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Referencia del Consejo de Ministros

Madrid, viernes 19 de octubre de 2018

SUMARIO

Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad

  • ACUERDO por el que se establecen obligaciones de servicio público al prestador del servicio postal universal en las elecciones al Parlamento de Andalucía de 2 de diciembre de 2018.
  • ACUERDO por el que se declaran los municipios de Artà, Capdepera, Manacor, Sant Llorenç des Cardassar y Son Servera de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears "zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil", como consecuencia de las lluvias torrenciales y desbordamientos de torrentes acaecidos el pasado día 9 de octubre.
  • ACUERDO por el que se aprueba la Declaración del Gobierno con motivo del Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

  • ACUERDO por el que se toma conocimiento de la entrada en vigor de las Enmiendas de 2016 a los Anexos I, II y III del Convenio sobre los documentos de identidad de la gente de mar (revisado), 2003.
  • ACUERDO por el que se toma conocimiento del Acuerdo Internacional Administrativo por el que España se adhiere a la Infraestructura Europea ECRIN-ERIC.
  • ACUERDO por el que se toma conocimiento del Acuerdo Internacional Administrativo por el que España se adhiere a la Infraestructura Europea EATRIS-ERIC.
  • ACUERDO por el que se autoriza el pago de la contribución voluntaria a la Red de Archivos Diplomáticos Iberoamericanos (RADI), por importe de 10.000 dólares estadounidenses.

Defensa

  • ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato plurianual de fabricación y distribución, mediante el sistema personalizado vía Internet, pedidos extraordinarios o bien sistema tradicional, de artículos correspondientes al equipo básico, equipo de combate, uniformidad de conductores y uniformidad de trabajo, por un valor estimado de 131.404.958,70 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza la celebración del Acuerdo Marco para la adquisición de munición de mortero, por un valor máximo estimado de 21.052.700 euros.

HACIENDA

  • ACUERDO por el que se autoriza la contratación, mediante procedimiento abierto, del servicio de desarrollo y mantenimiento de los sistemas y aplicaciones del Departamento de Informática Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria durante los años 2019, 2020 y 2021, por un valor estimado de 33.869.679,36 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma de Cataluña a formalizar operaciones de deuda a largo plazo por un importe máximo de 2.773.629.158,52 euros.
  • INFORME sobre el Anteproyecto de Ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales.
  • INFORME sobre el Anteproyecto de Ley del Impuesto sobre las Transacciones Financieras, a los efectos previstos en el artículo 26.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
  • INFORME sobre el Anteproyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de las Directivas (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, y 2017/1852, del Consejo, de 10 de octubre de 2017, relativa a los mecanismos de resolución de litigios fiscales en la Unión Europea, y de modificación de diversas normas tributarias, a los efectos previstos en el artículo 26.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

  • ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato del servicio de mantenimiento de los equipos microinformáticos de la Seguridad Social por un periodo de dos años, por un valor estimado de 17.298.422,99 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza al Servicio Público de Empleo Estatal el pago a diversos programas internacionales de las cuotas correspondientes al ejercicio 2018, por un importe total de 29.500 euros.


Industria

  • ACUERDO por el que se autoriza la concesión por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de una subvención nominativa por importe de 15.000.000 de euros a la Comunidad Autónoma de las Islas Canarias para la rehabilitación de infraestructuras y equipamiento en zonas turísticas, prevista por la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado.

Política Territorial y Función Pública

  • ACUERDO por el que se autoriza la contribución voluntaria a la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership), por un importe de 100.000 dólares (86.206,90 euros).
  • ACUERDO por el que se solicita a la Comisión permanente del Consejo de Estado la emisión de dictamen con carácter urgente antes del día 25 de octubre respecto del acuerdo por el que se plantea la impugnación de disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas prevista en el artículo 161.2 de la Constitución en relación con determinados apartados de la Resolución 92/XII del Parlamento de Cataluña, de 11 de octubre de 2018, sobre la priorización de la agenda social y la recuperación de la convivencia.

Transición Ecológica

  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia en la contratación de las obras para paliar los daños por temporal en los canales perimetrales de Beas en el término municipal de Beas de Segura, Jaén, por un importe de 1.500.400 euros.

Cultura y Deporte

  • ACUERDO por el que se autoriza al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales al pago de la contribución voluntaria a la European Film Promotion para el año 2018, por importe de 4.100 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales al pago de la contribución voluntaria a la European Film Agency Directors, por importe de 4.000 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales al pago de la contribución voluntaria a la Federación Internacional de Archivos Fílmicos (FIAF) para el año 2018, por importe de 3.050 euros.

Sanidad, Consumo y Bienestar Social

  • REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros.

ACUERDOS DE PERSONAL

Presidencia del Gobierno

  • REAL DECRETO por el que se nombra directora de la Oficina del Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil a Dª SANDRA LEÓN ALFONSO.
  • REAL DECRECTO por el que se nombra consejera electiva del Consejo de Estado a Dª MARÍA EMILIA CASAS BAAMONDE.
  • REAL DECRECTO por el que se nombra consejero electivo del Consejo de Estado a D. JORDI GUILLOT I MIRAVET.
  • REAL DECRECTO por el que se nombra consejero electivo del Consejo de Estado a D. JUAN JOSÉ LABORDA MARTÍN.
  • REAL DECRECTO por el que se nombra consejero electivo del Consejo de Estado a D. JOSÉ MARÍA MICHAVILLA NÚÑEZ.
  • REAL DECRECTO por el que se nombra consejero electivo del Consejo de Estado a D. JUAN ANTONIO ORTEGA Y DÍAZ-AMBRONA.
  • REAL DECRECTO por el que se nombra consejera electiva del Consejo de Estado a Dª ELISA PÉREZ VERA.
  • REAL DECRECTO por el que se nombra consejera electiva del Consejo de Estado a Dª SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA.
  • REAL DECRECTO por el que se nombra consejera electiva del Consejo de Estado a Dª AMELIA VALCÁRCEL BERNALDO DE QUIRÓS.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

  • REAL DECRETO por el que se designa embajador de España en la República de Corea a D. JUAN IGNACIO MORRO VILLACIÁN.
  • REAL DECRETO por el que se designa embajador de España en la República Árabe de Egipto a D. RAMÓN GIL-CASARES SATRÚSTEGUI.
  • REAL DECRETO por el que se designa embajador de España en Japón a D. JORGE TOLEDO ALBIÑANA.
  • REAL DECRETO por el que se designa embajador de España en el Estado de Eritrea, con residencia en Jartúm, aD. ALBERTO JOSÉ UCELAY URECH.

Economía y Empresa

Sanidad, Consumo y Bienestar Social

CONDECORACIONES

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

  • REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a D. CARLOS ESPINOSA DE LOS MONTEROS Y BERNALDO DE QUIRÓS, ex alto comisionado del Gobierno para la Marca España y la promoción del español.

AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS

ASUNTOS GENERALES

Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad

DECLARADOS COMO ZONA AFECTADA GRAVEMENTE POR LAS LLUVIAS TORRENCIALES Y DESBORDAMIENTOS DE TORRENTES VARIOS MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ILLES BALEARS

El Consejo de Ministros ha acordado declarar como Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil los municipios de Artà, Capdepera, Manacor, Sant Llorenç des Cardassar y Son Servera, de la Comunidad Autónoma de Illes Balears, como consecuencia de las lluvias torrenciales y desbordamientos de torrentes acaecidos el pasado 9 de octubre de 2018.

A pesar de que aún es pronto para disponer de una valoración completa y detallada de los daños, sin embargo, hay que lamentar en este trágico suceso el fallecimiento de, al menos, 13 personas, a las que se suman decenas de heridos y 117 personas realojadas. Igualmente se han producido cuantiosos daños en carreteras, vehículos, infraestructuras, viviendas, establecimientos comerciales y en algunas explotaciones agrícolas y ganaderas de los términos municipales afectados.

La magnitud de la emergencia descrita, las medidas necesarias para subvertir la grave perturbación de las condiciones de vida de la población, el pleno restablecimiento de los servicios públicos esenciales y, en definitiva, la recuperación de la normalidad en las zonas afectadas, justifican la intervención de la Administración General del Estado.

La declaración de Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil supone la concesión de ayudas destinadas a paliar daños personales así como daños materiales en vivienda y enseres y en establecimientos industriales, mercantiles, agrarios, marítimo-pesqueros, turísticos y de otros servicios. También se articularán ayudas a las personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes, así como se establecerá un régimen de ayudas para las Corporaciones Locales.

El Acuerdo se ha adoptado a propuesta de los Ministerios del Interior; de Hacienda; de Fomento; de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social; de Industria, Comercio y Turismo; de Agricultura, Pesca y Alimentación; de Política Territorial y Función Pública; para la Transición Ecológica; y de Economía y Empresa.


Sanidad, Consumo y Bienestar Social

REAL DECRETO QUE REGULA LA INDICACIÓN Y USO DE MEDICAMENTOS POR PARTE DE LA PROFESIÓN ENFERMERA

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 954/2015 por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros.

La norma concreta las competencias de las enfermeras y los enfermeros en la indicación, uso y autorización de dispensación de determinados medicamentos y productos sanitarios.

De esta forma, se aporta seguridad jurídica al manejo de medicamentos que el colectivo de enfermería usa en su desempeño asistencial habitual (como son las vacunas, por ejemplo) a fin de garantizar la continuidad asistencial y la seguridad de los pacientes.

El Real Decreto, que sienta sus bases en la colaboración entre las profesiones médica y enfermera, permite a las y los enfermeros indicar y autorizar la dispensación de determinados medicamentos de acuerdo con lo que se establezca en los protocolos y guías de práctica clínica y asistencial, que se fijarán en la Comisión Permanente de Farmacia, ya creada.

El nuevo Real Decreto resuelve las divergencias de interpretación surgidas en la aplicación del Real Decreto 954/2015 respecto a los ámbitos competenciales de las profesiones médica y enfermera, especialmente en lo que respecta a la autonomía de la profesión enfermera en el ámbito de su trabajo.

La norma recoge los aspectos registrados en el acuerdo alcanzado en el seno del Foro de las Profesiones Sanitarias para la modificación del Real Decreto 954/2015. Este pacto sentó las bases de las correcciones a introducir en el Real Decreto modificado gracias al pacto acordado entre los representantes de la profesión médica y enfermera.

Además de estos cambios, el Real Decreto también incorpora otras modificaciones derivadas de la necesidad de adaptarse a las recientes sentencias del Tribunal Constitucional que resuelve distintos conflictos de competencia planteados.


Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL "DÍA EUROPEO CONTRA LA TRATA DE SERES HUMANOS"

El Consejo de Ministros ha aprobado una declaración institucional con motivo del "Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos".

El Gobierno de España declara así su firme voluntad de seguir avanzando en la erradicación de la trata de seres humanos, un delito que produce devastadoras consecuencias en las personas que son captadas y utilizadas como mercancía, con el simple objetivo de que las redes de delincuencia que las explotan obtengan enormes beneficios económicos.

Combatir la trata de seres humanos es una prioridad del Gobierno que la aborda desde un enfoque centrado en la víctima, con el objetivo de garantizar una respuesta contundente y coordinada de los poderes públicos para asegurar el rescate y la recuperación de las víctimas, promoviendo su protección y el ejercicio de los derechos de los que fueron privadas.

El texto destaca la importancia de instrumentos esenciales para garantizar la adecuada identificación y protección de las víctimas como el Protocolo Marco de Protección de Víctimas de trata de seres humanos, aprobado en 2011, que definió las pautas de comunicación entre las administraciones e instituciones implicadas para favorecer el acceso de las víctimas a los recursos de asistencia y protección, estableciendo pautas de colaboración entre ellas y reconociendo el importante papel de las organizaciones de la sociedad civil que atienden a las víctimas y en las que éstas confían.

Una forma de violencia contra las mujeres

La declaración incide especialmente en la dimensión de género en los casos de trata con fines de explotación sexual, e insta a seguir avanzando a través de la adopción de medidas que garanticen el acceso efectivo de las víctimas a sus derechos. Con esta finalidad se trabaja en el ámbito del Pacto de Estado contra la Violencia de Género -surgido a partir de la aprobación por unanimidad por el Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 15 de noviembre de 2016, de una Proposición no de ley por la que se instaba al Gobierno a promover la suscripción de un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género por el Gobierno de la Nación, las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía y la Federación Española de Municipios y Provincias-, impulsando políticas para la erradicación de la violencia sobre las mujeres como una verdadera política de Estado.

Es precisamente en el contexto del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado por el Congreso de los Diputados el 28 de septiembre de 2017, donde se recoge la elaboración de una Ley integral para combatir la trata con fines de explotación sexual. Además, entre las medidas del Pacto de Estado, se incide en la necesidad de continuar avanzando hacia un mayor conocimiento de la situación de la trata en España, mediante la colaboración entre las distintas administraciones implicadas, a fin de procurar una información estadística más amplia sobre esta forma de violencia contra las mujeres, así como la promoción de investigaciones y estudios que permitan una conocimiento adecuado de esta realidad, favoreciendo la mejora en las actuaciones a llevar a cabo.

Un delito transnacional

España asumirá la presidencia de la 9ª Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, de octubre de 2018 a octubre de 2020, en la que se revisará el Protocolo de Palermo, suscrito en el año 2000 para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres, niñas y niños.

