​El Gobierno crea un comité especial para la gestión del ébola

La Moncloa, Madrid

El Consejo de Ministros ha analizado un informe detallado sobre las actuaciones que se han llevado a cabo y las que se van a adoptar para hacer frente al virus del ébola tanto en nuestro país como en el ámbito internacional, fruto de los contactos y las recomendaciones de las autoridades sanitarias europeas y de los organismos internacionales.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha informado de la creación de un comité especial para la gestión en España de la enfermedad por el virus del ébola. Este comité lo presidirá ella y estará integrado por la ministra de Sanidad, Servicios, Sociales e Igualdad, Ana Mato, por representantes de varios ministerios, de la Comunidad Autónoma de Madrid, del Comité Científico sobre la enfermedad, del Hospital Carlos III y del Hospital Universitario de La Paz. Además, se podría convocar a expertos en la materia, del ámbito público o privado, si se considera oportuno.

Sáenz de Santamaría ha explicado que este comité se reunirá, al menos, una vez al día y una parte de sus miembros tendrá dedicación exclusiva. Dará continuidad a los trabajos de la Comisión de coordinación constituida entre el Ministerio de Sanidad y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. "La tarea que nos marcamos es coordinar medios y recursos disponibles, promover la cooperación interinstitucional e internacional, establecer protocolos de política informativa para la máxima transparencia con la sociedad española y los profesionales de la información y analizar tanto la planificación existente como toda la actuación europea e internacional en el ámbito del control de la enfermedad", ha concretado.

La vicepresidenta ha avanzado que el Gobierno también ha decidido designar un comité científico que asesorará al comité especial. "España es un país preparado, con profesionales sanitarios de primer orden, y sabemos que se puede hacer frente a esta situación. Por parte del Gobierno, nos corresponde darles nuestro máximo apoyo y respaldo y resolver cuantas situaciones y cuantas necesidades requieran para llevar a cabo su trabajo en las mejores condiciones posibles", ha subrayado.

Al igual que ha hecho el presidente del Gobierno durante su visita al Hospital Carlos III, la vicepresidenta ha destacado que la principal preocupación del Ejecutivo es que mejore la salud de la auxiliar de enfermería Teresa Romero y vigilar el estado de las personas que han estado en contacto con ella. Asimismo, ha recordado que, ante un problema que genera incertidumbre en la sociedad, "es responsabilidad de todos y, principalmente del Ejecutivo. trabajar con transparencia y con rigor".

Refuerzo de la información al ciudadano

Pool MoncloaA preguntas de los periodistas, Sáenz de Santamaría ha confirmado que hay una investigación abierta para determinar la causa del contagio de la auxiliar y cuando los datos sean concluyentes se trasladarán a la opinión pública: "No es un terreno para especulaciones, para sospechas o para dar datos que no estén confirmados".

Asimismo, ha señalado que el Gobierno, con el concurso de los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas, va a reforzar la información a la ciudadanía sobre la enfermedad: "Creo que es importante que tengamos esa organización de la información, porque salen muchas cosas, no siempre están contrastadas. Eso también genera mucha desazón a la ciudadanía y queremos que la Comisión también avale, con la presencia de sus miembros, la certeza de las informaciones y el contraste de las que se ofrecen".

La vicepresidenta también ha anunciado que el Ministerio de Hacienda, "habilitará una línea de crédito específica para poder adoptar cuantas medidas sean necesarias en apoyo a las distintas Administraciones".

La vicepresidenta ha señalado que el padre Pajares, el doctor García Viejo y Teresa Romero han contraído la enfermedad por cuidar de los demás y es desde ese punto de vista desde el que, a su juicio, hay que enfocar esta cuestión.

Sobre la decisión de repatriar a los dos religiosos, ha dicho que el Gobierno tuvo muy presente que eran ciudadanos españoles que querían regresar a su país y que "España tiene una obligación para sus nacionales". Sáenz de Santamaría ha añadido que otros países también han repatriado a sus nacionales y que se ha hecho de acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Participación en la coalición contra el Estado islámico

Pool MoncloaEl Gobierno ha acordado solicitar autorización al Congreso de los Diputados para la participación de unidades militares españolas en el marco de la coalición para la lucha contra el Estado Islámico de Irak y de Levante. La contribución se concreta en una de las áreas en las que España tiene más experiencia y capacidad, como es la formación y entrenamiento de personal militar iraquí.

