroamérica, que hemos dicho que es una condición necesaria, ni siquiera suficiente, para la respuesta a los problemas de Centroamérica. Esa gestión de paz que hemos apoyado ha sido apoyada por los diez jefes de Gobierno y de Estado en los mismos términos de la Comunidad Económica Europea, en Stuttgart.

¿Es que España tiene menos obligación de preocuparse por una solución de paz en Centroamérica que otros países de la Europa occidental que están haciendo exactamente la misma gestión, en la misma dirección y, a veces, a petición de España? ¿Es posible que eso sea susceptible de ser criticado?

Les voy a decir que la relación con Iberoamérica —aparte del comentario inicial de esta intervención— tratamos de intensificarla en todos los terrenos, y trataremos de llevar adelante acciones coordinadas con los países iberoamericanos que nos permitan alguna iniciativa en problemas como es el de la deuda de los países del continente iberoamericano, por dos razones: una, de solidaridad y otra —si quieren o les gusta más—, de interés nacional, incluso de egoísmo nacional. Porque hacia allí se proyecta una parte de nuestra exportación; allí ha habido una parte de nuestra inversión, y allí ha habido una parte importante de financiación española. Por consiguiente, allí estaremos presentes.

Si hay algo que me preocupa, también lo reconozco en esta tribuna, es que las expectativas que estamos levantando en el continente iberoamericano desde España —no me refiero desde el Gobierno, de nuevo no hago atribución al Gobierno— las expectativas que desde España, desde sus instituciones, desde su sociedad democrática y pluralista estamos levantando en Iberoamérica, no seamos capaces después de cubrirlas porque nos falte infraestructura, nos falte capacidad económica para cubrir esas necesidades que deberían derivarse, lógicamente, de las expectativas.

Sigo estando convencido de que con Iberoamérica tenemos no sólo un tratamiento especial desde el punto de vista retórico; con Iberoamérica tenemos un compromiso histórico que nos puede llevar a unir una buena parte de nuestro futuro económico, político, social y cultural a ese continente. Y hemos conseguido —si me permiten decirlo— ser el único país europeo que en la relación con Estados Unidos ha podido plantear claramente sus posiciones sobre el continente iberoamericano.

Entraré ahora en esa relación con Estados Unidos, porque creo que en la relación con Estados Unidos y en el problema que se refiere al Tratado del Atlántico Norte o de la OTAN es donde se centran las críticas respecto de la supuesta ambigüedad de la política exterior del Gobierno.

No creo que en los paquetes anteriores —que serán criticados con mayor eficacia o con menor eficacia— se pueda hablar de ambigüedad. Con Estados Unidos hemos firmado un acuerdo bilateral, hemos planteado problemas bilaterales y hemos planteado problemas iberoamericanos. Yo me atrevería a afirmar que la relación con Estados Unidos ha mejorado y la voluntad de este Gobierno es mantener buena relación con los Estados Unidos. Se ha firmado un acuerdo bilateral. Recuerdo a la Cámara, y a todos los ciudadanos españoles, que hace dos años no había ningún grupo político con representación parlamentaria que negara la necesidad y la oportunidad del mantenimiento de la relación bilateral con los Estados Unidos. A algunos les parecía el máximo; a otros parecía insuficiente o que debería ser complementado con una relación multilateral de carácter defensivo, pero nadie negaba su necesidad y su oportunidad. Otras son las voces que suenan ahora hablando de la ambigüedad del Gobierno y otros cambios se han producido ahora. Por consiguiente, nuestra voluntad es mejorar la relación bilateral con los Estados Unidos y, en el acuerdo bilateral, hemos tenido buen cuidado en firmar un protocolo adicional, que ustedes conocen, para no ligar el destino final de nuestra decisión respecto de la OTAN al propio desarrollo del acuerdo bilateral; con esa intención aceptada por las dos partes que habían suscrito o habían negociado ese acuerdo: Estados Unidos y España. Por consiguiente, cuando se trata de un acuerdo, de una relación «ad hoc», lo que digo tiene exactamente el valor de las palabras que expreso.

¿Qué ha hecho el Gobierno en relación con el problema de las alianzas? Porque sé que esta tarde, o mañana, puede haber varias intervenciones diciendo: «Defínanse ustedes ahora mismo. ¿Qué van a hacer?»

El Gobierno, cuando asumió la responsabilidad del poder, tomó varias decisiones. La primera, paralizar el proceso de integración. Debo decir que, aún balbuceante en la organización militar, que se deriva, para los que aceptan que se derive del Tratado de Washington, es decir, paralizó la integración en la OTAN en el mismo momento de asumir la responsabilidad del Gobierno (decisión criticada por unos y también por otros; unos, por considerarla insuficiente y otros por considerar que era un error), y en el mismo momento el Gobierno declaró, en ese mismo momento, que España sería todo el tiempo que estuviera en la Alianza un aliado fiel, y no vamos a practicar ninguna política de silla vacía, ninguna.