La preocupación de España por las víctimas de la trata de seres humanos y la dimensión transnacional del delito exigen igualmente un análisis de las características de los procesos migratorios actuales, donde las situaciones de emergencia, de conflicto, de pobreza o de persecución, tienen como consecuencia el emprendimiento de un proyecto migratorio o la huida del lugar de origen, para acabar en manos de mafias que aprovechan estas situaciones de vulnerabilidad para comerciar con seres humanos mediante distintas formas de explotación.

Todo ello exige la colaboración con las administraciones implicadas en los procesos de acogida a inmigrantes y solicitantes de protección internacional, para garantizar una capacitación especializada de los profesionales y los mecanismos de coordinación adecuados para detectar y proteger a víctimas o potenciales víctimas de trata.


Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad

OBLIGACIONES DE SERVICIO PÚBLICO AL PRESTADOR DEL SERVICIO POSTAL UNIVERSAL EN LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA DE 2 DE DICIEMBRE DE 2018

Por Decreto 8/2018, de 8 de octubre, de la presidenta de la Junta de Andalucía, de disolución del Parlamento de Andalucía y de convocatoria de elecciones, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del día 9 de octubre, se han convocado elecciones al Parlamento de Andalucía que se celebrarán el 2 de diciembre de 2018.

Resulta, por tanto, necesario llevar a cabo todas las actuaciones precisas para la celebración de este proceso electoral, entre las que se encuentra la atribución de obligaciones de servicio público al prestador del servicio postal universal, la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos.

El artículo 22.5 de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal prevé que: "el Gobierno podrá imponer al operador designado para prestar el servicio postal universal otras obligaciones de servicio público, cuando así lo exijan razones de interés general o de cohesión social o territorial, mejora de la calidad de la educación y protección civil, o sea necesario para salvaguardar el normal desarrollo de los procesos electorales, de conformidad con lo dispuesto en la normativa que regula el régimen electoral general".

La Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, de acuerdo con la disposición adicional primera de dicha ley, tiene la condición de operador designado por el Estado para la prestación de dicho servicio, que se regirá por los principios de equidad, no discriminación, continuidad, buena fe, y adaptación a las necesidades de los usuarios.

Las obligaciones de servicio público objeto del presente acuerdo se refieren, fundamentalmente, al voto por correo de electores residentes en España, de electores residentes ausentes y de electores temporalmente ausentes, del personal embarcado, del personal de las Fuerzas Armadas embarcado o en situaciones excepcionales vinculadas con la defensa nacional, del personal interno en centros penitenciarios, a envíos realizados por la Oficina del Censo Electoral, a la recogida de la documentación electoral en las Mesas y a los envíos postales de propaganda electoral que realicen las candidaturas. Asimismo, se recogen las condiciones concretas para la prestación de los servicios.


Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

ENMIENDAS DE 2016 AL CONVENIO SOBRE LOS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD DE LA GENTE DE MAR

El Consejo de Ministros ha tomado conocimiento de la entrada en vigor de las enmiendas de 2016 a los Anexos I, II y III del Convenio sobre los documentos de identidad de la gente de mar (revisado), 2003.

El Convenio sobre los documentos de identidad de la gente de mar (revisado), 2003, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tiene por objeto proporcionar un método de identificación que mejore la seguridad y libertad de movimientos de la gente de mar, creando una base de datos internacional fiable y que garantice la privacidad. Fue ratificado por España en 2011.

En junio de 2016 la OIT adoptó unas Enmiendas con el fin de actualizar la tecnología que da soporte a los documentos:

  • Se abandona la plantilla de huellas dactilares y se sustituye por la imagen facial a fin de asimilarlo al sistema ya establecido por la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI).
  • Se ajusta a los requisitos obligatorios para los documentos oficiales de viaje de lectura mecánica previstos por la OACI.

La OIT confirmó en abril de 2018 que las enmiendas se encuentran en vigor para España desde el 8 de junio de 2017.


Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

ACUERDO INTERNACIONAL ADMINISTRATIVO DE ADHESIÓN A LA INFRAESTRUCTURA EUROPEA ECRIN-ERIC

El Consejo de Ministros ha tomado conocimiento del Acuerdo Internacional Administrativo por el que España se adhiere a la Infraestructura Europea ECRIN-ERIC.

La Red de infraestructuras Europeas de Investigación Clínica (ECRIN-ERIC) y la Infraestructura Europea Avanzada de Investigación Trasnacional en Medicina (EATRIS-ERIC) son unas infraestructuras internacionales de investigación que se gestionan a través de un Consorcio Europeo de Infraestructuras de Investigación (ERIC).

Las adhesiones de España a ECRIN-ERIC y a EATRIS-ERIC se produjeron en 2013. El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) fue designado como la entidad española encargada del ejercicio de los derechos y las obligaciones específicas que nos corresponden como país afiliado.

El objetivo fundamental de ECRIN-ERIC consiste en facilitar el acceso a pacientes y a conocimientos especializados conjuntos, potenciando de esta forma el desarrollo de procedimientos preventivos, diagnósticos y terapéuticos, dirigidos en especial a las enfermedades raras, la pediatría y los tratamientos personalizados.

EATRIS-ERIC tiene por objetivo fundamental mejorar la investigación biomédica clínica mediante el desarrollo de una infraestructura europea avanzada de investigación transnacional. Asimismo, EATRIS ERIC conecta los más importantes centros europeos de investigación clínica trasnacional, que en el caso de España son 29 institutos de investigación sanitaria ubicados en los principales hospitales españoles.

La participación de España en la iniciativa ECRIN-ERIC se considera muy positiva para nuestro país desde el punto de vista científico, pues la participación en esta plataforma permite alinear las actividades de la iniciativa europea con la plataforma española SCREN ("Spanish Clinical Research Network"). Diferentes organismos de investigación de nuestro país han participado en proyectos impulsados por este ERIC, habiéndose obtenido ya unos retornos superiores a las contribuciones pagadas, que entrarían en riesgo en el caso de que España dejara de formar parte de esta infraestructura. Asimismo, es muy positivo al tratarse de una infraestructura centrada en la prestación de servicios singulares de alta especialización en el ámbito de la investigación clínica transnacional.

La incorporación de España a los consorcios ECRIN-ERIC y EATRIS-ERIC lleva aparejada la obligación de pago de una cuota anual. En un principio los pagos de esas cuotas anuales se tramitaron como contribuciones voluntarias. Sin embargo, tras la entrada en vigor de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, desde el ejercicio 2016 se tuvo que paralizar el pago de ambas cuotas anuales correspondientes a dichas infraestructuras, por entender que dicha Ley alteraba la naturaleza jurídica de las aportaciones económicas de España, pasando de ser contribuciones voluntarias a ser cuotas obligatorias derivadas de un acuerdo internacional administrativo del que España es parte.

El importe de la contribuciones correspondiente al año 2016 es de 336.600 € en el caso de la contribución a ECRIN-ERIC, y de 97.700 € en el caso de la contribución a EATRIS-ERIC.


Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

CONTRIBUCIÓN VOLUNTARIA A LA RED DE ARCHIVOS DIPLOMÁTICOS IBEROAMERICANOS

El Consejo de Ministros ha autorizado el pago de la contribución voluntaria a la Red de Archivos Diplomáticos Iberoamericanos (RADI) por importe de 10.000 dólares estadounidenses.

La Red de Archivos Diplomáticos Iberoamericanos (RADI) es un Programa de la Cumbre Iberoamericana de presidentes y jefes de Estado. Se constituyó en el año 2006, adaptándose al Manual Operativo de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).

El marco jurídico e institucional de la Cooperación Iberoamericana es el Convenio de Bariloche, que cuenta con un Manual Operativo cuya última versión fue aprobada en la XX Cumbre Iberoamericana de Mar del Plata (2010). Al mismo tiempo, el Manual Operativo de los Programas, Iniciativas y Proyectos Adscritos a la Cooperación Iberoamericana, aprobado en la XXV Cumbre Iberoamericana de Cartagena de Indias (2016), hace referencia exclusiva a los Programas, Iniciativas y Proyectos Adscritos a la Cooperación Iberoamericana aprobados en el Convenio de Bariloche.

La Red está integrada por los representantes de los Archivos Diplomáticos de: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Se encuentran entre sus objetivos: reforzar la identidad e importancia de los archivos como fuente histórica, modernizar la administración de los acervos documentales, incentivar la investigación sobe las relaciones internacionales de Iberoamérica, promover la cooperación o la capacitación del personal responsable de los archivos.

Su financiación se realiza a partir de las contribuciones de sus miembros. La cuota mínima establecida para todos los participantes es de 7.000 dólares estadounidenses, siendo voluntaria cualquier aportación que exceda dicha cantidad. Dado que España no ha abonado ninguna anualidad, y, dado el interés del Programa para los objetivos estratégicos del Departamento, en el Presupuesto de gasto del MAUC-SGT se recoge una previsión de aportación total de 10.000 dólares estadounidenses con destino a este Programa. Esta aportación voluntaria a la Red correspondiente al ejercicio 2018, se realiza a través de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).


Defensa

AUTORIZADA LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO PLURIANUAL DE FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE EQUIPO BÁSICO, EQUIPO DE COMBATE, UNIFORMIDAD DE CONDUCTORES Y UNIFORMIDAD DE TRABAJO

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del contrato plurianual de fabricación y distribución, mediante el sistema personalizado vía Internet, pedidos extraordinarios o bien sistema tradicional, de artículos correspondientes al equipo básico, equipo de combate, uniformidad de conductores y uniformidad de trabajo, por un valor estimado de 131.404.958,70 euros.

El contrato plurianual autorizado es necesario para reponer al personal del Ejército de Tierra, los artículos incluidos en el equipo básico, el equipo de combate y de las prendas incluidas en la uniformidad de trabajo, para el ejercicio de sus funciones.

Estas prendas son las utilizadas reglamentariamente tanto en Territorio Nacional como en operaciones de mantenimiento de la paz. A su vez, por ser el Ejército de Tierra, ejército líder en vestuario, atenderá a través de dicho contrato a las necesidades de la Armada, Ejército del Aire y personal de los Cuerpos Comunes en los términos que a cada uno correspondiere.

De igual forma, los artículos incluidos en el presente contrato plurianual (equipos básicos con sus correspondientes módulos textiles y módulos de calzado) son necesarios para atender las nuevas incorporaciones de personal en las academias y centros de formación, que se producen anualmente, de acuerdo con la oferta pública de empleo correspondiente.

El plazo de ejecución del contrato comienza el 1 de enero de 2020, comprende las anualidades 2020 a 2022, y es susceptible de prórroga por dos años más.


Defensa

AUTORIZADA LA CELEBRACIÓN DEL ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE MUNICIÓN DE MORTERO

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración de un acuerdo marco para la adquisición de munición de mortero para el Ejército de Tierra, por un valor estimado de 21.052.700, 00 euros.

El Ejército de Tierra dispone en dotación en las Unidades de Infantería y Caballería, de Morteros de 60, 81 y 122 mm, como un sistema de vital importancia para el apoyo a las Unidades. Se trata de un arma que se emplea con frecuencia durante la realización de ejercicios tácticos incluidos en los Planes Generales de Instrucción y Adiestramiento.

Por otra parte, para la realización de los ejercicios tácticos en territorio nacional, durante la fase de preparación previa a su proyección, y los ejercicios de instrucción en zona de operaciones, se emplean los disparos subcalibrados de 25 mm para mortero con el fin de disminuir los costes, manteniendo el nivel de instrucción del personal de las Unidades.

Teniendo en cuenta las previsiones de consumo de munición de mortero elaborado por el Estado Mayor del Ejército, así como las cifras de años anteriores en cantidades similares, se observa un consumo recurrente de este tipo de munición, que sugiere la figura del acuerdo marco como mejor forma de obtener las citadas municiones.

El plazo de duración del acuerdo marco es de 3 años (2019 a 2021), susceptible de prórroga por 2 años.


Hacienda

AUTORIZADA LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA A REFINANCIAR A LARGO PLAZO OPERACIONES DE CRÉDITO A CORTO PLAZO POR UN MÁXIMO DE 2.773 MILLONES DE EUROS

El Consejo de Ministros ha autorizado a la Comunidad Autónoma de Cataluña a formalizar operaciones de deuda a largo plazo por un importe máximo de 2.773,63 millones de euros. Esta operación tiene como finalidad refinanciar operaciones de crédito a corto plazo de carácter estructural, según el procedimiento que se acordó por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) en su reunión de 26 de julio de 2018.

En concreto, la CDGAE aprobó el 26 de julio de 2018 un acuerdo para mejorar la situación financiera de las Comunidades Autónomas. La medida permite la refinanciación de operaciones de crédito a corto plazo de carácter estructural de las Comunidades Autónomas mediante endeudamiento a largo plazo.

De este acuerdo pueden beneficiarse todas las CCAA que tengan este tipo de deuda a corto plazo. Constituye una medida de saneamiento de su deuda, dentro de la política y estrategia del Gobierno de revitalizar la situación financiera de las Comunidades, al permitir que puedan definir el calendario de vencimiento de su deuda de forma más eficaz.

Con el fin de fortalecer la situación financiera de las Comunidades Autónomas afectadas por esta circunstancia, el Gobierno considera conveniente establecer el procedimiento para refinanciar a largo plazo operaciones de crédito a corto plazo con naturaleza estructural, de forma que el vencimiento de las nuevas operaciones se adapte a la naturaleza y al plazo de las necesidades que financian.

La operación de refinanciación autorizada hoy necesita Acuerdo del Consejo de Ministros, debido a que la Comunidad autónoma de Cataluña está en el Fondo de Liquidez Autonómica, según el informe elevado al Gobierno en virtud del artículo 17.3 de la LOEPSF.

