El Gobierno alcanza un acuerdo con Aragón sobre los Presupuestos de la Comunidad Autónoma

Este acuerdo, firmado por la vicepresidenta y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, como presidenta de la Comisión Bilateral, demuestra la voluntad de diálogo del Gobierno de España con todas las Administraciones Territoriales.

Además, con esta resolución se evita la interposición del recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, al comprometerse la Comunidad Autónoma de Aragón a interpretar los artículos controvertidos conforme a la legislación básica estatal.

Para llegar a dicho Acuerdo, se puso en marcha una comisión bilateral de Cooperación Aragón-Estado, conforme a lo dispuesto en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que permitiera resolver las discrepancias en torno a los artículos controvertidos.

Dudas de inconstitucionalidad

En concreto, se trata de dos artículos --20.5 y 29.2-- que plantearon dudas de inconstitucionalidad al referirse a la homologación de las retribuciones del personal directivo de los organismos públicos, empresas públicas fundaciones y consorcios con las retribuciones de los altos cargos y personal equivalente de la Comunidad Autónoma, omitiendo el requisito de que en ningún caso la homologación pueda suponer un incremento de la masa salarial global.

Esta omisión es contraria a la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, donde se establece que la masa salarial del personal laboral no podrá experimentar un crecimiento superior al 1 por 100..

El establecimiento de techos salariales se encuentra dentro de las competencias estatales que persiguen la consecución de la estabilidad económica, en el ámbito de la dirección y orientación de la política económica, tal y como ha reiterado en diversas sentencias el Tribunal Constitucional.

En este sentido, destaca también la Sentencia 62/2001, donde el Tribunal Constitucional señala que la coordinación de la Hacienda estatal exige a las Comunidades Autónomas la acomodación de su actividad financiera a las medidas oportunas que adopte el Estado a fin de alcanzar la estabilidad económica.