El ministro de Defensa, Pedro Morenés, ha detallado que la autorización sería para unos trescientos efectivos, que incluirían al personal integrado en los cuarteles generales de la coalición, a las unidades de adiestramiento para una brigada de las Fuerzas Armadas iraquíes, y a las unidades de apoyo y protección de la fuerza. El despliegue está previsto para un plazo inicial de seis meses, prorrogable. Además, se van a ampliar las capacidades de las bases aéreas españolas para que apoyen las necesidades que pueda tener el mando central de los Estados Unidos.

Morenés ha recordado que España participa en ese mando central desde hace mes y medio diseñando con otros países la operación en Irak, labor que está siendo muy reconocida. Este reconocimiento al esfuerzo de España, según ha indicado el ministro, no sólo está en que España asumirá en noviembre el mando de la operación de Mali, sino también en la petición expresa para que participe en la coalición.

"El esfuerzo tiene que ver mucho con el planteamiento de la operación en Irak porque no se trata sólo de contener el avance del yihadismo del Estado islámico sino de dar a Irak unas estructuras de Estado lo suficientemente fuertes para poder mantener la unidad de la nación iraquí y garantizar así la seguridad y la prosperidad y el futuro de sus ciudadanos", ha argumentado.

El ministro ha asegurado que se excluye el combate directo como elemento operativo porque "no estamos allí para eso".

Organización básica de las Fuerzas Armadas

Pool MoncloaEl Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se establece la organización básica de las Fuerzas Armadas, que es consecuencia de la Directiva de Defensa Nacional, que dictó el presidente del Gobierno en julio de 2012, y de la Directiva de Política de Defensa de ese mismo año.

El ministro de Defensa ha afirmado que la norma tiene como objetivo avanzar en la modernización de las Fuerzas Armadas, asegurar su eficacia y el servicio unificado.

Como principal novedad, Pedro Morenés, ha resaltado que se potencia la figura del jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), que será el mando único operativo de las Fuerzas Armadas. Se elimina cualquier referencia a misiones específicas permanentes que puedan asignarse en tiempo de paz a la fuerza de los Ejércitos, ya que dichas misiones son asumidas por dos organizaciones operativas permanentes: el Mando de Vigilancia y Seguridad Marítima, y el Mando de Defensa y Operaciones Aéreas, ambos subordinados al JEMAD. Otra novedad es que la Unidad Militar de Emergencias (UME), al ser una unidad operativa, pasa a ser responsabilidad del JEMAD.

El ministro ha indicado que la estructura de los ejércitos se simplifica, lo que supone que se optimizarán los recursos, y aparecen dos nuevos espacios fundamentales para la defensa: el ciberespacio y el espacio exterior.

"Creo que con este paso las Fuerzas Armadas españolas se adecuan en un entorno no sólo de acción conjunta sino de acción combinada con otras fuerzas armadas del mundo, que están haciendo este esfuerzo de integración de las capacidades en una única dirección", ha concluido.

Otros acuerdos

Pool MoncloaEl Gobierno ha aprobado el Reglamento General de la Ley de Costas que, según ha indicado la vicepresidenta, plantea tres grandes objetivos: la protección del medioambiente litoral, la seguridad jurídica de los titulares de derechos en la costa y el desarrollo en condiciones de sostenibilidad de actividades económicas en esa zona.

En su elaboración, el Ejecutivo ha contado con la participación de los ciudadanos, ONG, empresas, comunidades autónomas y ayuntamientos para garantizar el pleno respeto de las competencias autonómicas y de las recomendaciones de las distintas administraciones públicas.

Por otra parte, el Consejo de Ministros ha acordado solicitar al Consejo de Estado, con carácter urgente, su dictamen sobre las consultas planteadas por el Gobierno de Canarias en relación a las prospecciones petrolíferas.