Las operaciones autorizadas no supondrán un aumento del endeudamiento financiero de la Comunidad Autónoma de Cataluña al final del ejercicio. Tampoco supone un aumento del endeudamiento de la Generalitat con el Estado, ya que los actuales Bancos acreedores seguirán siéndolo.

Hacienda

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS Y APLICACIONES DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA AGENCIA TRIBUTARIA

El Consejo de Ministros ha autorizado la contratación de servicios de desarrollo y mantenimiento de los sistemas y aplicaciones del Departamento de Informática Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, dividido en ocho lotes, a los efectos de su entrada en vigor a partir de 22 de diciembre de 2018, o desde la formalización si es posterior.

El expediente seguirá el sistema de procedimiento abierto y tiene un presupuesto base de licitación de 14.112.366,40 euros, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y un valor estimado del contrato de 33.869.679,36 euros. El plazo de duración del contrato es de 24 meses, con posibilidad de prórroga por un máximo de dos años.

La citada contratación abarcará todos los ámbitos de la Agencia Tributaria, especialmente Gestión Tributaria, Inspección Financiera y Tributaria, Aduanas e Impuestos Especiales, Gestión Económica, Servicio Jurídico y Recursos Humanos, permitiendo llevar a cabo el debido sustento en el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones y sistemas para la consecución de los objetivos de la Agencia Tributaria.


Hacienda

PRESENTADO EL ANTEPROYECTO DE LEY CONTRA EL FRAUDE FISCAL PARA COMBATIR LAS NUEVAS FORMAS DE EVASIÓN
  • Contempla la actualización de la lista de paraísos fiscales, refuerza el control fiscal sobre el mercado de criptodivisas y prohíbe por ley las amnistías tributarias
  • Con la nueva normativa quedará prohibida la producción, tenencia o comercialización de los "software" de doble uso que permiten a las empresas ocultar parte de su actividad
  • El Gobierno también informa los anteproyectos de Ley sobre los impuestos de Servicios Digitales y de Transacciones Financieras

El Consejo de Ministros ha informado el anteproyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, que incluye un amplio abanico de cambios regulatorios dirigidos a asentar parámetros de justicia tributaria y facilitar las actuaciones tendentes a prevenir y luchar contra el fraude. Igualmente, el Consejo ha informado los anteproyectos de Ley sobre la creación del Impuesto sobre las Transacciones Financieras y del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales.

La lucha contra el fraude fiscal es un pilar de la política tributaria del Gobierno. Por ello, se van a combatir los nuevos modos y fórmulas de fraude fiscal. Además, el Gobierno va a luchar contra los comportamientos inadecuados de grandes empresas multinacionales y quiere evitar la planificación fiscal abusiva. Además, el Gobierno quiere modernizar el modelo económico y conseguir un sistema fiscal más redistributivo y justo.

El anteproyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal contiene modificaciones de diversas normas y figuras tributarias existentes, tanto para incorporar el Derecho comunitario al ordenamiento interno como para reforzar la lucha contra la elusión fiscal compleja y la economía sumergida.

Control de las criptodivisas

Entre las medidas contempladas, este anteproyecto de Ley establece nuevas obligaciones para obtener información sobre la tenencia y operaciones con monedas virtuales, tanto situadas en España como en el extranjero si afecta a contribuyentes españoles.

Así, se exigirá información sobre saldos y titulares de las monedas en custodia. Además, se establece la obligación de suministrar información sobre las operaciones con criptomonedas (adquisición, transmisión, permuta, transferencia). También se establece la obligación de informar en el modelo 720 de declaraciones de bienes y derechos en el exterior sobre la tenencia de monedas virtuales situadas en el extranjero.

Prohibición del 'software de ocultación de ventas'

También, con el objetivo de no permitir la producción y tenencia de programas y sistemas informáticos que permitan la manipulación de datos contables y de gestión, este anteproyecto establece la prohibición del denominado 'software de ocultación de ventas', esto es, programas informáticos que permiten la manipulación de la contabilidad.

El anteproyecto exige que los sistemas informáticos o electrónicos que soporten procesos contables o de gestión empresarial se ajusten a ciertos requisitos que garanticen la integridad, conservación, trazabilidad e inviolabilidad de los registros de operaciones. Habilita además la posibilidad de someterlos a certificación por vía reglamentaria y se establece un régimen sancionador específico en los casos de fabricación de estos dispositivos o su tenencia sin la adecuada certificación.

Prohibición de amnistías

Otra medida que contempla este anteproyecto de Ley es la prohibición por ley de amnistías fiscales, es decir, la prohibición de instrumentos extraordinarios de regularización fiscal, impidiendo que haya beneficios tributarios injustificados que suponga una quiebra del deber de contribuir al sostenimiento de gastos del Estado. Esta medida afectará a grandes fortunas y grandes contribuyentes.

Lucha contra los paraísos fiscales

Este anteproyecto de Ley contempla además la actualización y ampliación del concepto de paraíso fiscal, atendiendo a criterios de equidad fiscal y transparencia. Además, se habilitará al Gobierno para actualizar la lista de paraísos. De esta forma, se incluirán, además de países y territorios como ocurría hasta ahora, regímenes fiscales perjudiciales que faciliten el fraude fiscal.

Asimismo, se incorporarán nuevos motivos para la inclusión en dicha lista de paraísos, como territorios donde exista una baja o nula tributación (hasta ahora sólo se incluía el concepto de nula tributación), territorios donde haya opacidad y falta de transparencia, al no existir un efectivo intercambio de información tributaria con España sobre el titular real de los bienes o derechos; o que se faciliten instrumentos que permiten atraer beneficios sin una actividad económica real en el país.

La lista de paraísos fiscales deberá ser actualizada periódicamente, con un enfoque dinámico.

Endurecimiento de la limitación en efectivo

Otra medida que se contempla en el anteproyecto de Ley es la limitación del pago en efectivo para determinadas operaciones económicas, que pasará de 2.500 a 1.000 euros para el supuesto de operaciones entre empresarios. No obstante, se mantiene el límite de 2.500 euros para los pagos realizados entre particulares, para evitar el impacto de la modificación en las economías domésticas.

Además, se disminuye el límite de pago en efectivo de 15.000 a 10.000 euros en el caso de particulares con domicilio fiscal fuera de España.

Ello persigue endurecer el régimen para restringir estas operaciones que, al ser en efectivo, son más difícilmente rastreables y pueden facilitar comportamientos defraudatorios. La modificación de la limitación de los pagos en efectivo se cuantifica en 218 millones de euros.

Ampliación de la lista de morosos

A su vez, se va a introducir modificaciones en el régimen de la lista de morosos, para fomentar el ingreso de deudas por parte de los grandes deudores con la Hacienda Pública. De esta forma, el umbral de deuda que conlleva a la inclusión en la lista baja de un millón a 600.000 euros, una disminución que pretende intensificar el pago de la deuda tributaria.

