El Gobierno ante el Parlamento
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Excmo. Sr.
El Gobierno, al amparo de lo dispuesto en el artículo 143 y normas de desarrollo del Reglamento Provisional del Congreso de los Diputados, ha acordado trasladar a V. E. para debate en el Pleno de la Cámara la siguiente comunicación:
1. El Gobierno se propone orientar su intervención en este debate asumiendo un punto de referencia temporal inexcusable: los tres años transcurridos desde el 15 de junio de 1977, en que se abre para España la vía a una convivencia democrática y estable en libertad.
2. El Gobierno entiende que, en el momento presente y de cara al inmediato futuro, es imprescindible continuar haciendo un gran esfuerzo colectivo para construir el Estado de las Autonomías y enraizar profundamente en la sociedad el sistema democrático y el régimen de libertades públicas, objetivo irrenunciable en términos absolutos, pero cuya plena consecución, que tiene como punto de partida efectivo la aprobación de la Constitución en diciembre de 1978, exige un proceso de tiempo tanto más dilatado cuanto que se trata de aplicar un texto constitucional democrático y autonomista a un Estado moderno construido en un molde autoritario y centralista.
3. El Gobierno, desde esta perspectiva, se propone hacer el esfuerzo preciso para fortalecer las instituciones democráticas y para garantizar las libertades públicas y entiende que semejante propósito requiere continuar afrontando, con las revisiones y concreciones que la experiencia aconseja, los problemas que definen básicamente la situación de España y entre ellos, particularmente:
1.° El imperio de la Ley, entendida tal expresión en el amplio sentido que tiene en un Estado de Derecho.
2.° La crisis económica enfocada en torno a y desde sus dos grandes ejes: crisis energética y desempleo.
3.° La construcción eficaz del Estado de las Autonomías, sobre la base de un proyecto global derivado de la experiencia ya vivida, deducido a través de un largo proceso de reflexión y exigido por la naturaleza misma, de lo que es, en un país moderno, la institución estatal.
4. El imperio de la Ley, columna vertebral del Estado de Derecho, se traduce en primer término en la primacía de la Constitución y en el acatamiento y cumplimiento por parte de toda la sociedad y de todos los órganos del Estado de las normas legales vigentes. El prestigio de la Ley es un valor indispensable en una sociedad democrática y su asunción por los ciudadanos es responsabilidad principal de los órganos del Estado y de las fuerzas políticas.
El imperio de la Ley se traduce igualmente en la efectiva protección y garantía del ejercicio de las libertades públicas dentro de los límites que la propia Constitución consagra. A tal fin, el Gobierno considera indispensable asegurar el correcto funcionamiento de todas las instituciones que el texto constitucional establece, preservar su autoridad y delimitar claramente los ámbitos de licitud e ilicitud en el ejercicio de la libertad mediante un Estatuto de las Libertades Públicas que regule el amparo judicial ordinario.
5. El imperio de la Ley tiene también otra dimensión de importancia decisiva en la actual circunstancia española: la aplicación rigurosa e inexorable de las leyes vigentes en la acción contra la violencia terrorista cuya erradicación exige un especial esfuerzo colectivo de responsabilidad y de colaboración y apoyo a los Cuerpos de Seguridad del Estado.
El Gobierno, en el mismo orden de cosas, está dispuesto a continuar intensificando su acción contra la delincuencia común para alcanzar las máximas cotas de seguridad ciudadana.
En la consecución de estos objetivos, el Gobierno, de una parte, seguirá aplicando las medidas adoptadas sobre la modernización y dotación personal y material del poder judicial, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de la Administración Penitenciaria, y llevará a efecto el esfuerzo económico y organizativo preciso para garantizar su mayor eficacia. Y, por otro lado, tratará de actuar sobre las causas profundas de diversa índole que están en el origen de la actual situación al tiempo que declara su firme propósito de no ceder ante quienes se coloquen al margen de la legalidad democrática y hace un llamamiento a toda la sociedad y a las distintas fuerzas y grupos que la vertebran para respaldar esta actitud y lograr el justo reconocimiento social de quienes están llamados por la Ley a salvaguardar el orden jurídico.
6. Por otra parte y en lo que afecta a la problemática económica, la nueva y fortísima escalada en los precios energéticos, experimentada desde el verano de 1979, ha venido a demostrar y confirmar que la crisis de la energía es un elemento permanente en la situación económica mundial.