Antes hablé de España como país europeo y occidental. Recuerdo que en los debates sobre la adhesión —que considero una adhesión hecha a destiempo, dicho sea con todos los respetos a la mayoría que la decidió—, en los debates de la adhesión al Tratado de Washington, yo dije que no eludía ni eludiré nunca la cuota-parte que como país nos pueda corresponder en la seguridad colectiva; lo que sí afirmo es que esa cuota-parte nos toca definirla a nosotros, a los españoles, de acuerdo con nuestros propios intereses, y hemos explicado internamente e internacionalmente que, asumiendo el compromiso de hacer una consulta a nuestro pueblo respecto a este paso importante, no habiéndole puesto fecha en ningún momento, nos tomaremos el tiempo que la prudencia política, en defensa de nuestros intereses y en defensa de la estabilidad de un mundo en crisis, aconsejen al Gobierno. Lo mismo que hemos dicho antes decimos ahora y, mientras tanto, reestudiaremos suficientemente todas nuestras necesidades de defensa. Ahí debía de añadir sólo una pequeña frase. Hace pocos días ha aparecido en los medios de comunicación un supuesto informe-opinión de las Fuerzas Armadas sobre las ventajas e inconvenientes de nuestra presencia o no en la OTAN. El informe existe; no es una opinión, es un estudio. El informe es de mil novecientos ochenta y uno, es bueno que se sepa. Da la impresión de que se acaba de producir un informe y se ha dado una opinión. Es bueno que se reitere para situar las cosas en sus justos términos. Debo decir que en algunas partes del informe el criterio que me merece es de rigor en el trabajo que se ha hecho, en al foro en el que se ha trabajado.

Nosotros seguiremos estudiando ese problema y produciremos la decisión del Gobierno sin prisas, no nos vamos a dejar acelerar, vamos a decirlo en el momento en que el Gobierno, legítimamente considerado, crea que es conveniente para la Nación y crea que es conveniente en el entorno internacional. Pues bien, a partir de ahí, quiero decirles que soy perfectamente consciente, después de casi dos horas de intervención, o dos horas ya de intervención, soy perfectamente consciente de que todavía se van a decir que no he hablado de muchos problemas. Antes cité uno, Gibraltar. No he hablado de los problemas de la Educación, y no me he acordado de la Agricultura, una vez más, de los problemas del campo (y tendrá razón quien lo diga), pero tampoco he hablado de los problemas de la reconversión industrial (y también tendrá razón quien lo diga), y tampoco he hablado de los problemas de la Cultura. No he hablado de los problemas que sectorialmente afectan, como la Sanidad, a muchos de los Ministerios que tienen una acción concreta sobre la sociedad, porque no era el objetivo de esta intervención, de esta iniciación al debate sobre la situación general. Pero en este debate, o cuando ustedes lo soliciten, es decir, desde el punto de vista del análisis global y pormenorizado en lo que ustedes deseen, o desde el punto de vista del debate sectorial que deseen mantener, estoy dispuesto, con todo el Gobierno, a analizar y a discutir cada problema sectorial que se nos plantee.

Antes de concluir, y con plena intención de no haberlo hecho antes, dos cosas querría decir: primera, no he hablado tampoco de los problemas relacionados con la Defensa nacional, y no lo he hecho conscientemente. Creo que a esos problemas sí que deberíamos dedicar un debate, sosegado, centrado en esos temas con la importancia que tienen y, por consiguiente, con la atención que merecen para toda la Cámara, como otros muchos de los problemas importantes.

Y, segunda, que no me he referido a algo que comprenderán todos y que, sin embargo, sería, si no lo mencionara, probablemente criticado. Este Gobierno empezó su mandato con una inundación grave, recientemente ocurrida; nueve meses después de tomar posesión otra grave inundación ha asolado a una parte del territorio español. Eso no es sólo un problema del Gobierno, aunque sea un problema del Gobierno, es un problema de la sociedad que se siente azotada, por una parte, por las inundaciones y, por otra parte, por la sequía. Podríamos decir que no ha sido buen año y, por consiguiente, podríamos decir, para terminar esta intervención, que el Gobierno va a hacer todo lo posible, todo lo que esté en su mano, sin cicatería, sin aprovechamientos políticos, sin declaraciones falsas, para superar esa situación.

Y terminar diciendo, con esta reflexión, que las dificultades de España siguen siendo importantes en materia económica, y que sólo con el esfuerzo de todos podremos superar la crisis. Pero al mismo tiempo de aquí no deduzco ningún mensaje de pesimismo, que sigue habiendo dificultades importantes para culminar nuestro proceso de construcción de un estado democrático y autonómico, que sigue habiendo problemas importantes para hacer viable para todos el binomio de la seguridad y de la libertad, de la libertad y de la seguridad, y que sigue habiendo problemas importantes en el mundo y, por tanto, en nuestra acción respecto del mundo que nos rodea.

La situación es difícil. Si alguien esperaba que subiera a la tribuna para cantar alabanzas, evidentemente se equivocó; pero si alguien espera que me suba a esta tribuna para afirmar que no podemos seguir adelante y que no podemos salir de esta situación, se equivoca mucho más. Mantenemos íntegra la voluntad de llevar adelante nuestro proyecto, y con esa voluntad de llevar adelante nuestro proyecto sabiendo que podremos cometer errores, queriendo asumirlos y corregirlos, también mantenemos íntegra la confianza de que nuestro pueblo es capaz de salir de la crisis, de que no se pueden dar opiniones sobre la situación que induzcan al catastrofismo o a la desesperación, porque no hay razón para ello, no hay más que mirar a nuestro alrededor y no hay más que mirar también los síntomas, que son ya síntomas favorables, y que apuntan a que podemos —si nos sacrificamos— salir seriamente de esta crisis.

A partir de aquí espero sus críticas, espero sus alternativas. Estoy seguro de que todos ustedes están dispuestos a hacerlas con un espíritu constructivo y no con el mero afán de destrucción de la parte contraria, que hace innoble la política y también la hace incomprensible para los ciudadanos.

Muchas gracias.