Asimismo, se incluyen, además de los deudores principales, a los responsables solidarios, de manera que el reproche que implica la aparición en el listado alcance en mayor medida a los verdaderos responsables de las deudas.

La ampliación del listado de deudores se ha evaluado en 110 millones de euros.

Normas antielusión

Entre otras medidas que contempla este anteproyecto de Ley se encuentra la transposición de la directiva europea antielusión fiscal, conocida como ATAD, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal, que inciden directamente en el mercado interior.

Ello, en el caso de España, implica el fortalecimiento del régimen de Transparencia Fiscal Internacional (TFI) y de la denominada Imposición de Salida ('Exit Tax') para reforzar la tributación en España de rentas que se venían localizando en territorios de baja fiscalidad, y así evitar su deslocalización, y para asegurar que las empresas que se trasladen a otro país no dejen de tributar por bases imponibles que legalmente deben quedar gravadas en España.

Con la 'Exit Tax' se pretende garantizar que, cuando una empresa traslade sus activos o su residencia fiscal fuera del Estado, dicho Estado grave el valor económico de cualquier plusvalía creada en su territorio, aun cuando la plusvalía en cuestión todavía no se haya realizado en el momento de dicho traslado de activos. Así se consigue que tributen en España las plusvalías generadas cuando una sociedad traslada su residencia fiscal al extranjero.

Además, este anteproyecto de Ley contempla medidas para aligerar el volumen de litigiosidad con los contribuyentes y fomentar el pago voluntario. Se introducen cambios en el régimen de reducciones aplicable a las sanciones tributarias y en el régimen de recargos para lograr una mayor simplificación, favorecer el ingreso voluntario y la disminución de dicha litigiosidad.

Incluye asimismo medidas para reforzar el control de los operadores del juego, que deberán colaborar en la lucha contra el fraude, y se combatirá el fraude en las actividades de juego, incluido el fraude que se puede producir en las apuestas deportivas.

Todas estas medidas en su conjunto permitirán unos ingresos de 828 millones de euros.

La ministra de Hacienda ha resaltado que además ya se está trabajando para reforzar la lucha contra el fraude mediante medidas que no necesitan una tramitación legislativa.

En concreto, la Agencia Tributaria va a crear una unidad de control de grandes patrimonios. También se está mejorando las herramientas de análisis de riesgo en la Agencia Tributaria, la obtención de información en fuentes abiertas o el big data.

Impuesto sobre Transacciones Financieras

El Consejo de Ministros también ha informado el anteproyecto de Ley que crea el Impuesto sobre Transacciones Financieras para reforzar el principio de equidad del sistema tributario y para contribuir al objetivo de consolidación de las finanzas públicas.

Desde 2013, diez países de la UE están trabajando para la creación de este impuesto común en la Unión. Se considera oportuno establecer a nivel nacional este impuesto, pero sin abandonar el objetivo de establecer un gravamen armonizado a nivel europeo.

La configuración de este impuesto sigue la línea adoptada por países del entorno, como Francia o Italia, lo que contribuye a una mayor coordinación de estos gravámenes en el ámbito europeo.

Se trata de un impuesto indirecto que grava con un 0,2% las operaciones de adquisición de acciones de sociedades españolas, con independencia de la residencia de los agentes que intervengan en las operaciones, siempre que sean empresas cotizadas y que el valor de capitalización bursátil de la sociedad sea superior a los 1.000 millones de euros. El sujeto pasivo es el intermediario financiero que transmita o ejecute la orden de adquisición.

Estas operaciones que se someten a tributación no se encontraban sujetas a ningún impuesto en el ámbito de la imposición indirecta, por lo que el establecimiento de este impuesto supone un importante avance en términos de equidad tributaria.

Entre las adquisiciones que estarán exentas de dicho gravamen, destacan operaciones del mercado primario, las necesarias para el funcionamiento de infraestructuras del mercado, las de reestructuración empresarial, las que se realicen entre sociedades del mismo grupo y las cesiones de carácter temporal.

Este nuevo gravamen tendrá un impacto recaudatorio de 850 millones de euros, que se destinarán a financiar las pensiones y el sistema de protección de la Seguridad Social. Los sujetos pasivos deberán presentar una declaración anual del impuesto.

Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales

El Consejo de Ministros también ha informado el anteproyecto de Ley por el que se crea el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, que se enmarca en la reforma fiscal emprendida para adaptar la tributación a los nuevos modelos de negocio digital y adecuarlo a la economía del siglo XXI.

Este anteproyecto de Ley va en línea con la directiva comunitaria propuesta el pasado de mes de marzo para gravar esos servicios digitales, de forma que España será el primer país de la UE que se adapta a la estructura prevista por esta propuesta de directiva.

El objetivo de este gravamen de carácter indirecto es propiciar que las empresas tributen allí donde generan beneficios.

Este impuesto, de carácter indirecto, contempla gravar servicios digitales en los que hay una contribución esencial de los usuarios en el proceso de creación de valor de la empresa que presta esos servicios, y a través de los cuales la empresa monetiza esas contribuciones de los usuarios.

De esta forma, el impuesto supone no gravar los beneficios, sino el valor incorporado a los servicios que se prestan. La recaudación estimada es de 1.200 millones de euros y su liquidación tendrá una periodicidad trimestral.

Este gravamen se crea porque hay ingresos obtenidos en España por grandes empresas internacionales a partir de ciertas actividades digitales que escapan al actual marco fiscal.

Las empresas objeto de este impuesto serán aquellas con un importe neto de su cifra de negocios superior a los 750 millones de euros a nivel mundial y cuyos ingresos derivados de los servicios digitales afectados por el impuesto superen los tres millones de euros en España. Estos umbrales ayudan a garantizar que sólo se grave a las grandes empresas y que las pymes no sean gravadas por este impuesto.

El impuesto se limita a gravar la prestación de servicios de publicidad en línea; servicios de intermediación en línea; y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario.

Por tanto, se gravará la publicidad on line; las plataformas e intermediarias digitales que permitan a los usuarios localizar a otros usuarios e interactuar para prestar un servicio o entrega de bienes; y los ingresos por transmisión de datos recopilados acerca de los usuarios generados por la información ofrecida durante su actividad en la plataforma o la venta de metadatos.

Quedan excluidas la venta de bienes o servicios entre los usuarios en el marco de un servicio de intermediación en línea; y las ventas de bienes o servicios contratados en línea a través de la web del proveedor de esos bienes o servicios en la que el proveedor no actúa como intermediario. Además, se excluyen del impuesto determinados servicios financieros.

El tipo impositivo que se aplicará será del tres por ciento, en línea con la propuesta de la Comisión Europea, y se establece que, para poder aplicar el impuesto, el usuario de dichos servicios esté situado en territorio español.