Esta nueva subida tendrá una repercusión sobre la economía mundial, superior a la que se experimentó como consecuencia de la crisis de 1973-74.
En España, los efectos de las dos fases en que se ha desarrollado esta escalada de precios —la primera, antes de la discusión y aprobación por la Cámara del Programa Económico del Gobierno, y, la segunda, pocos meses después— serán todavía más importantes.
En primer lugar, por nuestra mayor dependencia respecto al petróleo que las otras economías industriales, y, en segundo lugar, porque el ajuste de la crisis 1973-74, que los demás países industriales realizaron durante 1975, en nuestro país se ha efectuado sustancialmente en el transcurso de 1978 coincidiendo con el proceso constituyente.
Para explicar los efectos de esta nueva manifestación de la crisis de la energía basta subrayar que si no se hubiera producido, nuestra inflación sería cinco o seis puntos inferior y el nivel de desempleo probablemente se hubiera estabilizado, situándose nuestra tasa de crecimiento alrededor de un cuatro por cien.
7. La crisis energética y la atención al empleo son, en las actuales circunstancias, las únicas prioridades que puede contemplar una política económica. Ambas deben ser perseguidas contemplando sistemáticamente la evolución de los equilibrios fundamentales en materia de inflación y balanza de pagos y siguiendo atentamente la magnitud y composición del déficit público.
8. La reducción de nuestra dependencia energética es una prioridad fundamental y básica. De esa reducción depende en definitiva nuestra subsistencia como nación económicamente independiente y nuestra posibilidad de seguir siendo una economía industrial.
Perseguir este objetivo implica, por una parte, dotar de recursos suficientes la creación de nuestra propia oferta energética, y, de otra, una transformación en profundidad de nuestra estructura productiva, en el sentido iniciado hace dos años, aunque las nuevas dificultades recomienden mayor decisión y ritmo.
9. La creación de empleo es un objetivo básico, porque una nación no puede vivir de espaldas a su población activa, negándole el acceso a un puesto de trabajo. En caso contrario, puede producirse una fractura en términos sociales que ponga en peligro la propia existencia del sistema político democrático.
Para ello resulta imprescindible crear las condiciones necesarias para el despegue de la inversión productiva con objeto de que nuestro techo potencial de crecimiento se alcance en la realidad.
Estas condiciones necesarias requieren dos decisiones básicas:
10. Es preciso significar que no genera puestos de trabajo quien se limita a denunciar verbalmente el paro, sino quien posibilita que los comportamientos sociales ayuden a la mejora del empleo.
El Gobierno persigue unos objetivos económicos claros a medio y largo plazo, y por eso se ve en la inevitable posición de denegar muchas demandas sociales, de imponer objetivos ingratos y de situar, en fin, al país —con frecuencia en solitario— ante sus realidades y problemas.
11. El Gobierno asume plenamente ante la sociedad la responsabilidad en la conducción de la economía, pero tiene que manifestar que no se puede acosar a la Hacienda Pública bajo presiones, a menudo contradictorias entre sí, para que obre el milagro de hacerlas compatibles. No se puede pensar en un aumento de inversiones públicas creadoras de empleo al tiempo que al sector público se le carga con gastos nuevos que, al bloquear los recursos, impiden ampliar la inversión y generar empleo.
Nuestra economía únicamente logrará resolver sus dificultades a medida que todos demos muestra de suficiente lucidez y realismo. Necesitamos invertir más y crear nuevos puestos de trabajo, pero esto sólo lo conseguiremos en un ambiente laboral más distendido, con aumento de la productividad, con reducción del clima de incertidumbre y desaliento del ahorro que acompaña a la inflación y con cuidadosa conciencia de los efectos del gasto público.
12. Finalmente, nuestra economía tiene que hacer frente en los próximos años al doble reto que constituye la integración en la Comunidad Económica Europea y la puesta en marcha de la estructura autonómica del Estado.
Incrementar la eficacia en la utilización de los recursos productivos constituye un requisito indispensable para la integración con éxito en la CEE. Por ello, desde esta perspectiva económica, será preciso instrumentar fórmulas nuevas de cooperación entre los distintos niveles del poder público.