(ANTEPROYECTOS FRAUDE SERVICIOS DIGITALES E ITF)


Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

AUTORIZADO EL SEPE AL PAGO DE PROGRAMAS INTERNACIONALES POR UN IMPORTE DE 29.500 EUROS

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se autoriza al Servicio Público de Empleo Estatal el pago a diversos programas internacionales de las cuotas correspondientes al ejercicio 2018, por un importe total de 29.500 euros.

La pertenencia de España como miembro de pleno derecho a través del Servicio Público de Empleo Estatal, a los programas internacionales "Asociación Mundial de Servicios Públicos de Empleo (AMSPE) y al "Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional, (CINTERFOR)," requiere el abono anual de cuotas con cargo al presupuesto de este organismo que, en el presente ejercicio 2018, ascienden a 15.000 y 14.500 euros respectivamente.


Industria, Comercio y Turismo

SUBVENCIÓN DE 15 MILLONES DE EUROS A CANARIAS PARA REHABILITACIÓN TURÍSTICA

El Consejo de Ministros ha autorizado la concesión por parte del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de una subvención por importe de 15 millones de euros a la Comunidad Autónoma de las Islas Canarias para la rehabilitación de infraestructuras y equipamiento en zonas turísticas. Esta subvención nominativa está prevista por la Ley 6/2018 de 3 de julio de Presupuestos Generales del Estado para 2018.

El convenio incluye un total de 33 actuaciones en destinos turísticos de todas las islas que componen el archipiélago y será firmado a primeros de noviembre por la ministra de Industria, Comercio y Turismo. El Convenio tiene el objetivo de mantener la competitividad renovando y modernizando las infraestructuras de los principales destinos y enclaves, creando espacios eficientes, accesibles, estéticos y respetuosos con el entorno medioambiental.

La distribución económica se llevará a cabo de la siguiente forma: Tenerife, 4.600.000 euros; Gran Canaria, 3.900.000 de euros; Lanzarote, 2.500.000 euros; Fuerteventura, 2.000.000 euros; La Palma, 850.000 euros; La Gomera, 650.000 euros, y El Hierro, 500.000 euros.

Canarias representa el 16% del turismo español, con casi 13 millones de turistas en 2017. El turismo extranjero en el archipiélago supuso un gasto de 16.780 millones de euros (un 11,4% más que el año anterior) siendo la segunda Comunidad, tras Cataluña, con más gasto acumulado (18,5% del total nacional).

El Convenio muestra la colaboración entre las Administraciones para mejorar la calidad de los servicios turísticos públicos y seguir apoyando al tejido empresarial que opera en un sector cuyo peso en la economía canaria se ha incrementado de manera continuada desde 2010, alcanzando en 2017 un 35,2% del total del PIB autonómico.


Política Territorial y Función Pública

CONTRIBUCIÓN VOLUNTARIA DE ESPAÑA A LA ALIANZA PARA EL GOBIERNO ABIERTO

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se aprueba una contribución voluntaria, por un importe de 86.206,90 euros a la Alianza para el Gobierno Abierto. España forma parte de la Alianza para el Gobierno Abierto desde el año de su creación en 2011.

La Alianza cuenta con 75 países participantes y busca que, de manera sostenida, los gobiernos sean más transparentes, rindan cuentas y mejoren la capacidad de respuesta hacia sus ciudadanos, con el objetivo de mejorar la calidad del gobierno, así como la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos.

La pertenencia a la Alianza permite la participación de España en compromisos, foros y eventos internacionales relacionados con Gobierno Abierto a nivel mundial, la posibilidad de tener derecho a voto y formar parte del Comité de Dirección, con una mayor presencia, capacidad de influencia y peso de nuestro país en la Institución de referencia a nivel internacional, así como expresar la clara apuesta de nuestro ejecutivo por un Gobierno Abierto en sus vertientes principales: transparencia, participación y rendición de cuentas.


Transición Ecológica

OBRAS DE EMERGENCIA PARA PALIAR LOS DAÑOS CAUSADOS POR EL TEMPORAL EN LOS CANALES PERIMETRALES DEL MUNICIPIO DE BEAS DE SEGURA, JAÉN

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, ha tomado razón de la declaración de emergencia para la contratación de las obras destinadas a paliar los daños causados por temporal en los canales perimetrales de Beas, en el término municipal de Beas de Segura, Jaén, por un importe de 1.500.400 euros.

Las intensas precipitaciones producidas a primeros de septiembre dieron lugar a altísimos caudales circulantes por las laderas que conforman el valle, causando aterramientos y daños en los canales perimetrales de Beas de Segura y, en consecuencia, que las aguas discurrieran hacia las calles del núcleo urbano.

Con objeto de paliar lo antes posible los daños causados, la Confederación Hidrológica del Guadalquivir, mediante resolución del presidente, declaró de emergencia las obras, el pasado 21 de septiembre.

En el conjunto de actuaciones, iniciadas esta semana y con un plazo de ejecución previsto de 6 meses, se encuentran la reconstrucción íntegra de la rápida final del Arroyo Valparaíso, la limpieza de todos los canales, la reconstrucción de las laderas erosionadas, la reparación y refuerzo de juntas de dilatación, pasos y estructuras, así como el tratamiento de los terrenos colindantes para canalizar escorrentías, la reposición de cerramientos, barreras y barandillas que garantizan la seguridad de la población de Beas y la reconstrucción de accesos, caminos de servicios, escolleras de protección y otros elementos que permitan el mantenimiento futuro de los canales.

Además, se acondicionará el tramo rústico de los cauces originales, entre los canales y las edificaciones urbanas, y se completarán y reconstruirán los elementos que forman parte de la corrección hidrológica original de la cuenca y de los distintos arroyos que convergen en los canales.

Corrección hidrológica y protección frente a inundaciones

La población de Beas de Segura se asienta en un encajado valle del río Beas, en las laderas de las estribaciones que lo conforman. En los años 50, y dentro del Plan Jaén, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ejecutó obras de corrección hidrológica y protección frente a inundaciones, a la vista de las muertes y daños que un proceso tormentoso causó en la población.

Esas obras consistieron en una corrección hidrológica de los arroyos que convergían en el casco urbano de Beas (uno por la margen izquierda y tres por la derecha); la ejecución de sendos canales perimetrales, uno por cada margen, al casco urbano que interceptaban los referidos arroyos para canalizar sus aguas, en momentos de avenidas, hacia el río Beas, aguas abajo del casco urbano. De esta manera se libera de exceso de agua al río, en su tramo urbano, al mismo tiempo de encauzarlo a su paso por la zona poblada.


Cultura y Deporte

CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES DEL INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES

El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Cultura y Deporte, ha acordado autorizar al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) el pago de las siguientes contribuciones voluntarias a organismos en los que participa:

  • Pago de la contribución anual y la participación en las distintas actividades programadas por la European Film Promotion (EFP) por importe de 4.100 €. La EFP es una red internacional compuesta por instituciones y/u organizaciones que se dedican a promocionar el cine europeo por todo el mundo.
  • Pago de la contribución anual a la European Film Agency Directors (EFADS) por importe de 2.000 € y otros 2.000 € adicionales destinados al premio EFADs-CAACI de Coproducción Europa-América Latina. Esta asociación reúne a los Directores de Agencias de Cine europeas de los 28 estados miembros de la Unión Europea más Islandia, Noruega y Suiza.
  • Pago de la contribución anual a la Federación Internacional de Archivos Fílmicos (FIAF) por importe de 3.050 €. La FIAF es la asociación de archivos de cine más importante del mundo, cuyo objetivo principal es conservar y exhibir las películas. Con sede en Bruselas, reúne a instituciones empeñadas en la preservación de películas consideradas tanto obras de arte como documentos históricos.

Todas las contribuciones se realizarán con cargo a los presupuestos del propio Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.


Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo que autoriza la celebración del contrato del servicio de mantenimiento de los equipos microinformáticos de la Seguridad Social por un periodo de dos años, por un valor estimado de 17.298.422,99 euros.

Se incluye en este expediente equipamiento microinformático de diversa naturaleza y distintos fabricantes y la dotación y reposición del material fungible necesario para cada tipo y modelo de impresoras y escáneres. El equipamiento está instalado fundamentalmente en los Servicios Centrales de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social y en sus direcciones provinciales y unidades periféricas, así como en el resto de organismos.


BIOGRAFÍAS

Presidencia del Gobierno

Directora de la Oficina del Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil.-

Dª SANDRA LEÓN ALFONSO

Senior lecturer de Ciencia Política en la Universidad de York, Reino Unido, de 2013 a 2018. Doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Madrid y el Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones. Máster en Ciencias Sociales por el Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones.

Fue estudiante visitante predoctoral en la Universidad de Harvard e investigadora postdoctoral en la Escola Galega de Administración Pública y en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. En esos centros desarrolló distintas investigaciones sobre federalismo, relaciones intergubernamentales y cooperación sectorial en el Estado Autonómico, financiación autonómica, partidos políticos y opinión pública. Su tesis doctoral fue premiada con el I Premio Vilaseca i Marcet. También ha sido docente en la Universidad Complutense de Madrid y en la George Washington University (campus de Madrid) e impartido docencia de posgrado en centros de investigación españoles y extranjeros

Ha liderado varios proyectos de investigación y colaborado en distintas redes académicas internacionales. Ha participado en numerosas conferencias en centros de excelencia como Stanford University, University of Mannheim, University College de Londres, London School of Economics o Chatham House. Ha sido asesora externa del Parlamento Escocés, del think tank Local Government Information Unit y de la ONG Forum of Federations y ha colaborado con la Fundación Alternativas.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Embajador de España en la República de Corea.-

D. JUAN IGNACIO MORRO VILLACIÁN

Nació en Valladolid. Es Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid y miembro de la Carrera Diplomática española desde 1992.

Ha estado destinado previamente en las Embajadas de España en Seúl (1994-97), Moscú (1997-2000), como cónsul de España en Ginebra (2000-03), así como en la Representación Permanente de España ante las Naciones Unidas en Nueva York (2005-10) y en la Embajada de España en Pekín (2010-14). En los Servicios Centrales del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, trabajó en la entonces Dirección General de África y Oriente Medio (1992-94), en el Gabinete del secretario de Estado para la UE (2003-04), fue jefe de Gabinete del subsecretario (2004-05), y más recientemente subdirector general de No Proliferación y Desarme (2014-17) y director general de Naciones Unidas y Derechos Humanos (2017-18). Condecorado con la Encomienda de la Orden de Isabel la Católica.

Embajador de España en la República Árabe de Egipto.-

D. RAMÓN GIL-CASARES SATRÚSTEGUI

Nacido el 26 de octubre de 1953, Ramón Gil-Casares es licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras, por la Universidad Complutense de Madrid y posee el Diploma de Estudios Internacionales de la Escuela Diplomática.

Ha sido director de la Escuela Diplomática desde julio 2017. Ha ocupado el cargo de embajador de España en los siguientes países: Estados Unidos de América, Sudán y la República de Sudáfrica y ha estado destinado en las Embajadas en Guinea Ecuatorial y Uruguay y los Consulados Generales de Manila y Nueva York. También ha sido secretario de Estado de Asuntos Exteriores, director del Departamento Internacional y de Seguridad del Gabinete del presidente del Gobierno y vocal asesor en Dirección General de Política Exterior para África. Así mismo ha trabajado en la Agencia Española de Cooperación Internacional y en el "German Marshall Fund" de los Estados Unidos.

Embajador de España en Japón.-

D. JORGE TOLEDO ALBIÑANA

Ingresó en la Carrera Diplomática en 1989. Después de estar destinado en el Gabinete del ministro hasta 1991, estuvo destinado en la Embajada de España en la India como consejero económico y comercial hasta 1995 y en la Embajada de España en Japón como primer secretario. De 1999 hasta 2008 ocupó diversos puestos relacionados con la UE en Presidencia del Gobierno y la Secretaría de Estado para la UE. En 2008 fue nombrado embajador de España en Senegal. De 2012 a 2016 fue director del Departamento de Asuntos Europeos y G20 en el Gabinete del presidente del Gobierno. En diciembre de 2016 fue nombrado secretario de Estado para la UE, y después secretario de Estado de Asuntos Europeos en julio de 2017.

Economía y Empresa

Presidente del Instituto Nacional de Estadística.-

D. JUAN MANUEL RODRÍGUEZ POO

Nacido en 1964, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad del País Vasco y doctor en Economía por la Universidad Católica de Lovaina.

Es catedrático de Econometría en la Universidad de Cantabria desde 2005 y antes lo fue en la de Zaragoza. Entre 2004 y 2011 dirigió el Instituto Cántabro de Estadística.


Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Secretario general técnico.-

D. CARLOS HERNÁNDEZ CLAVERIE

Nacido en Madrid en 1964. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Funcionario de carrera del Cuerpo de Letrados de la Administración de la Seguridad Social y del Cuerpo de Letrados de la Comunidad de Madrid. Ha prestado servicios como letrado en la Tesorería General de la Seguridad Social y en el Instituto Nacional de la Salud. Ha sido subdirector general de Asistencia Jurídica de la Seguridad Social en el Ministerio de Trabajo y letrado jefe del Servicio Madrileño de Salud y de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Hasta ahora ocupaba el puesto de letrado jefe de lo Contencioso-Administrativo de la Comunidad de Madrid.

Director general de Consumo.-

D. NELSON CASTRO GIL

Nacido en 1956, es licenciado en Sociología. Entre otros puestos ha desempeñado el de subdirector general de coordinación, calidad y cooperación en consumo y el de jefe de división de calidad y protección al usuario en la Agencia Estatal de Seguridad Aeréa.

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