La creación de un espacio económico más homogéneo es una necesidad prioritaria, tanto desde la perspectiva de la solidaridad entre las distintas Comunidades como desde la perspectiva de integración en el Mercado Común.
13. En el ámbito de las autonomías, la experiencia acumulada a partir de la entrada en vigor de la Constitución permite vislumbrar un nuevo horizonte de posibilidades de actuación de los poderes públicos. Desde la perspectiva necesaria del empeño de construir un Estado democrático, es evidente que el desarrollo del sistema de autonomías —y las profundas transformaciones simultáneas que ese sistema ha de comportar en el orden jurídico, institucional y orgánico de las Administraciones Central y Periférica del Estado— representa un reto para nuestra sociedad y nuestro sistema político y, aun despojándolo del componente emocional que frecuentemente lo ha enrarecido, constituye en sí mismo uno de los problemas más complejos con el que puede encontrarse un régimen político de democracia pluralista. Desde un punto de vista histórico, el carácter prácticamente inédito del propósito significa un factor adicional de dificultad.
El Gobierno estima que la situación presente del proceso permite comprobar, en mejores condiciones que en el momento constituyente, las ventajas ciertas del Estado autonómico y las dificultades y problemas que representa su construcción. Permite, igualmente, aislar con mayor claridad los elementos positivos y negativos que han concurrido en el proceso y redefinir unas políticas que permitan potenciar aquéllos y evitar éstos. Permite, en fin, situar con mayor precisión el problema como determinante e interrelacionado en una concepción global del Estado y no como una variable aislada.
14. El Gobierno, en la esfera de sus responsabilidades, ha seguido en esta materia una política coherente con los preceptos constitucionales; política que ya fue diseñada en términos programáticos en la oferta electoral del partido, mayoritario y genéricamente perfilada en el discurso de investidura del señor Presidente del Gobierno; política que ahora debe ser continuada y profundizada con las precisiones y correcciones que aconsejan las experiencias aludidas.
Así, el Gobierno considera necesario y conveniente situar el problema ante la Cámara en sus exactas perspectivas jurídicas, sociales, económicas, políticas e históricas; valorar los impactos potenciales del proceso en nuestra política exterior y, singularmente, en nuestra voluntad de integración en Europa; exponer los problemas y trazar los programas de reformas de la Administración y de la Función pública que un correcto enfoque de la cuestión reclaman.
15. El Título VIII de la Constitución preveía un marco básicamente facultativo y dispositivo para el ejercicio del derecho a la autonomía. El Gobierno entiende que la respuesta del pueblo y de sus instituciones representativas ha producido una generalización nacional de la demanda autonómica que aconseja una contemplación global del problema, buscando, en una lectura profunda de los preceptos constitucionales, los elementos que sustentan la pretensión de abordar una ordenación del Estado y una redistribución general del poder político en el territorio de la Nación, sobre los principios que se detallarán en la ampliación oral de esta comunicación ante la Cámara.
16. Se sitúa en esta perspectiva la solución de los problemas que —artificialmente, en opinión del Gobierno— están entorpeciendo en el momento presente las posibilidades de un desarrollo autonómico pleno, profundo, solidario, homogéneo, igual y ordenado. Por todo ello, el Gobierno considera igualmente necesario exponer con el suficiente detalle ante la Cámara los principios sustanciales en que pretende basar su acción; las pautas de comportamiento que, inequívocamente, va a seguir en aplicación de estos principios; y, en definitiva, ofrecer, desde la perspectiva de sus responsabilidades constitucionales, el modelo de organización del Estado a alcanzar. Para objetivar estas pautas de comportamiento, el Gobierno considera asimismo preciso formular ante la Cámara una oferta programática con sus correspondientes referencias temporales. Este programa se ofrece a la consideración del conjunto de las fuerzas políticas, para que su análisis crítico y las aportaciones que del mismo se sigan, sirvan para presentar al país un panorama sereno, seguro y estable en esta materia, que supera las actuales incertidumbres. Esta oferta está, pues, abierta a la colaboración de las fuerzas políticas parlamentarias; pero, una vez definida en sus líneas esenciales, el Gobierno, con el respaldo del Parlamento, se atendrá inexorablemente a ella en la labor de construcción del Estado de las Autonomías.
Madrid, 17 de mayo de 1980.
EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
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